Rammses Ulises Alonso Guzmán

Expediente 537/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
537/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Rammses Ulises Alonso Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 537/2023, promovido por Rammses Ulises Alonso Guzmán contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos, con residencia en esta ciudad; y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rammses Ulises Alonso Guzmán, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos."La denegación de justicia, al no dictar, darme a conocer y en consecuencia notificarme la resolución en forma de laudo." SEGUNDO. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 537/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 01/403/2012-JE2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que acompañó al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del Juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte que el veinte de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, dictó laudo, y el veintiséis de abril siguiente, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, aquí quejosa, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/403/2012-JE2. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la omisión de la autoridad señalada como responsable de dictar laudo y notificarlo, en los autos del juicio laboral 01/403/2012-JE2; así, con las actuaciones señaladas en los párrafos que anteceden, la omisión reclamada quedó superada, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener efectos al pronunciarse sobre su admisión, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que el veinte de abril de la anualidad, la autoridad responsable dictó laudo, y el veintiséis de abril siguiente, notificó personalmente dicha determinación a la parte actora, ello dentro de los autos del juicio laboral 01/403/2012-JE2. Por tanto, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y en consecuencia, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tiene por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Wendy Karina Velázquez Perdomo, Directora General Jurídico de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual da contestación al requerimiento formulado en auto de diez de abril del año en curso, manifestando que la misma carece de facultades para disponer de recursos económicos para dotarlos a los municipios, ya que sus funciones son únicamente de fiscalización a los diferentes poderes del Estado. Por lo que se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y atendiendo a su contenido se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto todas las autoridades vinculadas por auto de diez de abril del dos mil veintitrés, den respuesta y así proveer lo conducente atendiendo a lo informado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, por licencia de carácter personal concedida a Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de jueza, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio 1566/2023 firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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