Ramiro Valenzuela Lizarraga
Expediente 608/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramiro Valenzuela Lizarraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintiocho de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio signado por el Director del Centro Penitenciario Aguaruto, mediante el cual rinde informe justificado; virtud que por auto de veintiocho de junio pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.
- Principal
Agréguense a los autos los informes rendidos por el Juez adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencia Jurídicas del Delito, Director del Centro Penitenciario Aguaruto, Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, todos del Estado de Sinaloa, de los que se advierte que el veintiséis de los cursantes, el aquí quejoso Ramiro Valenzuela Lizárraga obtuvo su libertad en la causa penal 504/2018. Asimismo, glósese al sumario el escrito signado por el defensor público del quejoso, en el que manifiesta que el veintiséis de junio pasado, el juez de la causa ordenó la inmediata libertad de su representado. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado la privación de la libertad, con motivo del exceso en el cumplimiento de la pena de prisión de ocho meses impuesta en sentencia dentro del procedimiento abreviado el ocho de mayo de dos mil diecinueve. Por su parte, el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal y Director del Centro Penitenciario Aguaruto, ambos del Estado de Sinaloa, informaron que el veintiséis de los cursantes el aquí quejoso obtuvo su libertad en la causa penal 504/2018, por lo que se ordenó su inmediata liberación en lo que respecta a dicho juicio. Circunstancia que se corrobora con las manifestaciones vertidas por el defensor público del quejoso en el escrito de cuenta, así como con las copias certificadas de los oficios 6314/2019 y 2100/2019 allegados con la promoción 9268, documentales que por ser públicas en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merecen eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202, de las que se desprende que se tuvo por cumplida la pena establecida en la causa penal 504/2018 y se ordenó la liberación del aquí quejoso en relación a dicho sumario. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de las causas de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de veinticinco de junio del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con cuarenta minutos de veinticinco de julio de la presente anualidad Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercero interesado Nathanael Chávez Canizales.- I. Quejoso. Ramiro Valenzuela Lizárraga, por conducto de su defensor público licenciado Gilberto Gastélum Serrano. II. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Trámite urgente. En el capítulo de autoridades responsables, el promovente señala como tales a distintas autoridades, reclama la privación de la libertad, vejaciones, malos tratos y afectación a la dignidad humana de que es objeto Ramiro Valenzuela Lizarraga, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 125 de la Ley de Amparo se decreta la suspensión de plano para el efecto que cesen las vejaciones, malos tratos y afectación a la dignidad humana de que es objeto Ramiro Valenzuela Lizárraga y cualquier actos de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. De igual forma, se concede la suspensión para efecto que el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro del Estado, y en su caso, el Juez Primero de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Estado, resuelvan en torno si está o no cumplida la pena de prisión impuesta al quejoso en la causa penal de origen y, por ende, provean lo conducente. VII. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional. VIII. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciban el oficio en que se les solicita, para lo cual, en su caso deberán remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibidas que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. XI. Terceros interesados. Se les reconoce el carácter de terceros interesados a Johana Galindo Espinoza y Nathanael Chávez Canizales, en tal virtud, proceda el Actuario adscrito a emplazarlos a juicio en el domicilio señalado para tal efecto, debiéndoles correr traslado a cada uno con copia simple de la demanda de amparo; además, deberá requerirlos para que en el plazo de tres días legalmente computados señalen domicilio procesal en esta ciudad, bajo el apercibimiento que de resultar omisos a lo anterior, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista. Asimismo se le reconoce carácter de tercera interesada al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad de lo Penal Especializada en el Delito Patrimoniales, al Asesor Victimal Público, ambos con residencia en esta ciudad; en tal virtud, emplácese mediante oficio.
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