Ramiro Vaca Parocua
Expediente 572/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramiro Vaca Parocua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Finalmente, como del estado procesal que guardan los autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, mientras que el cuaderno original del incidente es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio principal, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado y se negó la definitiva, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 572/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
- Incidental
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta que antecede se advierte que ya feneció el término concedido para que la parte quejosa cumpliera con la medida cautelar fijada y surtiera efectos la suspensión definitiva, esto es, haber exhibido la garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional); por lo tanto, infórmese a la autoridad responsable que hasta ahora, el quejoso -no ha cumplido con la medida cautelar fijada en la resolución de referencia, en la que se le concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que están en condiciones de llevar a cabo la ejecución de los mismos hasta que se les informe lo contrario. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes el oficio de cuenta signado por la Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto de dos mil dieciocho, y al efecto remite copia certificada de la sentencia dictada dentro del juicio 128/2004 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36. Notifíquese.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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