Ramiro Suarez Torres

Expediente 198/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
198/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Suarez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, mediante el cual informa que el juzgado de su adscripción se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, misma que dio origen al expediente de amparo 198/2022 del índice de este Juzgado Federal, y lo radicó con el número 375/2022-VIII-1 de su índice. ORDEN DE ARCHIVO En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19 del acuerdo general citado, este órgano jurisdiccional califica: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso j) del acuerdo general citado, porque el suscrito se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el escrito inicial de demanda; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, porque no los acompañó. CARÁTULAS. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico coincida en su totalidad como el impreso. DATOS PERSONALES Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública el auto por el que se declaró por no presentada la demanda de amparo dictado en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se recibió la demanda de amparo promovida por ***; no obstante, el suscrito se declaró legalmente incompetente para conocer de tal demanda por actualizarse la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa al lugar en el que el acto reclamado surte o surtirá sus efectos. Por ello, se ordenó remitir al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en Turno, el escrito original de demanda que dio origen al expediente de amparo 198/2022 del que deriva el expedientillo en que se actúa, mediante oficio 7781/2022, mismo que se envió vía paquetería estafeta con código de rastreo y confirmación 1199737069, 1015015526-24A506374767, sin que a la fecha obre agregado en autos el acuerdo correspondiente a la incompetencia planteada emitido por el juzgado al que por turno le haya correspondido el conocimiento del asunto. En tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire, se requiere al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a qué juzgado de distrito le fue turnado el oficio 7781/2022, al que se le adjuntó el original del expediente de amparo 198/2022, formado con el original de la demanda de amparo promovida por ***, y remita copia de la papeleta correspondiente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 20/2022-VIII del índice del juzgado de su adscripción, formado con motivo del diverso exhorto 35/2022 del índice de este Juzgado Federal, mismo que le fue enviado a fin de que notificara a la parte quejosa Ramiro Suárez Torres, en el domicilio ubicado en San Marcos Guaquilpan, Calpulalpan, Tlaxcala, por los motivos expuestos en la diligencia de cinco de marzo de dos mil veintidós; al respecto, se tiene por recibido el exhorto de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja en la estadística de este juzgado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. No ha lugar a acusar recibo vía oficio, en razón de que por la forma en que fue recibido el oficio de cuenta, el acuse se genera automáticamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, fórmese el expediente correspondiente registrándose con el número 198/2022. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el suscrito carece de competencia legal para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por ***, lo que impone remitir tal ocurso al juzgado de distrito que resulte competente. En efecto, de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1.- agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Orientador "C" de la Unidad de Atención Inmediata en Cárdenas de la Fiscalía General de la República en Tabasco, que conoce de la carpeta de investigación FED/TAB/CAR/0001146/2020 de la Célula de Investigación de Atención y Determinación Cárdenas. Con domicilio bien conocido en Cárdenas de la Fiscalía General de la República en Tabasco. EJECUTORA 2.- Dueño y/o encargado y/o representante legal de "GRUAS GARDAY, S,A DE CV" con domicilio en la carretera Cárdenas a Comalcalco km 12, Colonia Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco. ACTOS RECLAMADOS ". Como ordenadora: a).- La Falta de Fundamentación y Motivación, para no entregarme mi unidad del VEHÍCULO TIPO TRACTOR MARCA VOLVO, MODELO 2003, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 4V4NC9TH63N346729, PLACAS 573DG8 DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, así mismo no entregarme LA CAJA REFRIGERADA MARCA VIEZCA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 3S9SC48248V0182248, 97TZ5D DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL. b).- La falta de notificación del acuerdo respectivo por el que no se me quiere devolver mi unidad. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO: 1).- EL NO DEVOLVERME VEHÍCULO TIPO TRACTOR MARCA VOLVO, MODELO 2003, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 4V4NC9TH63N346729, PLACAS 573DG8 DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, así mismo no entregarme LA CAJA REFRIGERADA MARCA VIEZCA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 3S9SC48248V0182248, 97TZ5D DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, así mismo no entregarle LA CAJA REFRIGERADA MARCA VIEZCA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 3S9SC48248V0182248, 97TZ5D DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL, POR NO ENTREGAR EL Oficio de Liberación." Ahora bien, tomando en consideración la naturaleza del citado acto reclamado, se advierte que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo que se provee, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito debe conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: 1.- Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, el artículo 37 de la Ley de Amparo determina de manera clara la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio, con base en el lugar en el que el acto reclamado surte o surtirá sus efectos, sin importar la naturaleza de éstos. Así mismo, se advierte que en las hipótesis anteriormente mencionadas existe un elemento común entre ellas, dicho elemento es la acción de ejecución del acto que por vía de amparo se pretenda impugnar, toda vez que la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio está determinada por el lugar en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado en caso de que ésta exista de manera positiva, o bien (de manera específica), si dicho acto no requiere de ejecución material, tal como lo contempla la última de las hipótesis, lo que en su caso, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, hipótesis que en el caso, no se actualiza, tal como se expondrá en párrafos siguientes. Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 6/2018, el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que del artículo 37 de la Ley de Amparo, deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Por ello, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y devolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. En el caso concreto, el promovente del amparo refiere que reclama del agente del Ministerio Público la negativa de entregarle un vehículo y caja refrigerada que aduce es de su propiedad, así como la falta de notificación del acuerdo en que se niega tal devolución, todo dentro de los autos de la carpeta de investigación 4V4NC9TH63N346729. Por su parte, de la autoridad señalada como ejecutora, el quejoso reclama la negativa de devolverle el vehículo y caja refrigerada que aduce es de su propiedad, por no entregar el oficio de liberación deducido de la indagatoria referida en el párrafo que antecede. Al respecto, resulta relevante la circunstancia de que ambas autoridades tienen su domicilio en el Estado de Tabasco y ejercen sus funciones dentro de ese territorio. Además, el quejoso refiere bajo protesta de decir verdad que solicitó la devolución de los bienes asegurados en el mes de octubre de dos mil veinte, a lo que el agente del Ministerio Público responsable le refirió qué esto se haría una vez que realizaran las diligencias necesarias y, el diez de febrero de dos mil veintidós, el quejoso reiteró su petición ante tal autoridad, a lo que le respondió que no se había acordado sobre su petición, lo cual implica que los bienes asegurados cuya devolución pretende, aún se encuentra ejecutándose y surtiendo sus efectos, así como, en resguardo de la autoridad ejecutora. En ese sentido, si bien el quejoso atribuye a los actos reclamados la naturaleza negativa, lo cierto es que éstos son de naturaleza negativa con efectos positivos, ya que las negativas reclamadas implican la retención del vehículo y objeto cuya devolución reclama el quejoso, en el interior del depósito de vehículos propiedad de la moral señala como autoridad responsable "GRUAS GARDAY, S,A DE CV", ubicado en la carretera Cárdenas a Comalcalco km 12, Colonia Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco. Ésta circunstancia, excluye la regla de competencia prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del mismo artículo, consistente en que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando. Así, se hace patente que los actos reclamados le son atribuidos a autoridades que tienen su sede fuera de la circunscripción territorial en que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla ejerce jurisdicción, sin que al efecto, el quejoso hubiere señalado alguna autoridad responsable ejecutora con jurisdicción en el territorio del Estado de Puebla. En consecuencia, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta indudable que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ramiro Suárez Torres, en virtud de que los actos reclamados se ejecutan en el territorio del Estado de Tabasco, es decir, fuera de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional constitucional, aunado a que el quejoso no señaló autoridad ejecutora con jurisdicción en el Estado de Puebla. En mérito de lo anterior, es evidente que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Ramiro Suárez Torres. Por tanto, se ordena remitir al Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en Turno, el original de la demanda de amparo de que se trata con sus traslados correspondientes, para que manifieste si acepta o no el conocimiento de la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente y una vez que el Juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. No ha lugar a tener por señalado como medio para oír y recibir notificaciones la aplicación WhatsApp, en razón de que en la Ley de Amparo no se contempla ese medio para tal efecto. Se tiene por señalado como medio para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos publicada en los estrados de este Juzgado Federal; en tales condiciones, notifíquese por lista el presente acuerdo y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere en el proemio de su demanda de amparo para oír y recibir notificaciones. No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales los correos electrónicos personales y números telefónicos que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, autoriza a las partes a tener acceso al expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, asimismo, otorga el permiso para que se notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en los asuntos a las partes, no así para notificar por vía electrónica a través de sistemas tecnológicos que no sean del Consejo de la Judicatura Federal. Además, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la designación de correo electrónico como medio de comunicación entre el órgano jurisdiccional y las personas justiciables es válida únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, por ello, se tiene por señalado el correo electrónico alrr22@hotmail.com y adlemi31@hotmail.com con números telefónicos 24 91 50 68 89 y 24 91 50 68 89, únicamente para ese fin, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Excepcionalmente, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, dado que refirió que tiene su domicilio particular en el Estado de Tlaxcala, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, en Turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene al servidor público adscrito al juzgado de su adscripción que corresponda, para que bajo su más estricta responsabilidad, se constituya con las medidas de seguridad e higiene correspondientes a fin de evitar la propagación del virus Covid-19, en el domicilio particular del quejoso Ramiro Suárez Torres, ubicado en San Marcos Guaquilpan, Calpulalpan, Tlaxcala y le notifique el contenido del presente acuerdo. En caso de que la notificación se entienda personalmente con el quejoso o con cualquiera de sus autorizados, la persona encargada de practicar la notificación deberá cerciorarse de la identidad de éstos y, en caso afirmativo, deberá hacerle saber la radicación de su demanda de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, correr el traslado correspondiente con copia autorizada del presente auto conforme a lo dispuesto en el artículo 310, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Se solicita al Juez de Distrito que le corresponda diligenciar el exhorto ordenado en el párrafo que antecede, que de no tener inconveniente legal alguno, habilite al Actuario encargado de practicar la notificación ordenada, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles, ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. También se solicita al Juez de Distrito que una vez diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional por la misma vía interconexión. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada.

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