Ramiro Serrano Villa
Expediente 255/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 47 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramiro Serrano Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós (notificado de forma electrónica el uno de febrero de dos mil veintidós), en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherente al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, el proveído por el que se negó y concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se negó y concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada por este juzgado: así como del proveído por el cual se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obra en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por otra parte, y toda vez que resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Juzgado Primero de lo Penal, con domicilio en Tijuana, Baja California, anexó a su oficio como justificación de su informe, formándose un tomo; por tanto, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra concluido, remítase a la citada autoridad responsable, las documentales de referencia, para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y con la vista que se le hizo al quejoso por auto de diez de enero de dos mil veintidós, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación, manifestara lo que a su derecho conviniese, y con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. El citado proveído se le notificó al agraviado de forma electrónica el once de enero del dos mil veintidós, sin que se desahogara tal vista. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por resolución emitida por este juzgado, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tijuana, Baja California, realizara lo siguiente: ". a) Deje insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil tres, en autos del proceso penal 95/2019, únicamente por lo que hace al indiciado aquí quejoso Ramiro Serrano Villa; y b) Con plenitud de jurisdicción atento a lo expuesto en esta determinación se pronuncie en relación al mandamiento de captura solicitado por la representación social, valorando las probanzas que en copia certificada fueron allegadas por el órgano técnico investigador a la averiguación previa que dio origen a la causa penal de la que emana el acto reclamado, como documentales y, con libertad de jurisdicción se pronuncie al respecto. ." La citada sentencia causó estado el tres de diciembre de dos mil veintiuno, y se requirió su cumplimiento. Por su parte, la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tijuana, Baja California, a través del oficio 009-5 recibido en este juzgado el siete de enero de dos mil veintidós, remitió copia por medio de su correo electrónico oficial, la nueva orden de aprehensión de fecha seis de enero de dos mil veintidós, donde deja insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil tres, pronunciada dentro de los autos de la causa penal 95/2019 (antes 391/2003 del extinto Juzgado Octavo Penal), únicamente por lo que respecta al quejoso Ramiro Serrano Villa y, dictó una nueva determinación en la que resolvió negar la orden de aprehensión en contra del citado quejoso. Atento a lo anterior, por acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, se dio vista al quejoso con el oficio y documentales allegadas por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tijuana, Baja California; para que en el término de tres días se pronunciara al respecto, sin que al efecto se adujera algo. En ese tenor, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tijuana, Baja California, dejara insubsistente la resolución de quince de julio de dos mil tres, en autos del proceso penal 95/2019, únicamente por lo que hace al indiciado aquí quejoso Ramiro Serrano Villa y emitiera otra, en donde resolviera con libertad de jurisdicción, pero valorando las probanzas que en copia certificada le fueron allegadas por el órgano técnico investigador a la averiguación previa que dio origen a la causa penal de la que emana el acto reclamado, como documentales y no como testimoniales; hecho que así hizo la responsable, lo que desembocó en negar la orden de aprehensión en contra del agraviado, ello origina el cumplimiento al fallo constitucional. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo.
- Principal
Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintidós Visto el oficio 009-5 de seis de enero de dos mil veintidós, mediante el cual la Juez Primero de lo Penal, por ministerio de ley, con residencia en Tijuana, Baja California, comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que dicho oficio ya fue agregado por auto de diez de enero de dos mil veintidós.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto número de orden 620/2021, numero de origen E-325/2021, en el sentido que la autoridad responsable Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esa ciudad, quedó notificada del acuerdo de veinticuatro de diciembre del año en curso; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales y sin que haya lugar a que se le acuse recibo porque se generó por el respectivo medio electrónico (SISE). Se tiene a la autoridad anteriormente señalada por notificada del proveído de referencia, en términos de la diligencia practicada el ocho de enero de dos mil veintidós, por el actuario adscrito al juzgado de referencia.
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