Ramiro Santos Serrato
Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramiro Santos Serrato
Actuaciones
- Principal
En dieciséis de mayo de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del veintiséis de abril al doce de mayo de dos mil veintidós, virtud a que fue notificada por lista el veintidós de abril del año en curso; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se da cuenta al Juez. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las trece horas con cuarenta y seis minutos delveintiuno de abril de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Abel Jonapa García, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 160/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 7/2022. Posteriormente, da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las documentales consistentes en diversas constancias del expediente SIPE 536/2018, SD 265/2020, las cuales fueron recibidas en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido su derecho a ofrecer y desahogar medios de convicción. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano de control constitucional, así como las partes fueron omisas en expresar alegatos. A lo anterior el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene precluido el derecho de las partes para exponer alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 160/2022, promovido por Ramiro Santos Serrato, contra actos del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte (fojas 3 a 13), en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, Ramiro Santos Serrato, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III.- Autoridad o autoridades responsables. Se señala con tal carácter al C. Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la ciudad de México. IV.- Acto u omisión que se reclama: Se reprocha la negativa u omisión de señalar o fijar fecha, citando a las partes, para que tenga verificativo la audiencia de derechos a la que alude el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, dentro de los autos que conforme al incidente no especificado SD265/2020, que actualmente se tramita en mi favor a efecto de que me sea otorgado el beneficio de libertad anticipada que se prevé en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante al que en diversas ocasiones el suscrito he solicitado respetuosamente por escrito y mediante notificación personal, se haga el señalamiento respecto de dicha fecha, dado que en autos de la referida incidencia, desde el día ocho de octubre del año que transcurre además de haber fenecido el plazo de cinco días concedido a las partes para ofrecer pruebas, se encuentran glosadas en autos todos y cada uno de los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos, asimismo, se encuentran reunidas todas y cada una de las constancias necesarias para el dictado de la resolución correspondiente". El quejoso expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Trámite ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. La demanda de que se trata fue turnada el ocho de diciembre de dos mil veinte, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan; y por proveído de esa data, la registró con número de expediente 565/2020; estimó que en el caso, se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece disposiciones en materia de actividades administrativas de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; toda vez, que de un análisis del sistema integral de expedientes (SISE), advirtió que el quejoso promovió diverso juicio de amparo, el cual se encontraba vinculado con el acto reclamado en esta instancia constitucional, razón por la cual, estimó que quién debía conocer y resolver el juicio de amparo en que se actuaba era este órgano de control constitucional, al haber tenido conocimiento previo del asunto. Por lo que, previa notificación personal al quejoso y cuaderno previo que se forme, ordenó remitir las constancias a este juzgado. Tramite del juicio ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, hasta el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, tal y como se advierte del sello de recibo del oficio correspondiente (foja 2); y en auto de dieciocho siguiente, se ordenó registrarla con el expediente 160/2022 (fojas 32 a 36), aceptó la competencia planteada; se avocó al conocimiento del asunto; admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, por lo que se ordenó su emplazamiento; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional; la cual, previo se desahogó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, y, 57, fracción IV ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán", el cual, tienen domicilio en Buenavista Tomatlán, Michoacán, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que forman el presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México: La omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de derechos, dentro de los autos que conforman el incidente no especificado numero SD 265/2020, sobre libertad anticipada, establecida en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con la pena de prisión impuesta en sentencia condenatoria dictada en la causa penal 78/2014, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. TERCERO. EXISTENCIA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. El Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado (fojas 50), por si y en cuanto superior jerárquico del titular del Área de Servicios Médicos de dicho centro (fojas 169 a 177), negó la existencia de la omisión reclamada. Al respecto señaló que, mediante resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se resolvió el incidente no especificado numero SD 265/2020, sobre libertad anticipada, establecida en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con la pena de prisión impuesta en sentencia condenatoria dictada en la causa penal 78/2014, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; en la que se decretó la libertad del aquí quejoso. Sin embargo, debe precisarse, que sí la demanda de amparo se presentó desde el ocho de diciembre de dos mil veinte, tal y como se advierte de la boleta de turno correspondiente (foja 8), es evidente que en esa data la omisión reclamada existía; de ahí que se desvirtué la negativa informada. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Lo anterior se corrobora con las diversas copias certificadas del expediente SIPE 536/2018, SD 265/2020, del que deriva la omisión reclamada documentales que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Los actos reclamados son de carácter omisivo; por tanto, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, entonces, teniendo en cuenta que dicha conducta no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, la promoción del juicio de amparo contra actos que involucren omisiones de las autoridades, no se encuentran sujetos al término genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis III.5º.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, advierte que, respecto de la omisión reclamada se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, Ramiro Santos Serrato, reclama del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia de derechos, dentro de los autos que conforman el incidente no especificado numero SD 265/2020, sobre libertad anticipada, establecida en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con la pena de prisión impuesta en sentencia condenatoria dictada en la causa penal 78/2014, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo. La autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 50 a 53), negó la existencia de la omisión reclamada, y adjuntó copias certificadas del expediente SIPE 536/2018, SD 265/2020, de su índice de las que destacan las siguientes constancias: Mediante resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veinte (fojas 54 a 61), se tuvo por recibido escrito signado por Ramiro Santos Serrato, por medio del cual, promovió incidente no especificado para la concesión de la libertad anticipada, previsto en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con la pena de prisión impuesta en la sentencia dictada en la causa penal 78/2014, del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; en esas condiciones, se registró el incidente de referencia bajo el número SD 265/2020; se declaró el inicio del trámite; ordenó dar vista a las partes; y, solicito diversas constancias al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", en Buenavista Tomatlán. El veintiuno de septiembre de dos mil veinte (foja 62), se tuvieron por recibidas las constancias solicitadas del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", en Buenavista Tomatlán; con las que se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera; asimismo, se concedió el plazo de cinco días para que las partes ofrecieran pruebas dentro del incidente. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno (fojas 64 a 81), se tuvo por recibido el exhorto 3097/2020, por medio del cual, se le notificó al aquí quejoso la determinación anterior, en la que manifestó: ". que el periodo probatorio al que se refiere el auto que se me notifica ya terminó ya que se encuentran con los informes en ese juzgado. Solicitó atentamente se señale fecha para audiencia.". Al respecto, se dijo, que dicha manifestación sería motivo de pronunciamiento de forma conjunta con el escrito signado por la defensora pública federal del sentenciado. Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 494 a contrario sensu, del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a resolver de plano el incidente planteado, en tanto que no existía controversia entre las partes; además de que no había diligencias pendientes por desahogar y se contaba con las constancias necesarias para resolver. Así, una vez realizado un análisis de las constancias y los requisitos legales para la procedencia del incidente planteado, se decretó la extinción de la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 78/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; por lo que, se ordenó la absoluta e inmediata libertad de Ramiro Santo Serrato, única y exclusivamente por lo que respecta a la citada causa y SD referidos; sin perjuicio de que continuara interno por diversa causa. En auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno (fojas 82 a 85), se recibió diligenciado el exhorto 373/2021, por medio del cual, se notificó al aquí quejoso la determinación antes descrita; asimismo, se tuvo al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", en Buenavista Tomatlán; informando que el veintidós de abril de dos mil veintiuno, dejó en libertad a Ramiro Santos Serrato (aquí quejoso), única y exclusivamente por lo que respecta a la citada causa y SD referidos. En auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno (foja 87), se declaró firme la determinación incidental de referencia. De la exégesis de los antecedentes expuestos, se advierte que en auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno (fojas 64 a 81), se tuvo al quejoso se señala fecha para que tuviera verificativo la audiencia dentro del incidente de libertad anticipada; sin que se proveyera al respecto. Sin embargo, lo anterior obedeció, a que en la determinación antes señalada, el Juez responsable procedió a resolver de plano el incidente planteado, en tanto que no existía controversia entre las partes; además de que no había diligencias pendientes por desahogar y se contaba con las constancias necesarias para resolver. Así, una vez realizado un análisis de las constancias y los requisitos legales para la procedencia del incidente planteado, se decretó la extinción de la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 78/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; por lo que, se ordenó la absoluta e inmediata libertad de Ramiro Santo Serrato, única y exclusivamente por lo que respecta a la citada causa y SD referidos; sin perjuicio de que continuara interno por diversa causa. De ahí que, es inconcuso que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la omisión reclamada cesaron en sus efectos; toda vez que, al resolverse el incidente de planteado; y, decretarse la extinción de la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria dictada en la causa penal 78/2014; y, en consecuencia, ordenarse la absoluta e inmediata libertad de Ramiro Santo Serrato, cualquier omisión en el trámite de dicha incidencia, como sería señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de derechos, cesó en sus efectos. En esas condiciones, se hace innecesario el análisis de su constitucionalidad, pues la posible afectación causada al impetrante de garantías ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado (omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de derecho dentro del incidente de mérito), y en consideración a que dicho incidente fue resuelto el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada; no es posible realizar un pronunciamiento al respecto. Por ende, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo interpretada, con los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo Vigente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 71, tomo VI, noviembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Dado el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No se soslayan las manifestaciones de la autoridad responsable, en el sentido de que el quejoso promovió diverso juicio de amparo respecto de actos relacionados con la omisión aquí reclamada; sin embargo, se estima innecesario realizar pronunciamiento al respecto, en virtud de que al estimar actualizada la causal de improcedencia en análisis, en nada variaría el sentido de la presente determinación. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ramiro Santos Serrato, contra la omisión reclamada de la autoridad precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en los correlativos quinto. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapa García, quien da fe.
- Principal
En veintiocho de marzo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 3777. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al que anexa diversas constancias, con los que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que Luz María Santos Serrato y Alan Pérez Gómez, cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como licenciados en derecho no así Enrique Santos Serrato. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez y con el oficio y anexos, registrado bajo el folio 3335. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. SE ACEPTA CONOCIMIENTO PREVIO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, del que se desprende que de dicho órgano jurisdiccional remite la demanda de amparo promovida por Ramiro Santos Serrato, contra actos del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México, al estimar que los actos reclamados en la demanda 565/2020, de su índice, tienen relación con el juicio de amparo 621/20219, de la estadística de este órgano de control constitucional, por ende, este Juzgado debe conocer de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 160/2022 y acúsese recibo. 1.1.2. AVOCAMIENTO. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo misma y con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ramiro Santos Serrato, contra actos del Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas con sede en la Ciudad de México. 1.2. SUSPENSIÓN DE PROVISIONAL. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión provisional virtud a que no se solicitó. 1.3. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las TRECE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 1.4. INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 1.4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, 1.4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que sean necesarias para resolver el presente juicio. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 1.5 TERCERO INTERESADO. En términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; por lo tanto, mediante oficio y con copia de la demanda de amparo, auto admisorio requiriesele para que, si lo estiman necesario, comparezca al juicio a hacer valer sus derechos (ofrecer pruebas y formular alegatos). 1.6. MINISTERIO PÚBLICO. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.7. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios que estable el artículo 12 de la Ley de Amparo a Luz María Santos Serrato, y Alan Pérez Gómez, cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como licenciados en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Enrique Santos Serrato, por no contar con dicho requisito. 1.8. PRUEBAS. De conformidad con los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la prueba documental que exhibe la quejosa con su escrito de demanda, la cual se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 1.9. SE AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS: Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la devolución de las constancias que indica, previa copia certificada se deje en autos; por tanto, requiérasele para que en el término de noventa días naturales, gestione su devolución. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de las citadas constancias, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con el licenciado Ernesto Adame Ruíz, secretario encargado del trámite de este asunto, al número telefónico celular 4525261258, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver. 1.10. SE SOLICITA COMPENSACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. Con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo ,solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que sirva a realizar la compensación de las cargas de trabajo, respecto a la demanda de amparo de que se trata y remita la boleta de turno respectiva. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 1/2022, que reforma al similar 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483 ext. 1071 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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