Ramiro Salmeron Pompa
Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ramiro Salmeron Pompa y Otros.
- Ramiro Salmeron Pompa
- Karla Cristal Duarte Archuleta
- Ramiro Salmeron Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se tiene al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, solicitando se informe sobre la existencia del presente juicio, el acto reclamado y si existe alguna suspensión decretada. Se informa lo conducente.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual informa que en proveído dictado el veinte de julio del año en curso, el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovida por ***********y***********, por sí y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales *********** y ***********, contra actos atribuidos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y otras autoridades, mismo que fue radicado con el número de expediente *********** Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
En atención a su contenido, se advierte que el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación de la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, realiza diversas manifestaciones en alcance a su informe justificado. Sin embargo, visto el estado de los autos, se advierte que el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional se declaró incompetente por razón de territorio, para conocer del presente asunto y remitió los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapan. En consecuencia, provéase lo que en derecho corresponda en relación con el oficio de cuenta, una vez que el Juzgado de referencia, informe si aceptó o no la competencia planteada.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, considera carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y por las consideraciones que se expondrán en el presente proveído. De entrada, es dable transcribir el contenido íntegro del numeral citado en el párrafo que antecede: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, destaquemos que este juicio se originó con la demanda de amparo presentada el dieciocho de enero del año en curso, por ****, por sí y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales **** Ahora, en dicho ocurso, se señaló como acto reclamado, la orden de traslado del directamente quejoso ****, al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, del diverso lugar en que se encontraba recluido, a saber el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua). El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda y se decretó la suspensión de plano del acto reclamado. Asimismo, de lo manifestado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda, así como de lo indicado por la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, se advierte que efectivamente **** fue trasladado al mencionado centro de reclusión, ya que el anterior donde se encontraba interno, se desincorporó del Sistema Penitenciario Federal, tal y como se estableció en el Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veinte. En ese orden de ideas, tenemos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO", indicó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, porque atendiendo a su naturaleza jurídica, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, pues la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. Entonces, si en el presente asunto la orden de traslado ya se verificó y se tiene conocimiento de que el reo, aquí quejoso, se encontraba en un primer momento interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, para posteriormente ser trasladado al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con asiento en Buenavista Tomatlán, Michoacán, es innegable que es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentra recluida la persona, pues allí es donde se ejecutó el acto reclamado. Es aplicable en lo conducente, los siguientes criterios: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." (Época: Décima Época. Registro: 2020828. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 64/2019 (10a.). Página: 899). "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." (Época: Décima Época. Registro: 2000066. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5. Materia(s): Común, Administrativa. Tesis: I.15o.A.1 A (10a.). Página: 4311). Así, es dable arribar a la conclusión de que se actualiza la hipótesis establecida por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y robustece tal razonamiento, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En esa tesitura, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto, y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede en Uruapán, a quien deberá remitírsele todo lo actuado, previa copia certificada que se deje como constancia, para que conforme a sus atribuciones legales, en su caso, se avoque al conocimiento de este asunto y resuelva lo que en derecho corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, atento a lo ordenado en este proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DE HOY. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Guillermo Alberto Flores Cano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · 16,289 expedientes
- Ramiro Iván Martínez Sánchez624/2023
- Ramiro Iván Martínez Sánchez203/2021
- Ramiro Leija González162/2022
- Ramiro Loya Bustillos1277/2022
- Ramiro Ortega Carbajal2149/2021
- Ramiro Paez Quiñonez889/2020
- Ramiro Silva García365/2021
- Ramiro Tercero Roan1398/2017
- Ramiro Uranga Thomas1362/2020
- Ramiro Uranga Thomas560/2019
- Ramón Adrián Flores Rodriguez251/2021
- Ramón Alberto Montoya Montoya979/2022