Ramiro Rodríguez Maclub

Expediente 495/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
495/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Ramiro Rodríguez Maclub

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito del quejoso Jorge Alberto Sotomayor Coronado, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, prevéngase al impetrante, para que en el término de tres días siguiente a la notificación del presente auto, exhiba dos copias de su escrito de expresión de agravios, esto es para distribuirse de la siguiente manera, una para la autoridad señalada como responsable, cuatro para los terceros interesados una para formar el expedientillo de revisión y una más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Superioridad, apercibido que de no dar cumplimiento a esta prevención dentro del término indicado para ello, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión hecho valer. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Ramiro Rodríguez Maclub, contra actos de la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 495/2017-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado, el siguiente: "A).- La resolución de fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente número 622/2016, relativo al juicio sucesorio intestamentario, promovido por OLGA LUCÍA ROMERO GARCI-CRESPO, a bienes de SOCORRO ROMERO SÁNCHEZ, y que en lo conducente textualmente ordena lo siguiente: '...Así las cosas, como lo solicita la promovente, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 91, 243 Y 269 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se ordena girar atento oficio al Notario Público Número Dos de los de este Distrito Judicial, a efecto de que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio ordenado, remita a esta autoridad copia certificada del testimonio número quince mil doscientos noventa, de fecha dos de febrero de dos mil nueve, en la que pueda apreciarse la firma autógrafa y huella digital que supuestamente estampó SOCORRO ROMERO SÁNCHEZ el día dos de diciembre de dos mil nueve, mismas que serán a costa de la señora OLGA LUCÍA ROMERO GARClCRESPO, con el apercibimiento al fedatario antes mencionado que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una medida de apremio consistente en CINCUENTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, vigente al momento de la emisión de la presente resolución...' B).- La omisión en la que ha incurrido la Jueza Primera de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, al no dejar sin efecto y dar por terminado la sucesión intestamentaria promovida por la señora OLGA LUCIA ROMERO GARCI-CRESPO, a bienes de SOCORRO ROMERO SÁNCHEZ, radicada bajo el expediente número 622/2016 ante el Juzgado a su cargo, con apego a lo dispuesto por el artículo 785 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla." Esto es, Ramiro Rodríguez Maclub se duele esencialmente del acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis dictado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en el juicio sucesorio intestamentario 622/2016, mediante el cual, en su carácter de Notario Público Número 2, le requiere para que exhiba copia certificada del testimonio número 15,290, de dos de febrero de dos mil nueve, en la que pueda apreciarse la firma autógrafa y huella digital de Socorro Romero Sánchez, con el apercibimiento que de no hacerlo, le sería impuesta una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En efecto, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. De esa norma legal se deriva el concepto de perjuicio, que es un elemento esencial para la procedencia del juicio biinstancial, el cual debe entenderse como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona, como así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 330, consultable en la página 279, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Por lo tanto, el presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, se requiere que el acto de autoridad lesione de manera directa el derecho del que se es titular. En el caso se tiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis dictado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, en el juicio sucesorio intestamentario 622/2016, mediante el cual, en su carácter de Notario Público Número 2, le requiere para que exhiba copia certificada del testimonio número 15,290, de dos de febrero de dos mil nueve, en la que pueda apreciarse la firma autógrafa y huella digital de Socorro Romero Sánchez, con el apercibimiento que de no hacerlo, le sería impuesta una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Así, se tiene que dicho apercibimiento únicamente constituye una prevención o advertencia, cuya materialización se encuentra supeditada a que el obligado asuma una conducta contumaz frente a la orden que contiene el apercibimiento sancionador respectivo, luego entonces, tal apercibimiento no extingue ni modifica los derechos del quejoso, ya que sólo constituye un aviso que se hace a la persona requerida de la sanción que se le impondrá, por lo que previo a la imposición de la sanción, la responsable debe analizar el dolo, el grado de desacato, la intención de cumplir con lo ordenado o la existencia de una justificación, para determinar la sanción a aplicar o incluso, determinar que no procede imponerla. En ese orden de ideas, puede establecerse que el apercibimiento si bien impone una sanción al infractor, es necesario que exista una repetición de la conducta para que se imponga una mayor, esto es, para la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento, se requiere que el infractor cometa una conducta que dé lugar a sancionarlo. De igual forma, la naturaleza de dicho acto es de realización futura e incierta, en razón de que la imposición de la sanción prevista en el apercibimiento depende de la conducta asumida por el sujeto a quien se dirigió, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces sí se hará efectivo, quedando a su voluntad la imposición o no de esa sanción. En tal virtud, respecto al apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado por la responsable, la multa no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que, está condicionada a que el obligado cumpla o no con el acuerdo, luego, no es inminente; sino por el contrario es un acto incierto, pues no existe la certeza de que se va a ejecutar pues puede ser que el propio agraviado asuma la conducta ordenada, o bien, la autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que sea futuro e incierto. En este punto, cabe decir que si el apercibimiento de multa carece de ejecución, como acto autónomo del auto en que se imponga la multa, no existirá acto de molestia al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implicará algún cambio en su esfera jurídica, sino sólo hasta que se ejecute la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo. De ahí que el apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. En consecuencia, se concluye que el acto reclamado consistente en el apercibimiento de multa, por ser futuro e incierto, no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio de los quejosos, lo que actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la ley de la materia. En las relatadas consideraciones, al haberse acreditado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa I del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento se desecha de plano la demanda de garantías que se analiza. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Carlos Valero Herrera, Omar Moreno Osorio, Abraham Martínez Bazán y Francisco Javier Cante González, por tener inscritas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así a las diversas personas que menciona, a quienes se autoriza en los términos restringidos que prevé el citado numeral, por no encontrarse en el supuesto anterior. 4 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 6 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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