Ramiro Ríos Ferretiz
Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Ramiro Ríos Ferretiz
Actuaciones
- Principal
- CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO- Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -DESTINO DEL EXPEDIENTE- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: (...) Notifíquese por medio lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 05/2021.
- Principal
-REGISTRO DE DEMANDA- Téngase por recibida la boleta de turno con número de registro 002302/2020 al que acompaña lo siguiente: Expediente 404/2020-VI en seis tomos, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Dos cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 404/2020-VI del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Asimismo, fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 673/2021-V. Del estado procesal del expediente 404/2020-VI del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se aprecia que Ramiro Ríos Ferretiz, promovió demanda de amparo contra actos del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Irapuato y otras autoridades, el cual fue presentado el diez de julio de dos mil veinte. En acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ramiro Ríos Ferretiz, contra actos del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Irapuato y otras autoridades, en razón de que consideró que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de un diverso juicio de amparo promovido por el diverso quejoso Ramiro Menchaca Acuña, contra los mismos actos y por las mismas autoridades, y sobre todo porque ambos actos tienen su origen en el expediente número C-93/2016, del índice del citado órgano jurisdiccional. -ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESCRITO DE DEMANDA- Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama textualmente lo siguiente: ""IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- El suscrito bajo protesta de decir la verdad, manifiesto que los actos u omisiones que reclamo de las autoridades responsables, son consecuencia de los siguientes hechos o abstenciones por parte de las mismas, siendo los actos u omisiones que reclamo los siguientes: A).- DEL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PARTIDO DE IRAPUATO, GUANAJUATO, reclamo de esta autoridad señalada como responsable lo acordado dentro del expediente número C-93/2016, del índice de ese Juzgado, específicamente en donde ordena girar atento exhorto con los insertos necesarios al Juez competente de la Ciudad de Aguascalientes, Ags., para que en auxilio de las labores de ese Juzgado, se haga entrega física, real y jurídica del bien materia del comodato consistente en el Predio Rústico resultante de la fusión de los predios conocidos como ...perteneciente al Municipio de El Llano, Aguascalientes, con superficie de 44-69-70, hectáreas, Folio Real ,.... Así mismo, a dicha autoridad responsable le reclamo las consecuencias por los actos u omisiones de tal requerimiento, en donde el suscrito sea DESPOJADO del inmueble antes descrito. Por lo que a dicha autoridad responsable le reclamo también la orden de desalojo y/o despojo que otorgue o pretenda otorgar sobre el citado bien inmueble que poseo de manera pacífica por el comodato celebrado entre el suscrito y el señor .... B).- De las demás autoridades señaladas como responsables, les reclamo las consecuencias por los actos u omisiones de tal requerimiento, en donde el suscrito sea DESPOJADO del inmueble antes descrito, ya que se aclara que en la Ciudad de Aguascalientes, el día 1° de enero de 2020, el C. ... en su carácter de comodante y el suscrito en su carácter de comodatario, celebramos contrato de Comodato. Por lo que a dichas autoridades responsables les reclamo la ejecución del desalojo y/o despojo que otorgue o pretenda otorgar sobre el citado bien inmueble, sin que el suscrito sea oído y vencido en juicio, violándose así en mi perjuicio las GARANTÍAS DE AUDIENCIA, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. (...) Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte la existencia en este órgano jurisdiccional del diverso juicio de amparo 316/2020-V promovido por el quejoso ..., en contra de la orden dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, dentro del expediente número C-93/2016, para que se haga la entrega física, real y jurídica del predio rústico resultante de la fusión de los predios conocidos como ..., perteneciente al Municipio de El Llano, Aguascalientes, con superficie de 44-69-70, hectáreas, Folio Real ., así como la orden de desalojo y despojo del citado bien inmueble; juicio el anterior que mediante sentencia de once de marzo de dos mil veintiuno, se sobreseyó; resolución que causó ejecutoria por auto de quince de abril del año en curso. Los anteriores antecedentes se invocan como un hecho notorio para este juzgador con sustento en la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 847 del Tomo III, junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que, la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que el peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Constancias las anteriores, del juicio de amparo 316/2020-V, que se tienen a la vista, sin que resulte necesario agregar copia certificada de dichas determinaciones, tal como lo señala la diversa jurisprudencia 103/2007 de la Segunda Sala, consultable con el registro 172215, en la página 285 del mismo órgano de difusión, Tomo XXV, Junio de 2007, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." -DESECHAMIENTO DE DEMANDA- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. .... En ese sentido, una vez examinado el acto reclamado, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Federal, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo; empero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, sólo podrá seguirse por el directamente agraviado. En la especie, como se anticipó, el quejoso aduce ser titular de un derecho subjetivo sobre el bien inmueble objeto de los actos reclamados, toda vez que alega tener la posesión del bien inmueble con motivo del contrato de comodato celebrado con Ramiro Menchaca Acuña, lo que se traduce en la necesidad de demostrar esa calidad, en aras de acreditar fehacientemente, y no con base en presunciones, que el acto reclamado afecte su interés jurídico; es decir, que lo reclamado incide en su esfera de derechos, ya que esa lesión es lo que produce la procedencia de la acción constitucional, la que, de no darse, provoca la actualización de la causal de improcedencia mencionada. Tiene aplicación, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 17, Tomo 82, Octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 110, Tomo 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de instancia de parte agraviada. El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo". En ese sentido, para promover el juicio de amparo, el gobernado debe resentir un agravio que debe ser actual para justificar la acción de amparo, así como una afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma objetiva y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 constitucionales, así como la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de protección de derechos fundamentales, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Se cita la tesis I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 217651, consultable en la página 35, número 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Cabe agregar que en diversos actos, en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. El interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Le resulta cita a la tesis III.4o. (III Región) 17 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, número de registro 2005381, consultable en la página 3074, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓ. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." Luego, en aquellos juicios de amparo en los que se reclamen violaciones al derecho de posesión tanto de bienes muebles como inmuebles, o en su caso, la titularidad de un derecho, es necesario que el referido interés jurídico se demuestre de manera fehaciente y a través de los medios idóneos, es decir, la parte quejosa tiene que acreditar en forma indubitable la existencia del derecho que aduce afectado, pues además de que éste es uno de los principios esenciales del juicio, sólo en tal caso el tribunal de amparo podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad es inconstitucional. De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese sólo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, pues para ello es necesario que se demuestre, que el acto reclamado lesiona su esfera de derechos, es decir, el juicio de amparo podrá promoverse por el gobernado que resiente un agravio personal y directo. Ahora, en el caso concreto, el quejoso reclama la orden dictada por el Juez Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato dentro del expediente número C-93/2016, para la entrega física, real y jurídica del bien materia del contrato comodato, así como la orden de desalojo y/o despojo sobre el citado bien inmueble. En tanto, en el juicio de amparo en que se actúa, el inconforme, con el fin de acreditar su interés jurídico, ofreció como medios probatorio: Contrato de comodato respecto del predio rústico resultante de la fusión de los predios conocidos como ..., de esta Ciudad de Aguascalientes, celebrado entre ... y el hoy quejoso Ramiro Ríos Ferretiz. Documento que merece valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 133, 197 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto del contrato mencionado, este juzgador advierte que dicho acto no se trata de un documento de fecha cierta, que demuestre el interés jurídico con que ocurre al juicio de amparo. En efecto, el contrato de comodato aportado por el quejoso antes relacionado, constituye en principio un documento privado que, aun cuando provenga de terceros, hace prueba en su favor y en contra de su colitigante, sea el caso, cuando no es objetada, debiendo tenerse en este supuesto, como tácitamente reconocida en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, podría constituir documental suficiente para acreditar la posesión del bien inmueble ya citado, siendo bastante para demostrar el interés jurídico para ejercitar la acción de amparo. Ahora bien, respecto a la fecha cierta de un documento privado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que aquella se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un registro público el documento, o bien, desde la fecha en que se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes. De ahí que si no se dan estos supuestos, se estime que es justo y legal que al documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue valor probatorio con relación a terceros; sirviendo de apoyo a esta consideración lo sustentado en la tesis de jurisprudencia 237 de la anterior Tercera Sala, visible en el Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, página 162 de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Por ende, la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de nuestro país ha establecido que un documento es de fecha cierta cuando se reúnen cualquiera de las siguientes características: a) Desde el momento de la inscripción del documento en el Registro Público. b) Si se hace en escritura pública desde la fecha de su otorgamiento. c) Desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente. d) Desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio. De ahí que, no cualquier documento privado es susceptible de demostrar que se tiene la posesión de un bien inmueble y así acreditar el interés jurídico para solicitar el amparo. Como se ha venido señalando, en el particular, respecto al contrato de comodato, no se acredita que se cumpla uno de estas características, en consecuencia, la ausencia de fecha cierta, impide a este juzgador otórgale eficacia probatoria, ya que es imposible determinar con certeza, si el derecho que aduce el quejoso fue adquirido con anterioridad o posterioridad a la emisión de los actos reclamados. Resulta aplicable por las consideraciones que la contienen, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 78, Novena Época, con registro electrónico 192662, cuyo rubro y texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Así como la tesis VIII.1o.48 C, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 2151, Novena Época, con registro electrónico, que señala: "COMODATO. EL DOCUMENTO DE FECHA INCIERTA EN QUE SE CONTIENE DICHO CONTRATO NO ES APTO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO PARA ACUDIR AL AMPARO. En términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, si bien los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, sin embargo, esta regla no es aplicable tratándose de documentos de fecha incierta, en los que se contenga un contrato de comodato, pues éste resulta ineficaz y carece de valor probatorio cuando no aparece ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado, o inscrito en el Registro Público de la Propiedad, ni existe certeza de la muerte de cualquiera de los firmantes. En consecuencia, esta clase de documentos no es apta para acreditar el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo." Sin que se hubiese exhibido mayor documentación que aun de manera indiciaria, demuestre la posesión sobre el bien inmueble citado con anterioridad en favor del peticionario de amparo. Con base en lo expuesto, no se acreditó la existencia del derecho de posesión que el quejoso aduce tener respecto del bien inmueble que defiende; entonces no se satisface el requisito de interés jurídico para acudir a juicio a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese tenor, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Federal, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Es necesario precisar, que la anterior determinación, no contraviene lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 28/2005, de la Primera Sala, con registro electrónico 178431, cuyo rubro señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.", pues se considera que en el presente asunto existe una excepción a esa regla general, ya que de dar trámite al presente amparo resultaría ocioso, máxime que se sabe que no existe interés jurídico del quejoso. Se afirma lo anterior, pues no pasa desapercibido el contenido de la sentencia definitiva dictada el once de marzo de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo número 316/2020-V de este índice, que promovió Ramiro Menchaca Acuña (titular del bien inmueble objeto de los actos aquí reclamados), en la que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, en razón de con las pruebas exhibidas por las partes, se acreditó que el ahí quejoso, con motivo del acuerdo de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juez Segundo Civil residente en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en el juicio especial hipotecario C-93/2016; siendo las trece horas con treinta minutos del día veinticinco de agosto de dos mil veinte, procedió en nombre de la ley, a dar posesión real y material del predio rústico resultante de la fusión de los predios conocidos como ... Municipio de El Llano, Aguascalientes, con una superficie de ..., hectáreas, Folio Real ..., al apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Credicor Mexicano Unión de Crédito, Sociedad Anónima de Capital Variable, .., quien firmó de conformidad y tomó posesión del inmueble, por lo que respecto de los actos reclamados, se consideraron consumados de modo irreparable, sentencia que causó ejecutoria por auto de quince de abril del año en curso. Además en dicho juicio el ahí quejoso no hizo mención o exhibió alguna prueba de la que se advirtiera la existencia de un contrato de comodato celebrado con el hoy quejoso, aunado a que como ya se ha dicho, ese contrato carece de fecha cierta que le de eficacia probatoria, por lo que es evidente que el quejoso Ramiro Ríos Ferretiz carece de interés jurídico. Notifíquese personalmente al promovente.
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