Ramiro Reyes Gil
Expediente 1278/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ramiro Reyes Gil
Actuaciones
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del cuatro de noviembre del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 1278/2022-VI. Ahora, por lo que hace a **********, del análisis de la impresión de la demanda de amparo y de la evidencia criptográfica, se desprende que fue presentada en línea y que la firma electrónica corresponde a **********, quien fue señalado como autorizado de la parte quejosa en el escrito que se acuerda. Sobre este aspecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 47/2018, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE", estableció que si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita -con firma autógrafa- directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; es válido concluir que la demanda de amparo presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, sin que pueda ser sustituida (la firma electrónica) por la de aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues mientras no haya voluntad de la parte quejosa para promover la demanda, las facultades procesales del autorizado no pueden surgir al momento de la presentación de la demanda. Por tanto, al no ubicarse en un supuesto de excepción, es inconcuso que existe ausencia de voluntad y, consecuentemente, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, requiere estar firmada electrónicamente por la parte quejosa o por quien legalmente la represente, lo que no acontece en la especie, sin que pueda ser sustituida (la firma electrónica) por la de un autorizado para atender procesalmente el juicio de amparo. Ahora, respecto del quejoso **********, la demanda de que se trata, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el 4o., ambos de la ley en cita, este último precepto vinculado con la fracción I, del dispositivo 107 constitucional. Los artículos 61, fracción XXIII y 4o., ambos de la ley de la materia; así como el numeral 107, fracción I, constitucional, indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor". "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". De lo transcrito se advierte que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo. Así, el artículo 107 constitucional establece en su fracción I, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; por su parte, el numeral 4o. de la ley reglamentaria prevé que únicamente lo puede promover la persona a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier acto que se reclame; de esta manera el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos de los gobernados contra los actos de las autoridades. Por ello, sólo tendrá legitimación para promover amparo el titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley, por lo que debe existir identidad entre la persona que ejerce la acción con la persona en cuyo favor la ley protege un derecho, y además, es necesario que el acto o la ley le infiera un perjuicio al titular de ese derecho subjetivo. De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditado el interés jurídico de la quejosa, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado vulnera un derecho legítimamente tutelado. Lo anterior es así, dado que con la sola emisión del dicho acto, no se le está deparando un perjuicio a **********. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 97-102, Primera Parte, de texto y rubro siguientes: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." También apoya lo anterior, la jurisprudencia 28/90 emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 230 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Asimismo, el agravio a que se hizo mención debe ser actual, es decir, que la afectación se esté produciendo; personal, entendiendo como tal que afecta a quien solicita el amparo y no a otra persona; y directo, que la afectación que sufra el gobernado derive precisamente del acto reclamado por el que se promueve la demanda. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 199-204, Primera Parte, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En esa tesitura, del análisis integral de la demanda, así como de sus anexos, se estima que el acto que reclama el quejoso no le causan ningún perjuicio, pues consisten la resolución del recurso de revocación del siete de octubre del año en curso, en el expediente 536/2021, en el que se declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer y confirmó el auto del veintiséis de mayo del año en curso. Sin embargo, de la lectura del mismo, no se advierte que los actos aquí reclamados derivados del juicio de origen 536/2021, le causen perjuicio alguno, ya que la parte demanda lo es **********; lo anterior, en los términos que exigen los artículos 4o. de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, ya que no concreta esa lesión que afecte algún derecho público subjetivo. Máxime, que del contenido de la demanda se advierte que al ahora quejoso únicamente le reviste el carácter de abogado de la demandada **********. En tal virtud, por todo lo expuesto en el contexto del presente acuerdo, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Hágase ésta y subsecuentes notificaciones mediante lista electrónica, por así solicitarlo la parte quejosa. Como lo solicita, se tiene por autorizado al usuario "Guadalupe1", para la consulta del expediente electrónico en este juicio de amparo en virtud de que cuenta con el registro correspondiente. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes al autorizado de la parte quejosa. Se autorizan a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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