Ramiro Rendón Garzón

Expediente 912/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
912/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Ramiro Rendón Garzón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de esta fecha, de lo que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, promoviera inconformidad en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 148 a la 151), en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo haya hecho, no obstante estar legalmente notificada de ello, como se desprende de la constancia relativa (foja 154); en consecuencia, se le tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido

  2. Principal

    ÚNICO. Se DECLARA CUMPLIDA la sentencia de amparo dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 912/2017-IV, promovido por Ramiro Rendón Garzón, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra el acto que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Hágase del conocimiento al quejoso esta determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201, de la Ley de Amparo vigente.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, de los que se aprecia que el nueve de enero del año en curso, se ordenó enviar el oficio 375/2018, al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ayutla de los Libres, Guerrero, mediante el cual se le dio vista con la diversa misiva 105/2018, de ocho de enero de dos mil dieciocho, remitida por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual dijo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que obre a la fecha el acuse de recibo del primero de los oficios referidos. En consecuencia, requiérase al jefe de la Administración Postal de esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino que le dio a la pieza postal que ampara el aludido oficio, dirigido al mencionado tercero interesado, anexándole copia simple de la factura mediante la cual fue depositada, a fin de que este Juzgado Federal esté en aptitud de acordar lo procedente; apercibido que no hacerlo así dentro del lapso indicado, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente de aquél en que surta efectos legales la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: ".una vez que cause ejecutoria la presente resolución, y dentro del plazo que este órgano federal le fije de conformidad con el artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, dicte el correspondiente auto admisorio de pruebas dentro del proceso laboral 342/2015. Sin que la presente protección constitucional tenga el alcance de ordenar el desahogo de las probanzas que fueren admitidas y en su caso dictar el laudo en el juicio laboral de origen; lo anterior es así, ya que los efectos de la concesión deben fijarse en función del acto reclamado en concreto y la etapa procesal en que se verifique la violación, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo." Por lo que, deberá remitir las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

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