Ramiro Ramírez Torres

Expediente 554/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
554/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Ramiro Ramírez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Acepta competencia. Se tiene por recibido el oficio 4355/2017, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual comunica que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, en acuerdo de catorce de agosto del año en curso. Se ordena archivo. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el presente expediente una vez transcurridos seis meses de la presente determinación, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo del capítulo de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado Acuerdo General conjunto, por carecer de valor institucional, jurídico o histórico, que deba integrar la memoria documental del Poder Judicial de la Federación; en virtud de haberse declinado la competencia en el juicio de amparo 554/2017. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, catorce de agosto de dos mil diecisiete. I. Radicación. Ténganse por recibidos la demanda de amparo amparo y anexos, presentados por Ramiro Ramírez Torres, quien señala que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste "El Rincón", en Tepic, Nayarit. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 554/2017. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, se considera que, en disenso a lo sostenido por la Juez de Distrito requirente, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto, por las razones que se expondrán. Al respecto, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción, que por su trascendencia implica una cuestión de orden público, y consecuentemente, es de estudio previo al pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Sobre el tema de la competencia para conocer de los juicios de garantías, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito derivan tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto el conocimiento de los juicios de amparo: Independientemente de dónde radique la autoridad emisora del acto reclamado, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo cual presupone que dicho acto es de los que requieren ejecución por autoridad diversa de la ordenadora; Derivado de lo anterior, se establece que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente para conocer del amparo el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, el artículo 48 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En ese mismo sentido, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Cuarto, fracción XII, estipula: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XII. DECIMOSEGUNDO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio." Destacado lo anterior, de la demanda promovida por Ramiro Ramírez Torres, se advierte que el acto reclamado consiste, en esencia, en: La negativa de conceder la libertad preparatoria o anticipada en la causa penal 3542/2005 y su acumulada 327/2006; esto es, el contenido del telegrama oficial franco número E.S.567/2199 así como cualquier otro acuerdo o actuación que haya recaído a su promoción. Así, es evidente que los efectos del acto reclamado tendrán ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluido el quejoso Ramiro Ramírez Torres; lugar donde este Juzgado de Distrito, carece de jurisdicción territorial, con base en lo estipulado en el mencionado Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sustenta lo anterior, el criterio que dice: "Décima Época Registro: 2006160 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 14/2014 (10a.) Página: 633 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Contradicción de tesis 51/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 4 de diciembre de 2013. La votación se dividió en dos partes. Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos. Tesis de jurisprudencia 14/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha doce de febrero de dos mil catorce. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial número 2/2012, sostuvo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto corresponde al Juez de Distrito del complejo penitenciario Islas Marías y auxiliar en toda la República, acorde con lo establecido en el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues según su criterio no es correcto que se deba aplicar la hipótesis normativa prevista en el diverso artículo 42, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque si bien constituye una regla de excepción a la competencia por razón de territorio que prevé el aludido artículo 36, lo cierto es que aplica para aquellos supuestos en los cuales se busque determinar cuál es el juez de distrito competente cuando el amparo se promueva contra todos los jueces de distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), por ende, el alcance del referido artículo 42 de la Ley de Amparo, está condicionado al lugar donde se ejecute o se esté ejecutando el acto reclamado. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 12/2012, sostuvo que el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es el competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Ello bajo el argumento de que el acto reclamado no tiene ejecución material, aunado a que con esa determinación se maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la agilidad que cobra el trámite del juicio de garantías, al conocer del mismo el juez de amparo en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable y no el que resida en la jurisdicción donde se encuentre recluida la parte quejosa. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2012, sostuvo que para efecto de fijar la competencia se debe atender a lo previsto en el artículo 42, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que éste define la competencia para conocer de un juicio de amparo en que se reclame un acto emitido por un juez de distrito sin importar, en el caso, lo relativo a la ejecución del mismo, al no distinguir el precepto con base en ese aspecto. Eso es así, pues del examen comparativo de los artículos 36, primer párrafo y 42, párrafo primero, de la citada ley, se observa que el primero alude a la regla genérica de la competencia para conocer de la demanda de amparo, atendiendo donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el segundo de dichos preceptos, que se refiere específicamente a los actos que se reclamen de los jueces de distrito, señala que será competente otro juez de distrito de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o en su caso, el más inmediato en la jurisdicción del tribunal colegiado de circuito al que corresponda el juez de distrito ahí señalado como autoridad responsable; de ahí, que tomando en consideración la regla de metodología de interpretación, que consiste en que la norma especial deroga a la general, es por lo que este tribunal arriba a dicha conclusión." De igual modo, es orientadora la tesis siguiente: "Séptima Época Registro: 237105 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 73 COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. Competencia 28/87. Suscitada entre los Jueces Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Segundo de Distrito en el Estado de México. 28 de mayo de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Séptima Epoca, Tercera Parte: Volumen 80, página 27. Competencia 50/75. Suscitada entre los Jueces Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas. 27 de agosto de 1975. Cinco votos. Ponente: Antonio Rocha Cordero." En ese contexto, en la especie, corresponde conocer de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, en virtud de que el quejoso señala que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, y el acto reclamado es la negativa de conceder la libertad preparatoria o anticipada en la causa penal 3542/2005 y su acumulada 327/2006; de ahí que se surta la hipótesis de la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 14/2014 (10a.). Por lo anteriormente expuesto, al carecer este Juzgado Federal de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Ramiro Ramírez Torres, remítase la misma con todas sus copias y anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, para que los remita al que por turno corresponda, a efecto de que determine lo que en derecho proceda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y fórmese cuaderno de antecedentes. Asimismo, se solicita el acuse correspondiente. IV. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Quejoso. a) Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese y cúmplase.

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