Ramiro Ramírez Sánchez

Expediente 346/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
346/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
17/01/2019

Partes del expediente

  • Ramiro Ramírez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y las constancias que integran el presente juicio, no se aprecia que la autoridad responsable, haya recibido el oficio correspondiente a la notificación de la sentencia emitida el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, remítasele copia simple de la citada determinación a fin de que quede debidamente enterada de su contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales toda vez que no se exhibieron, ni de garantía alguna dado que no se abrió el incidente de suspensión. Por otra parte, dado que de autos no se advierte que obre la notificación de la sentencia definitiva a las autoridades responsables; por tanto, se ordena remitirles copia certificada de la misma a fin de que queden debidamente enteradas de su contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el nueve de abril del dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, Michoacán, el cual por cuestión de turno fue remitido al día siguiente a este juzgado, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se transcriben: La dilación procesal de la junta responsable para desahogar las pruebas admitidas en la tercería excluyente de dominio, así como la consecuente falta de emisión de la resolución, en los tiempos establecidos en la ley federal del trabajo para ese trámite. La omisión de la Presidente responsable en realizar los actos procesales que le corresponden conforme a la ley federal del trabajo, para ejecutar el laudo emitido en el juicio. Actos que estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la citada ley fundamental. SEGUNDO. Separación de juicios. Por auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, previa prevención, dentro del juicio de amparo V-297/2018, se ordenó la separación de juicios por lo que ve al acto reclamado señalado en el inciso b) La omisión de la Presidente responsable en realizar los actos procesales que le corresponden conforme a la ley federal del trabajo, para ejecutar el laudo emitido en el juicio. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; reservándose proveer respecto al llamamiento de a quienes les resultara el carácter de terceros interesados; se ordenó dar la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente juicio, en razón de materia y territorio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II, III y XII, de la Constitución General de la República; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción territorial de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto reclamado que propiamente constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, así como el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, atendiendo a la integridad de la demanda de amparo y constancias de las que proviene tal acto, se procede a realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado por la quejosa y que será materia de análisis en esta sentencia, consistentes en: La omisión del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en ejecutar los actos procesales que, a decir del quejoso, le corresponden para ejecutar el laudo en el juicio laboral ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al momento de rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que era cierto el acto reclamado, sin embargo de las constancias que remitió se advierte que contrario a lo manifestado por la responsable, los actos que se le reclaman son inexistentes Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral ********************que la autoridad responsable remitió a este juzgado en apoyo a su informe de ley; constancias a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 588, tomo V, segunda parte-2, enero a junio de 1990, Octava época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Ahora para demostrar la inexistencia del acto reclamado se hará una breve narración de los antecedentes del acto reclamado. El nueve de diciembre de dos mil diez se radicó la demanda laboral ********************interpuesta por ******************** en contra de ********************, al propietario de la fuente de trabajo consistente en una Fábrica de Tabique sin nombre, ubicada en la carretera Zinapécuaro, Michoacán así como a quien resulte responsable de la misma (foja 5 del tomo de pruebas). El catorce de abril de dos mil once se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 17 del tomo de pruebas). El diez octubre de dos mil doce se elaboró el proyecto de laudo (foja 34 del tomo de pruebas). El diecisiete de octubre de dos mil doce se dictó el laudo definitivo en el cual se condenó a la aquí tercera interesada al pago de $********************(********************.) en favor de ******************** y se le concedió el término de tres días para que diera cumplimiento voluntario al pago de la condena (fojas 40 a 43 del tomo de pruebas). La parte actora -aquí quejoso- presentó escrito el catorce de marzo de dos mil catorce, en el cual solicitó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje que dictara auto de requerimiento y/o embargo en contra de la C. ******************** Ceballos, solicitud que fue acordada el veintiuno de marzo de dos mil catorce (fojas 48 y 50 del tomo de pruebas). El catorce de mayo de dos mil catorce se realizó el requerimiento y embargo del bien inmueble registrado bajo el número ******************** del tomo ******************** de diecinueve de enero de 1995 del libro de propiedad correspondiente al distrito de Zinapécuaro a nombre de ******************** Ceballos, solicitando la parte actora se giraran los oficios correspondientes al Director del Registro Público de la Propiedad para la Inscripción del embargo (foja 51 del tomo de pruebas). El veintiuno de mayo de dos mil catorce la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado ordenó enviar el oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado para que registrara el embargo de catorce de mayo de dos mil catorce (foja 54 y 74 del tomo de pruebas), requerimiento que fue desahogado el veintiocho de mayo de dos mil catorce bajo el registro ********************, del tomo ********************, del libro de gravamen, del Distrito de Zinapécuaro (foja 75 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil catorce, la parte actora solicitó se designara perito valuador autorizado para que realizara la valuación del bien embargado (foja 84 del tomo de pruebas). El ocho de septiembre de dos mil catorce la autoridad responsable designó al Ingeniero Juan Hidalgo Martínez como perito valuador de los bienes embargados, dicho perito presentó el avalúo requerido ante la Junta responsable el veinte noviembre de dos mil quince (fojas 93 y 96 a 100 del tomo de pruebas). Mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil de dos mil dieciséis, la parte actora en el juicio de origen solicitó se señalara día y hora para la celebración de la audiencia de remate en primera almoneda, solicitud que fue acordada el uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 102 y 108 del tomo de pruebas); audiencia de remate que fue suspendida por virtud de la tercería excluyente de dominio promovida por ********************, la cual, por cierto, fue resuelta el seis de septiembre de dos mil dieciocho. Por escrito de veintiuno de junio de dos mil dieciséis el aquí quejoso solicitó la actualización de los salarios caídos desde la fecha que fue dictado el laudo correspondiente, se señale fecha de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo forzoso, así como día y hora para la realización de la diligencia de requerimiento y/o embargo (foja 135 del tomo de pruebas). En razón de dicha solicitud, el doce de julio de dos mil diecisiete la junta responsable actualizó los salarios caídos contados a partir del día siguiente de la última actualización (veintidós de marzo de dos mil catorce a la fecha de dicho auto y se le informó que la diligencia de ejecución ya se había materializado (foja 136 del tomo de pruebas). Ahora, la parte quejosa se duele de que la responsable ha omitido realizar los actos procesales que le corresponden para ejecutar el laudo emitido en el expediente laboral ******************** Sin embargo, tratándose de la etapa de ejecución de laudo, se requiere que exista solicitud de la parte vencedora en el juicio laboral para la prosecución de dicha etapa, esto es, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Toda vez que los artículo 519 y 521 de la Ley Federal del trabajo, disponen que la acción para solicitar la ejecución prescribe en dos años, lo que hace evidente que el sistema adoptado para el cumplimiento de lo resuelto difiere sustancialmente del que rige en el trámite del juicio, pues es evidente que dicha disposición sanciona la inactividad de las partes, ya que éstas están obligadas a impulsar la ejecución del laudo hasta lograr el pago de las cantidades condenas. Tiene aplicación la jurisprudencia 2ª/J.16/2011 de la Segunda Sala, consultable en la página 2772, tomo 4, diciembre de 2011, Décima época, materia laboral, Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Así como la jurisprudencia 2ª/J.15/2011 de la Segunda Sala, consultable en la página 2771, tomo 4, diciembre de 2011, Décima época, materia común, Semanario Judicial de la Federación de contenido siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, al no existir solicitud posterior a la del veintiuno de junio de dos mil dieciséis que no haya sido atendida por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje que impulse la etapa de ejecución del laudo, se advierte que no existe la omisión reclamada por la parte quejosa, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede a sobreseer el juicio. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por ********************, contra los actos atribuidos a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el último de sus considerandos de esta sentencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA RAMIRO RAMIREZ SÁNCHEZ EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE RESOLUCION; Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo solicitado por ********************, contra los actos atribuidos a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el último de sus considerandos de esta sentencia.

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