Ramiro Pozos González
Expediente 572/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/08/2021
Partes del expediente
- Ramiro Pozos González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
el proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.
- Principal
agréguese a sus autos la constancia de notificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso sí ratificó la demanda que promovió vía electrónica, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Uno, "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades y realizó diversas manifestaciones. Acto reclamado. Ahora, del análisis integral de la demanda de derechos humanos se advierte que en la presente instancia constitucional, el quejoso reclama: La falta de atención médica en la especialidad de angiología; y, La omisión de entregar calzado (zapatos y tenis). Desechamiento de la demanda. Atento a lo anterior, quien ahora resuelve procede a pronunciarse sobre los actos que por esta vía se reclaman, de conformidad con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Este órgano de control constitucional estima que respecto a los citados actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto citado, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la interpretación literal del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; y b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. Ahora, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige para su aplicación como condicionantes las siguientes: 1. Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que hace valer el quejoso. 2. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. 3. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. 4. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. De tal modo, como se dijo, en relación a los aludidos actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia mencionada, pues del estudio de las constancias que obran en los presentes autos se desprende que el quejoso pretenden combatir en esta vía, la falta de atención médica en la especialidad de angiología; y, la omisión de entregar calzado (zapatos y tenis). Así, en relación con lo anterior, se estima que el amparista debió agotar el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción invocada, pues en contra del acto reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 107, 115, 114, 116, 117, 130 y 131, establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud del cual puede ser revocado, modificado, o nulificado el acto aquí reclamado, como enseguida se observará. En efecto, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya observancia es de orden público y general, tanto en la Federación como en las Entidades Federativas, tiene entre otros fines, establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, las normas que deben de atenderse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas así como en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal como del local, según corresponda, quienes deberán garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y la propia Ley Nacional de Ejecución de Penas. Así, respecto al acto aquí reclamado, en el artículo 114, se prevé un procedimiento que puede traer como consecuencia su modificación, revocación o nulidad, pues por medio de ese procedimiento administrativo, las personas privadas de la libertad, como el ahora quejoso y, aquellas legitimadas en esa Ley para hacerlo valer a su favor. Como se precisó el aquí peticionario de amparo reclama: la falta de atención médica en la especialidad de angiología; y, la omisión de entregar calzado (zapatos y tenis). Ahora bien, de conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro en que se encuentra interno, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el quejoso, previo a promover demandada de amparo, debió presentar la petición de que se le dé contestación a las peticiones formuladas; lo que se traduce en cuestiones de internamiento, ante la autoridad penitenciaria que se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, posteriormente, de ser el caso, ante el Juez de Control o Ejecución. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 79/2018 (10a.), con número de registro 2018548, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título, subtítulo y texto, siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que las personas privadas de la libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo deben de agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución de Penal. Ello, porque dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus cuestiones de internamiento. Además el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de esta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger sus derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo de control establece que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente al resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es una acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones positivas correspondientes. Por otra parte, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. Asimismo, con relación a la excepción al principio de definitividad relativo al supuesto en que se aleguen violaciones directas a la Constitución, hace procedente el juicio de amparo sin agotar los procedimientos, recursos o medios de defensa ordinarios que la ley señale (en el caso los previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal); sin embargo, debe decirse que dicho supuesto de que únicamente se planteen ese tipo de violaciones, pero no para el caso en que se aleguen tanto contravenciones directas como indirectas al mismo tiempo, como en el caso que nos ocupa, en el que se reclama la falta de atención médica en la especialidad de angiología; y, la omisión de entregar calzado (zapatos y tenis); no pone en riesgo la vida del quejoso, ni se compromete gravemente su dignidad o integridad personal, al grado de equipararse a un tormento; regulado en los artículos 3, fracción XXV, 34 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal. Dicho de otra forma, tal excepción está reservada para el caso de que el quejoso sólo pueda atacar adecuadamente el acto reclamado (positivo o negativo) ante el órgano de control constitucional, en razón que no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones a la Constitución Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación (circunstancia que en el caso concreto no sucede como a la postre se evidenciara). Lo anterior no ocurre así, si es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación del acto que estima violatoria de derechos, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta el acto combatido, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la actuación u omisión reclamada, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad mencionado, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de amparo obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 224309, originada en el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, página 520, Materia Común, del rubro siguiente: "VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION, CUANDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS.". En efecto, si en la demanda de amparo se plantean violaciones directas e indirectas al Pacto Federal, no opera la salvedad a la aplicación de dicho principio; sin embargo, debe decirse que si bien en el caso particular, de la lectura integral de las manifestaciones que vierte en la cédula de notificación remitida, se advierte, entre otras cosas, que el quejoso de manera general reclama de la autoridad responsable la falta de cumplimiento al derecho a la salud consagrado en el artículo 4 Constitucional, lo cierto es que dicha trasgresión la hace derivar de la deficiente atención médica consistente en la negativa a la realización de diversos estudios médicos, que no recibe en el centro en el que se encuentra recluido, es decir, reclama de las autoridades responsables tanto una falta como deficiente prestación de los servicios de salud proporcionado, esto es, aspectos relacionados con las condiciones de su internamiento, reguladas por los artículos 3, fracción XXV, 34 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; de tal forma que además de violaciones directas a la Carta Magna, también se reclaman violaciones indirectas, lo que de suyo no configura la excepción al principio de definitividad que previene la Ley de Amparo. Bajo esa línea argumentativa, válidamente puede concluirse también que la falta de atención médica, que reclama el quejoso, son violaciones indirectas, pues conforme al análisis desarrollado de la Ley Nacional de Ejecución Penal en párrafos precedentes, se advierte que dicha legislación, tiene como objetivo, entre otras cosas, la tutela de todos aquellos medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias; parámetros observados, desde luego, para las personas privadas de la libertad ya sea en prisión preventiva, o bien, por virtud de la compurgación de una sentencia condenatoria, esto es, todos los aspectos relativos a las condiciones de internamiento, como lo es la atención médica requerida durante la estancia de dichas personas en los centros penitenciarios. Se cita como apoyo, en lo conducente la tesis de jurisprudencia XX. J/1, Registro: 205283, visible en la página 94, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, materia común, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD." Asimismo, a contrario sensu, la tesis de jurisprudencia, con número de registro IUS 237480, localizable en la página 119 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por los Plenos del Tercer Circuito, con registro electrónico 2017822, correspondiente a la Décima Época, con título, subtítulo y texto siguiente: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de das de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, número PC.XVII J/31 P (10a.), con registro electrónico 2022677, correspondiente a la Décima Época, del título, subtítulo y texto, siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera disímbola sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión o negativa de prestar el servicio médico o atención médica a personas que se encuentran en reclusión, pues para uno de ellos es improcedente cuando no se agota previamente el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que para el otro es procedente y no resulta necesario agotar el indicado mecanismo de control, al encontrarse en riesgo la vida, salud o integridad física de los internos, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica a las personas en reclusión, si se advierte una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el juicio de amparo resulta procedente de manera excepcional sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Justificación: Lo anterior, porque del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", respectivamente, se advierte que, por regla general, frente a las omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, debe agotarse el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, mediante un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados durante el procedimiento, el juzgador de amparo caso por caso deberá ponderar si la atención solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XX, en relación con el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo que permite desechar de plano la demanda de amparo, promovida por Ramiro Pozos González. En cuanto a las manifestaciones que vierte el quejoso en el sentido de que se solicite el expediente clínico y que no le ha sido proporcionado el cazado clínico que tiene autorizado por parte del traumatólogo, no ha lugar a tomarse en consideración dado lo acordado en líneas precedentes. Por otro lado, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el pedimento realizado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, ello en razón de que no ha sido debidamente integrada la litis en el presente asunto.
- Principal
el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado el seis de los cursantes, hace del conocimiento que el quejoso ya se encuentra en condiciones de ser notificado. Atento a lo anterior, comisiónese al actuario de la adscripción, para que con las medidas de seguridad pertinentes, se constituya en el Centro de Reclusión, donde se encuentra interno el quejoso y le notifique el proveído de cinco de los cursantes y lo requiera en los términos en él indicados, para estar en aptitud de continuar con la secuela procedimental del juicio de amparo en que e actúa.
- Principal
COMISIONADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL RINDE SU INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO...
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,636 expedientes
- Ramiro Legorreta Morales1924/2015
- Ramiro Legorreta Morales1543/2016
- Ramiro Ocaña Nicolás1246/2018
- Ramiro Pérez Moreno1714/2016
- Ramiro Pérez Moreno1715/2016
- Ramiro Pérez Moreno1171/2016
- Ramiro Pozos Gonzalez714/2017
- Ramiro Rangel Soto160/2013
- Ramiro Rizo Prado975/2017
- Ramiro Rizo Prado1977/2015
- Ramiro Rizo Prado876/2017
- Ramiro Soriano Gómez934/2019