Ramiro Ortiz Pérez

Expediente 940/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
940/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Ortiz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano, lo que hace equiparable este asunto al supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, y conforme al numeral 35 del mismo Acuerdo General y punto 7.4 denominado "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado; Es susceptible de depuración, Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, el auto en el que se concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada; Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 517/2022, del índice de este juzgado, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veintidós de agosto de la presente anualidad, se acordó respecto a su recepción. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de ocho de septiembre del actual, de la que se advierte que el directo quejoso RAMIRO ORTIZ PÉREZ, ratificó el escrito de demanda promovida a su favor por Javier Lavariega Hernández, en consecuencia se provee: La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. En el caso, el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Sola de Vega, Oaxaca; Síndica Municipal del Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; Agente de Policía de la Comunidad de Limoncillo, perteneciente al Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; Agente del Núcleo Rural de Unión y Progreso perteneciente al Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; Presidente Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca, y Comandante de la Policía Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; consistentes en la orden de detención y/o arresto, así como la privación ilegal de la libertad arbitraria dictada en su contra y la ejecución material. En auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano para que cesaran dichos actos, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Posteriormente, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, devolviendo parcialmente diligenciado el despacho 517/2022, del índice de este juzgado; en el que el Alcalde Tercero Constitucional Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca, informó que al constituirse en la cárcel del citado municipio no encontró recluida a ninguna persona, y que fue informado por la Síndico Municipal de ese lugar, que el directo agraviado RAMIRO ORTIZ PÉREZ, fue liberado el día dieciséis de agosto de dos mil veintidós a las diez horas, después de cumplir un arresto por una falta administrativa, quedando en libertad, y se corrobora con la diligencia de ocho de agosto del año en curso. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituirlo en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE: De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invoca, se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - -San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la diligencia de ocho de septiembre del actual, de la que se advierte que el directo quejoso RAMIRO ORTIZ PÉREZ, ratificó el escrito de demanda promovida a su favor por Javier Lavariega Hernández, en consecuencia se provee: La demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada. En el caso, el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Sola de Vega, Oaxaca; Síndica Municipal del Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; Agente de Policía de la Comunidad de Limoncillo, perteneciente al Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; Agente del Núcleo Rural de Unión y Progreso perteneciente al Municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; Presidente Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca, y Comandante de la Policía Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca; consistentes en la orden de detención y/o arresto, así como la privación ilegal de la libertad arbitraria dictada en su contra y la ejecución material. En auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano para que cesaran dichos actos, así como cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Posteriormente, por oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca, devolviendo parcialmente diligenciado el despacho 517/2022, del índice de este juzgado; en el que el Alcalde Tercero Constitucional Municipal de Santa Cruz Zenzontepec, Sola de Vega, Oaxaca, informó que al constituirse en la cárcel del citado municipio no encontró recluida a ninguna persona, y que fue informado por la Síndico Municipal de ese lugar, que el directo agraviado RAMIRO ORTIZ PÉREZ, fue liberado el día dieciséis de agosto de dos mil veintidós a las diez horas, después de cumplir un arresto por una falta administrativa, quedando en libertad, y se corrobora con la diligencia de ocho de agosto del año en curso. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte del directo quejoso, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituirlo en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, que dice: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE: De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invoca, se desecha de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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