Ramiro Nicolas Palma Martínez
Expediente 3/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramiro Nicolas Palma Martínez
- Ramiro Nicolas Palma Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En diverso orden de ideas, devuélvase a la Sala responsable el toca civil 332/2015 de su índice, y el testimonio del expediente 98/2011 del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro; que remitió con su informe justificado el cual obra en cuaderno de pruebas por separado (anexos I y II). Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de enero de dos mil dieciséis. Visto el oficio 15879 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa de este Circuito, por el que remite el original del juicio de amparo directo 885/2015, promovida por ********************, contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, así como el toca civil 332/2015 del índice de la aludida Sala, y testimonio del expediente 98/2011 del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro; por haberse declarado legalmente incompetente dicho Tribunal para conocer del mismo; acúsese el recibo correspondiente. En tal virtud, se acepta la competencia declinada, y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 3/2016. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no existe causa manifiesta e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la lectura del escrito de demanda, se conoce que el quejoso, reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca señalada como responsable, reclamo la resolución de fecha seis de noviembre de dos mil quince, dictada dentro del toca civil número 332/2015, misma que me fue notificada el nueve de noviembre del año en curso. De la ciudadana Juez Primero de lo Civil de esta ciudad de Oaxaca, reclamo la continuación del procedimiento que pretenda llevar adelante dentro del expediente civil 98/2011, de los índices de dicho Juzgado, mientras no haya causado estado la resolución dictada por la primera Sala Civil del H. Tribunal Superior de Justicia dentro del Toca Civil 332/2015. Por otra parte, de las manifestaciones vertidas por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, al narrar los hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado; mismas que constituyen una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haberlas realizado de manera clara y que, conforme a lo dispuesto en los diversos numerales 199 y 200 del código adjetivo en cita, gozan de pleno valor probatorio al haber sido emitidas por una persona capaz para obligarse, realizarse con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y tratarse de un hecho propio, pues, como se indicó, fue vertida por el impetrante bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias de autos, se conoce que: Ante el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, se tramita el expediente ordinario civil 98/2011, promovido por Armando Carrizosa Miguel y otros, en contra del aquí quejoso ********************, de quien demandaron la recisión del contrato de promesa de compra venta de catorce de julio de dos mil diez, entre otras prestaciones. Seguido el juicio por sus cauces legales, se dictó sentencia definitiva el nueve de diciembre de dos mil trece, en la que se condenó al demandado, al pago reclamado. El treinta y uno de marzo de dos mil quince, se tuvo a la parte actora, promoviendo incidente de cuantificación de costas e intereses, el cual se resolvió el veintiuno de agosto de ese mismo año. Contra tal determinación el quejoso interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado bajo el número de toca 332/2015 en segunda instancia. Por resolución de seis de noviembre de dos mil quince, dictada por la Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se declaró mal admitido el recurso de apelación y se ordenó el archivo del aludido toca como asunto concluido. Última determinación que aquí constituye el acto reclamado. Ahora, en contra de tal acto se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El precepto legal transcrito contiene una de las modalidades del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, según la cual éste es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales, conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo los casos que expresamente señala, y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el artículo 668, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establece: Artículo 668.- De los decretos y autos dictados por el Presidente de la Sala, aún de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación. De la transcripción anterior, se conoce que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente estuvo en condiciones de interponer el recurso de reposición, para combatir con ello la resolución de seis de noviembre de dos mil quince, que ahora impugna, en la que la Sala responsable determinó mal admitido el recurso de apelación promovido por el ahora quejoso, contra la resolución dictada en el incidente de cuantificación y costas e intereses promovido por la parte actora en el juicio civil 98/2011; ya que dicho medio de defensa tiene como efecto revocar modificar o nulificar el acto reclamado. Ello, en virtud de que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en que para estar en aptitud de ocurrir a promover dicha instancia, el particular debe agotar primero el medio de defensa que prevé la ley ordinaria, a efecto de lograr con ello modificar, revocar o nulificar el acto tildado de ilegal, lo anterior tiene como sustento el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, y que sólo puede ser accionado cuando el particular haya sufrido un agravio personal y directo, en sus derechos humanos. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Por tanto, si el quejoso no agotó dicho medio ordinario, y no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se trata de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y tampoco dicho acto afecta la libertad personal del quejoso, ni éste resulta ser extraño al procedimiento de origen, pues se trata de la parte demandada; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia analizada. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizadas únicamente para tales efectos a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente el quejoso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó, el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, encargado del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el periodo vacacional del titular; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sesión de uno de diciembre de dos mil quince, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/7105/2015 de la propia fecha, signado por el Secretario Técnico de la precitada Comisión; ante la Secretaria Virginia Reyes Aguilar, que autoriza y da fe.
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