Ramiro Moreno Carrera

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Moreno Carrera
  • Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar Contra las Mujeres del Distrito Judicial de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto ocho de abril del dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial de dieciocho de los actuales, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita para notificar a la parte quejosa y/o a su autorizado, la determinación de ocho de abril del año en curso, por los motivos expuestos en la misma. 1.1 Notificación por lista. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena la notificación del auto de ocho de abril del año en curso, del presente proveído, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. "AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS" 1. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *****, contra actos del Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 315/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. Al efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/42. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Actos reclamados. En el caso a estudio, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa son los siguientes: i) Del Juez de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las mujeres del Distrito Judicial de Acuña, en calidad de ordenadora, la totalidad del expediente familiar 24/2022 y el auto de radicación de treinta de marzo de dos mil veintidós. ii) Del Secretario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, en calidad de ordenadora, la totalidad del expediente familiar 24/2022 y el auto de radicación de treinta de marzo de dos mil veintidós. iii) Del Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, en calidad de ejecutora, la notificación de uno de abril de dos mil veintidós, dentro del auto de radicación de treinta de marzo de dos mil veintidós, en el expediente familiar 24/2022. Cabe señalar, que el quejoso ***, es parte demandada dentro de los autos del juicio familiar 24/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, de donde derivan los actos que por esta vía se combaten, lo anterior es así, en razón de lo manifestado por bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, pues al efecto refirió haber sido emplazado al mismo el uno de los actuales, dando contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, por escrito de cuatro del mes y año en curso, mediante el cual hizo valer excepciones y ofreció pruebas para acreditar su dicho. 3.2 Actos de imposible reparación. Lo anterior permite advertir que, por lo que hace al acto reclamado consiste en el auto de radicación del juicio familiar 24/2022, índice del Juzgado de Primera Instancia Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII3, en relación con el diverso 107, fracción V4, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, se obtiene que el amparo procede contra el acto que emane de un juicio que produzca una afectación irreparable a los derechos sustantivos de la persona reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales en que México es parte. a juicio de quien suscribe, el legislador advirtió la posibilidad de que una persona promoviera demandas de amparo contra los actos procesales que provienen de un juicio y que esto produjera la proliferación de varios juicios de amparo. Por tal motivo, consideró que hasta que se emita la resolución definitiva, resulta factible establecer si se materializaron violaciones a las leyes que rigen ese juicio, que afectaron las defensas de la persona y que todo esto trascendió al resultado del fallo. Sólo hasta ese momento, la persona afectada estará en posibilidad de controvertirlas mediante el amparo directo o el amparo adhesivo, según sea el caso. No obstante, de manera excepcional, previó la oportunidad de impugnar un acto dentro de un juicio conforme a la regla de procedencia, consistente en la irreparabilidad que produce un acto dentro del juicio. Así, del análisis de la demanda de garantías, se desprende que el auto de radicación del cual se duele la parte quejosa, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172, fracciones I y IV de la ley de la materia.5 Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, la promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes 3.3 Definitividad. Respecto al acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en la notificación de uno de abril de dos mil veintidós, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII6, en relación con el diverso 107, fracción IV7 de la Ley de Amparo. improcedente el juicio amparo indirecto cuando se reclaman actuaciones judiciales con relación a las cuales la ley prevé a favor del enjuiciado, dentro del procedimiento, algún recurso ordinario mediante el que exista la posibilidad de que sean modificadas, revocadas, o nulificadas. En efecto, de la interpretación relacionada de los artículos 107 fracción IV, de la Constitución General de la República y 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo, consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, no obstante que tal recurso no lo hubiere hecho valer la parte quejosa. Este principio, encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el quejoso acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la Unión. Lo anterior, salvo los casos de excepción que contempla el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, sin que la parte quejosa se encuentre en alguno de los supuestos de excepción previstos en dicha fracción, pues como se precisó con anterioridad la parte quejosa es parte demandada en el juicio de origen y por ende, está obligado a agotar los medios de defensa que la legislación procesal establezca, previamente a la interposición del juicio de amparo. Así, lo que caracteriza a un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es que respecto de tal acto no exista ningún recurso ordinario por el cual sea susceptible de ser revocado, modificado o nulificado. En tal virtud, el impetrante del amparo al ser parte demandada en el juicio de origen, no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento de origen, en relación con las actuaciones que de manera personal le generen perjuicio, y por tanto está en aptitud de ser oído en su defensa ante la propia autoridad responsable, por no desconocer las actuaciones relativas, y por ende, está obligado a agotar los medios de defensa que la legislación procesal establezca, previamente a la interposición del juicio de amparo. Esto es, no existe razón jurídica alguna que exima al impetrante del de amparo, en términos de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en dicha fracción, ya que al figurar en el proceso como parte demandada, no es ajeno al mismo, y por tanto, puede agotar el incidente de nulidad de notificaciones que establece el artículo 226, del Código de Procesal Civil para el Estado de Coahuila.8 Luego, si para la procedencia del juicio de amparo, como ya se hizo referencia, es presupuesto que la parte quejosa haga valer previamente los medios de defensa o recursos que la ley le otorga, y en el caso concreto, la ilegalidad de la notificación reclamada, puede ser impugnada a través del incidente de nulidad de notificaciones, al así establecerlo expresamente el artículo 226 del Código Procesal para el Estado de Coahuila, ello implica que previo al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar ese medio de impugnación que tiene el alcance de nulificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Tiene aplicación por analogía la tesis I.8o.C. 17 K9, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****. Se tiene como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado *****, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario de Acuerdo y Tramite del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en atención al requerimiento contenido en el acuerdo de veintiocho de marzo del año en curso. 1.1 Acuerdo. Al respecto, se tiene a la citada autoridad informando el estado procesal que guarda el expediente administrativo disciplinario ***; de lo que este juzgado queda enterado para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que dicha autoridad aduce en su oficio que remite vía correo ordinario copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente administrativo disciplinario ****, así como un disco compacto; una vez que se reciban se acordará lo conducente.

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