Ramiro Mendiola Bazaldúa

Expediente 1529/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1529/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Ramiro Mendiola Bazaldúa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós (foja 120), se dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria, con residencia en esta ciudad, mediante el cual anexa copia certificada del auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, con asiento en esta localidad, dentro de la carpeta procesal CP/133/2020, así como del oficio 4223/2022, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la primer autoridad citada en este párrafo, enviado al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de esta capital. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa mediante notificación electrónica en fecha treinta de junio de dos mil veintidós (foja 123), sin que hubiese desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia constitucional terminada de engrosar el cuatro de abril de dos mil veintidós (fojas 86 a 94), concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ".1. Dejar insubsistente la decisión de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020, decidió de plano el recurso de revocación interpuesto en contra de la multa impuesta al quejoso, en acatamiento a lo ordenado en acuerdo dictado en audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintiuno. 2. En su lugar, observando las consideraciones expuestas en el presente fallo, declare fundado el recurso, dejando insubsistente la multa decretada en cumplimiento a la determinación adoptada en audiencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 3. Ordenar la cancelación de dicha medida de apremio, cuya ejecución se comunicó al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a través del oficio 4990/2021, de cinco de agosto de dos mil veintiuno.". La sentencia de referencia causó ejecutoria el veinte de junio del año pasado (foja 108). Ahora bien, de las documentales remitidas por la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria, con residencia en esta ciudad, se desprende lo siguiente: Por lo que respecta al punto número 1 de los efectos de la concesión del fallo dictado en este asunto, precisado con anterioridad, por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, con asiento en esta localidad, dentro de la carpeta procesal CP/133/2020, ordenó dejar insubsistente la decisión de siete de septiembre de dos mil veintiuno, que decidió de plano el recurso de revocación interpuesto en contra de la multa impuesta al aquí quejoso (foja 117). En lo concerniente al punto número 2 -igual de dicha sentencia-, el Juez responsable en el citado auto -veintitrés de junio de dos mil veintidós- ordenó dejar insubsistente la multa decretada al impetrante de amparo Ramiro Mendiola Bazaldúa, en determinación de diecinueve de julio de dos mil veintiuno (foja 117). Finalmente, en lo correspondiente al efecto precisado en el punto número 3 del fallo protector dictado en este asunto y, siguiendo los lineamientos del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, con asiento en esta localidad, en la carpeta procesal CP/133/2020, se giró el oficio 4223/2022, de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria, con residencia en esta ciudad, dirigido al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado, del que se desprende que se ordena la cancelación de dicha medida de apremio -multa decretada al impetrante de amparo en determinación de diecinueve de julio de dos mil veintiuno-, lo que se había comunicado por diverso oficio número 4990/2020, de fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno, el que fuera enviado al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, residente esta ciudad, en el que consta el sello de recibo fechado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós (foja 118). Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que se dejó insubsistente la decisión de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020, de igual forma se dejó dejando insubsistente la multa decretada al aquí quejoso y se ordenó la cancelación de dicha medida de apremio, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo.". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, se ordena el archivo del presente asunto, junto con los cuadernos incidentales, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda, sentencia constitucional y cuaderno original del incidentes de suspensión, dado que en la especie se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez transcurrido el término de tres años a que refiere el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en líneas que anteceden, a partir de la fecha en que se dicta el presente proveído, hágase lo conducente conformé lo prevé el numeral 24 del mencionado acuerdo. En lo atinente al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción. Se ordena agregar copia electrónica de la presente determinación, dentro de los cuadernos incidentales derivados del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta procesal CP/133/2020, así como del oficio enviado al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, por el cual ordenó dejar sin efecto el diverso 4990/2020 de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dirigido al Jefe de la Ofician Fiscal del Estado, relativo a la multa que se impuso a Ramiro Mendiola Bazaldúa, equivalente a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese; y vía electrónica al quejoso, corriéndole traslado con copia del oficio que se provee y anexo.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".1. Dejar insubsistente la decisión de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020, decidió de plano el recurso de revocación interpuesto en contra de la multa impuesta al quejoso, en acatamiento a lo ordenado en acuerdo dictado en audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintiuno. 2. En su lugar, observando las consideraciones expuestas en el presente fallo, declare fundado el recurso, dejando insubsistente la multa decretada en cumplimiento a la determinación adoptada en audiencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. 3. Ordenar la cancelación de dicha medida de apremio, cuya ejecución se comunicó al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a través del oficio 4990/2021, de cinco de agosto de dos mil veintiuno." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización Vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y llegado el momento procesal oportuno se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, con número de registro: 2007295, publicada en la página 1378, del Tomo II, del mes de agosto de 2014, libro 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época, que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1529/2021; promovido por RAMIRO MENDIOLA BAZALDÚA, contra los actos que reclama del Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, ante el buzón Judicial de las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el día siguiente, compareció Ramiro Mendiola Bazaldúa, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DENTRO DE LA PRIEMRA REGIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. SALA DE AUDIENCIAS VICTORIA, con residencia en esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 07 de Septiembre del 2021, dictado dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020, mediante el cual se resuelve de plano el recurso de revocación interpuesto por el suscrito LIC. RAMIRO MENDIOLA BAZALDUA en contra de la resolución de fecha 19 de Julio del 2021, en donde se impuso una multa al suscrito por no haber comparecido a dicha audiencia que se programó el 19 de Junio del 2021, declarándose improcedente el recurso de revocación, estimando que la multa fue consecuencia de haber faltado a mis deberes conforme a la fracción III del Artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que no existe ninguna disposición legal que obligue a la responsable de hacerle saber que puede justificarse". Lo anterior, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1529/2021; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Con posterioridad, se tuvo como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad General de Investigación Número Cuatro, con sede en esta ciudad, a quien se ordenó llamar al presente juicio, hecho lo anterior, tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente al presente juicio, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos cuya ejecución material se actualiza en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el se obtiene que a la autoridad responsable Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, y a la Sala de Audiencias Victoria, ambas con sede en esta ciudad, se les reclama: La determinación de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020, mediante la cual, se resolvió de plano el recurso de revocación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Primer Distrito Judicial Dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por sí y en representación de la Sala de Audiencias Victoria, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama, y refiere que en fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno resolvió de plano el recurso de revocación planteado por el aquí quejoso dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020; por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Asimismo, con el disco versátil (DVD), el cual constituye prueba documental pública con el citado valor probatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, la jurisprudencia 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. Sin embargo, las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones. Antecedentes Relevantes Carpeta procesal El veintinueve de junio de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia intermedia dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020. Sin embargo, previo a dar curso a dicho audiencia, esta fue diferida para el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, a fin de contar con las condiciones jurídicas y materiales para desahogarla. En dicha audiencia, el Juez de Control determinó apercibir a las partes que en caso de no comparecer a dicha audiencia, se harían acreedores a una multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización. Así, el diecinueve de julio de dos mil veintiuno dentro de la audiencia intermedia, el Juez de Control de la Primera Región Judicial en el Estado determinó otorgar a Ramiro Mendiola Bazaldúa un término de veinticuatro horas para justificar su ausencia en la audiencia, apercibido de que en caso de no hacerlo, se le haría efectiva la multa de cuarenta Unidades de Medida y Actualización a que se le conminó. Lo que le fue debidamente notificado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno mediante correo electrónico defensoria200@hotmail.com, tal y como se advierte de la cédula de notificación suscrita por el Auxiliar Jurídico en Funciones de Jefe de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria. Posteriormente, mediante oficio número 4990/2021 de cinco de agosto de dos mil veintiuno se hizo efectiva la multa impuesta a Ramiro Mendiola Bazaldúa, ante el incumplimiento al requerimiento efectuado en la audiencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $3,584.80 (tres mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta centavos, moneda nacional), equivalente a cuarenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, como medida de apremio. Recurso de revocación Inconforme, por escrito de seis de septiembre de dos mil veintiuno, Ramiro Mendiola Bazaldúa interpuso recurso de revocación contra dicha determinación. El siete de septiembre de dos mil veintiuno el Juez de Control resolvió dicho medio impugnativo declarándolo improcedente, argumentando para ello que existía registro en autos que el aquí quejoso estaba notificado de la audiencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno en la que se le hizo saber el día, hora y el medio por el cual se llevaría a cabo la audiencia de diecinueve de julio de dicha anualidad, en la que no estuvo presente no obstante estar debidamente notificado, faltando a sus deberes de acuerdo a lo establecido en el artículo fracción III del artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que la imposición de la multa fue una consecuencia de lo anterior. Aunado a ello, argumentó que no existía disposición legal que lo obligara a hacerle saber que podía justificar su inasistencia, pues conforme a los deberes, interés y conocimiento jurídico del aquí quejoso pudo haberlo hecho, sin que ello aconteciera. Análisis de los conceptos de violación El aquí quejoso aduce en esencia que la determinación es contraria a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no se le dio oportunidad de justificar su inasistencia a la audiencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, al no habérsele requerido previamente para justificarse, por ende, la multa aplicada es inconstitucional. Que considera inconstitucional el argumento sustentado por la responsable en el sentido de que faltó a sus deberes como lo establece el numeral 117 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque refiere que la responsable da por hecho que dejó de asistir de manera dolosa, y que faltó a sus deberes porque tenía obligación de estar presente, estableciendo un criterio cerrado en donde no cabe justificación alguna, y no se le concedió ningún término para justificar la inasistencia. Que no estuvo notificado de ningún requerimiento en donde se le exigiere justificar inasistencia, que es inconstitucional y violatorio de garantías y derechos humanos la decisión de la responsable, porque a su juicio si existe precepto legal que lo obliga a dar oportunidad al justiciable, de justificar su inasistencia, ya que por mandato de los artículos 14 y 16 Constitucionales, obligan a los jueces a formular apercibimientos, como advertencias de las consecuencias que acarrearía dejar de cumplir lo ordenado, y que los medios jurídicos son instrumentos jurídicos para que los tribunales hagan cumplir coactivamente sus resoluciones, y en consecuencia, debe haber como requisito mínimo el apercibimiento, y se debió requerir para justificar su inasistencia. Que la multa es inconstitucional, ya que en su concepto la interpretación restrictiva deja a discrecionalidad del juez el hacer uso de la fuerza pública, la amonestación, la multa en cualquier cantidad, sin que medie una prevención al gobernado sobre lo que debe hacer o no, y por ello considera que el apercibimiento es un requisito que debe mediar ante cualquier medida de apremio. Como apoyo a sus argumentos citó los criterios con registro digital 189438 y 2022076. Los anteriores argumentos vertidos por el quejoso son fundados, y suficientes para conceder el amparo pedido, por las razones que a continuación se exponen: En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El citado artículo prevé que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; entendiéndose por lo primero, que la autoridad deberá expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deberán señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, en el caso particular, el acto reclamado consiste en la imposición de una medida de apremio dictada dentro de un procedimiento judicial que se rige bajo el sistema penal acusatorio. Dentro de ese procedimiento, como regularmente ocurre en otros casos, las medidas de apremio (como la multa), son una facultad coactiva otorgada al juzgador para obtener el cumplimiento de sus determinaciones. La facultad del órgano jurisdiccional de hacer uso de la multa como medida coercitiva en vía de apremio, tiene como objetivo principal obligar al contumaz al cumplimiento de sus mandatos; dicha providencia encuentra sustento constitucional en el artículo 17, párrafo sexto, de nuestra Carta Magna y está legalmente reconocida por el numeral 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, éste último dispone: "Artículo 104. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordenen en el ejercicio de sus funciones: (.) II. El Órgano jurisdiccional contará con las siguientes medidas de apremio: a) Amonestación; b) Multa de veinte a cinco mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; c) Auxilio de la fuerza pública, o d) Arresto hasta por treinta y seis horas. El Órgano jurisdiccional también podrá ordenar la expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la diligencia. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste sea debidamente notificado a la parte afectada. El Órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán dar vista a las autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación aplicable." Dicha disposición legal establece que, para el cumplimiento de los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones, la autoridad judicial puede emplear como medio de apremio una amonestación, una multa, el auxilio de la fuerza pública o el arresto hasta por treinta y seis horas, con la condición de que su determinación debe estar fundada y motivada (en congruencia con lo que establece el artículo 16 Constitucional). Esas medidas coercitivas tienen como única finalidad conseguir el cumplimiento de las determinaciones adoptadas por la autoridad judicial en ejercicio de su función, obligando a su destinatario a que las acate. Ahora bien, aunque el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no especifica el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, pues sólo enumera cuáles de ellas se pueden aplicar, la autoridad judicial debe emitir su mandamiento bajo las condiciones establecidas por el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 Constitucional, a fin de que el gobernado tenga la certeza de que dicho acto se emitió cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables al caso y de acuerdo con las atribuciones legales de la autoridad que lo emite. Esto significa que debe existir una prevención especial de la autoridad judicial hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, donde se especifique lo que debe hacer o dejar de hacer el gobernado para cumplir con el mandato judicial, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que para que la aplicación de una medida de apremio se considere legalmente impuesta, deben reunirse los siguientes requisitos: 1. Que previamente se aperciba con su imposición; 2. Que conste en forma indubitable que la persona a la que se pretenda imponer la medida correspondiente, conoce a qué se expone en caso de desacato o resistencia a lo que ordena la autoridad judicial; y, 3. Que la persona a quien se imponga la sanción, sea la que efectivamente haya contravenido lo ordenado por el juzgador. Las constancias y registros que se allegaron al presente juicio, ponen en evidencia que el veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, el Juez de Control responsable reprogramó para las diez horas del diecinueve de julio del mismo año, la audiencia intermedia; y en dicha diligencia citó a los involucrados en la carpeta procesal CP/0133/2020, así como entre otros, al defensor particular de José Roberto Olivares Munjuca (aquí quejoso), para que se presentaran a la audiencia intermedia. Llegada la fecha señalada -diecinueve de julio de dos mil veintiuno- la autoridad judicial aperturó la audiencia y, una vez que escuchó a las partes que se encontraban presentes, reprogramó la audiencia intermedia, a virtud de que defensores públicos de diversos coacusados no comparecieron por encontrarse dentro de su periodo vacacional, y por el Fiscal que acudió a la misma manifestó no estar impuesto de la carpeta procesal, por haber sido designado en esa propia fecha; de igual forma, tampoco fue presente el licenciado Ramiro Mendiola Bazaldúa, defensor particular de José Roberto Olivares Munjuca; en torno a esto último, en dicha diligencia, (minuto 00:19:20) además el Juez de Control del conocimiento, otorgó el plazo de veinticuatro horas al citado defensor particular, para que previo a la imposición de la multa con que se apercibió en la audiencia de veintinueve de junio del mismo año, justificara la causa de su inasistencia y ordenó notificarle dicha decisión conforme al medio autorizado para tal efecto. Consta en autos que a fin de notificar lo anterior el Auxiliar Jurídico en Funciones de Jefe de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria, de la Sala de Audiencias Victoria, con sede en esta ciudad, vía correo comunicó textualmente lo siguiente: "CEDULA DE NOTIFICACIÓN. NOMBRE: LIC. RAMIRO MENDIOLA BAZALDÚA. (DEFENSOR PARTICULAR). CORREO ELECTRÓNICO: defensoria200@hotmail.com. DENTRO DE LOS AUTOS DE LA CARPETA PROCESAL NÚMERO CP/0133/2020, INSTRUIDA EN CONTRA DE LOS ACUSADOS JUAN OSIEL CRUZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ROBERTO OLIVARES MUJICA, ALFREDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RIVERA HERNÁNDEZ, Y VIRIDIANA SARAI MONTES IBARRA, POR EL HECHO DELICTUOSO DE HOMICIDIO CALIFICADO Y OTROS, EL JUEZ DE CONTROL DEL PRIMER DISTRITO, DENTRO DE LA PRIMERA REGIÓN JUDICIAL, ORDENÓ NOTIFICAR A USTED MEDIANTE AUDIENCIA INTERMEDIA DE FECHA 19 DE JULIOO DE 2021, PARA HACERLE DEL CONOCIMIENTO QUE DICHA AUDIENCIA NO PUDO LLEVARSE ACABO POR QUE NO SE ENCONTRABAN LAS CONDICIONES JURÍDICAS Y MATERIALES PARA SU DESAHOGO, Y LA MISMA SE REPROGRAMÓ PARA EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 09:00 HORAS, MEDIANTE APLICACIÓN "ZOOM", CON ID DE REUNIÓN: 826 8781 2833 , CON CÓDIGO DE ACCESO: 594691, EN LA CUAL SE PODRÁ DESAHOGAR LA ETAPA INTERMEDIA, ESTO EN ATENCIÓN A LAS MEDIDAS DE SALUD, ANTE LA CONTIGENCIA ACTUAL EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS, POR LO QUE SE LE EXHORTA DESCARGUE LA APLICACIÓN DE MANERA GRATUITA, A TRAVÉS DE CUALQUIER DISPOSITIVO CON CONEXIÓN A INTERNET (TABLET, LAPTOP, TELÉFONO INTELIGENTE). CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 82 FRACCIÓN I, INCISO B) Y83 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PROCEDE AL ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO DE LA PRESENTE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN, INFORMÁNDOLE QUE CON ESTE ACTO QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO, SURTIENDO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL, LICENCIADO JUAN FRANCISCO PEÑA GUTIÉRREZ, AUXILIAR JURÍDICO EN FUNCIONES DE JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE CAUSA DE LA SALA AUDIENCIAS VICTORIA, DE LA PRIMERA REGIÓN JUDICIAL DEL ESTADO.- LICENCIADO JUAN FRANCISCO PEÑA GUTIÉRREZ. AUXILIAR JURÍDICO, EN FUNCIONES DE JEFE DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS DE LA SALA DE AUDIENCIAS VICTORIA. Carpeta Procesal: CP/0133/2020 MNJ" Posteriormente, por oficio 4990/2021, de cinco de agosto de dos mil veintiuno, la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causas de la Primera Región del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, giró instrucciones al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas Victoria, Tamaulipas, a efecto de que se hiciera efectiva la multa impuesta al aquí quejoso por incumplimiento a su requerimiento de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, por la cantidad de $3,584.80 (TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 80/100 MONEDA NACIONAL), equivalente a (40) veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, como medida de apremio, ello con fundamento en lo dispuesto por el numeral 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como se anticipó, resulta esencialmente fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, en virtud de que el proceder de la responsable al declarar improcedente el recurso de revocación intentado por el inconforme, conculcó su derecho fundamental contenido en el artículo 16 Constitucional, puesto que no obstante que se otorgó al aquí quejoso un plazo de veinticuatro horas para justificar la causa de su inasistencia a la audiencia intermedia programada para el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, y se le apercibió para el caso de no cumplir dentro del plazo concedido se aplicaría el medio de apremio consistente en una multa por el equivalente a cuarenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, con que se apercibió de manera personal el veintinueve de junio aludido; dicho apercibimiento no fue notificado al aquí quejoso por el medio autorizado. En efecto, basta con dar lectura al correo enviado por el Auxiliar Jurídico en Funciones de Jefe de Seguimiento de Causas de la Sala de Audiencias Victoria, para percatarse que a través de él, únicamente se informa al quejoso la reprogramación de la audiencia intermedia, nueva fecha, hora y lugar a través del cual se llevaría a cabo, así como el ID de reunión y código de acceso del mismo; empero, en forma alguna fue enterado el citado profesionista del requerimiento efectuado por el Juez de Control en la audiencia de referencia, en el sentido de que se le otorgaba el plazo de veinticuatro horas, para que justificara la causa de su inasistencia a dicha audiencia, en el que se apercibió para el caso de no acreditar la causa de su inasistencia, se impondría la medida de apremio con que se conminó de manera personal en la audiencia de veintinueve de junio del mismo año. Pues si bien, el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta a la autoridad judicial responsable a imponer dicha medida de apremio a fin de que se cumplan los actos que ordena en el ejercicio de sus funciones, para que su decisión cumpliera con la garantía de legalidad consagrada en el numeral 16 Constitucional, era necesario que le hiciera saber al afectado aquella determinación que emitió en la audiencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en concreto el requerimiento para que dentro de veinticuatro horas justificara la causa de su inasistencia, y que el hecho de no acreditar dentro del plazo de veinticuatro horas su inasistencia a la audiencia intermedio que fue programada para el diecinueve de julio aludido, podría hacerlo acreedor a una multa. Situación que en la especie no aconteció. Lo que se torna relevante si se considera que la consecuencia legal que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de que el defensor de un implicado falte injustificadamente a la audiencia, es la declaratoria de abandono de defensa por parte del profesionista designado y el nombramiento de un defensor público para que asista al imputado durante la misma (salvo que designe de inmediato otro defensor). Esto quiere decir que como la legislación procesal no contempla en automático la imposición de una medida de apremio al defensor que deje de asistir al desarrollo de una audiencia, sin causa justificada. Sin embargo, contrario a lo sustentado por el Juez de Control responsable en la determinación reclamada, la autoridad judicial responsable tenía la obligación de hacerle saber aquella decisión que emitió a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, esto es, que al no haber atendido a la citación respectiva, y no justificar dentro del plazo concedido la causa de su inasistencia podía llegar a imponérsele una medida de apremio, a fin de que constara en forma indubitable que el sujeto procesal obligado, que en este caso resultó ser el quejoso Ramiro Mendiola Bazaldúa, quien funge como defensor particular de José Roberto Olivares Munjuca conocía a qué se exponía en caso de desacato o resistencia a lo que ordenó el Juez de Control. Por lo tanto, la ausencia de esa notificación que le permitiera al quejoso tener la certeza de que el acto reclamado se emitió cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables al caso y de acuerdo con las atribuciones legales de la autoridad que lo emitió, vulneró su derecho fundamental consagrado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el Juez del conocimiento, debió declarar procedente el recurso intentado; de ahí que resulte procedente conceder la protección constitucional solicitada para subsanar esa violación en perjuicio del impetrante. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a la Sala de Audiencias Victoria, toda vez que no se les atribuyen vicios propios en la ejecución de la resolución dictada por la autoridad judicial responsable. Es aplicable en ese sentido, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución". SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, una vez que la presente sentencia quede firme, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región Judicial del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, deberá de realizar lo siguiente: Dejar insubsistente la decisión de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro de la carpeta procesal CP/0133/2020, decidió de plano el recurso de revocación interpuesto en contra de la multa impuesta al quejoso, en acatamiento a lo ordenado en acuerdo dictado en audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintiuno. En su lugar, observando las consideraciones expuestas en el presente fallo, declare fundado el recurso, dejando insubsistente la multa decretada en cumplimiento a la determinación adoptada en audiencia de diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Ordenar la cancelación de dicha medida de apremio, cuya ejecución se comunicó al Jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a través del oficio 4990/2021, de cinco de agosto de dos mil veintiuno. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ramiro Mendiola Bazaldua, contra el acto que reclamó al Juez de Control del Primer Distrito Judicial dentro de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, y la Sala de Audiencias, ambas con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el sexto considerando de este fallo, para los efectos precisados en el último considerando. Notifíquese; personalmente al quejoso por la vía electrónica, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy cuatro de abril de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Con lo que se da por terminada la audiencia. Doy fe.

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