Ramiro Macedo Dominguez
Expediente 1102/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ramiro Macedo Dominguez
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 1102/2020-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal al tercero interesado ********************, la sentencia de uno de julio del año en curso, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. ********************* Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1102/2020-II, promovido por RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, por propio derecho y con el carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito depositado el veinte de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado al veintitrés del mismo mes y año, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, por propio derecho y con el carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, radicándola con el número 1102/2020-II, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida, inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; siendo que la autoridad responsable radica en este Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado de la Primera Sala de dicho Tribunal: El auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/274/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se ordenó hacer efectivo el apercibimiento de multa ordenado en auto de ocho de agosto del mismo año, y su ejecución al Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, así como los gastos de ejecución por requerimiento del pago originados por ésta. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado, a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; toda vez que al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente negó la existencia del acto reclamado. Sin que la quejosa hubiese desvirtuado la negativa que sostuvo la autoridad responsable, máxime que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos correspondes a los Magistrados de las Salas de Instrucción y Especializadas lo relativo a la substanciación de los juicios de nulidad, siendo en la especie quien emitió el acto reclamado el Magistrado de la Primera Sala del multicitado Tribunal. En consecuencia, como el impetrante no ofreció medio de convicción para desvirtuar esa negativa; con apoyo en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio, respecto del acto y autoridad citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página 236, Tomo VI, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo señalaron las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto el Tribunal responsable exhibió fotocopias certificadas de diversas constancias que integran el expediente TJA/1aS/274/16, de las que se advierte la existencia de acto reclamado. De igual forma, las responsables Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, con su informe remitieron fotocopia certificada del expediente MEJ20191560. A las documentales indicadas, se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrimen el impetrante de amparo, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. Atento a lo manifestado por la autoridad jurisdiccional responsable, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/274/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se ordenó hacer efectiva el apercibimiento de multa ordenado en auto de ocho de agosto del mismo año combatido por la parte quejosa ha cesado al haberse emitido el acuerdo de diez de marzo del dos mil veintiuno, en el que dejó sin efectos la multa a que hizo referencia así como la orden de cobro respectiva, cuyos efectos se concretizaron por acuerdo de trece de abril del año en curso, mediante el cual tuvo por recibido el oficio del Director General de Recaudación, informando que canceló la multa impuesta mediante oficio 856/1a.S/2019 en contra del peticionario de amparo identificada con el número de crédito MEJ20191560, quedando como finalizada en el Sistema Integral de Ingresos y con estatus de concluido. Esto es así, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, remitió copia certificada del oficio DGR/CAC/MJ/1993/2021-03 signado por el Director General de Recaudación; así como de los acuerdos emitidos el diez de marzo del año en curso y el trece de abril siguiente, por medio cual se desprende la cancelación de la multa impuesta al aquí quejoso. En ese sentido, se estima que el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/274/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se ordenó hacer efectiva el apercibimiento de multa ordenado en auto de ocho de agosto del mismo año reclamado a la autoridad responsable, cesó en sus efectos al haberse emitido el proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, en el que ordenó girar oficio a la autoridad recaudadora con el objeto de hacerle del conocimiento la cancelación de la multa impuesta y por ende del cobro de la misma, lo que se materializó el trece de abril del dos mil veintiuno, por virtud del cual tuvo por recibido el oficio del Director General de Recaudación, informando que canceló la multa impuesta mediante oficio 856/1a.S/2019 en contra del peticionario de amparo identificada con el número de crédito MEJ20191560, quedando como finalizada en el Sistema Integral de Ingresos y con estatus de concluido. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veinte de noviembre de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable el diez de marzo de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acto reclamado, pues incluso el trece de abril siguiente tuvo por recibido el oficio del Director General de Recaudación, informando que canceló la multa impuesta mediante oficio 856/1a.S/2019 en contra del peticionario de amparo identificada con el número de crédito MEJ20191560, quedando como finalizada en el Sistema Integral de Ingresos y con estatus de concluido. Por ende, se advierte que la autoridad responsable con el dictado del auto de diez de marzo del dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos del acto reclamado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, se pronunció en torno a la cancelación de la multa impuesta en auto de auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/2474/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que se reclama en esta instancia constitucional Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía violada, puesto que la responsable emitió un auto en el que ordenó la cancelación de la multa que por esta vía se reclama, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente se dice fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsable Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, en virtud de que no se impugno por vicios propios. Por lo expuesto, y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. promovido por RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, por propio derecho y con el carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos señalados en los considerandos tercero y último. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy uno de julio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado así lo permitieron, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1102/2020-II, promovido por RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, por propio derecho y con el carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito depositado el veinte de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado al veintitrés del mismo mes y año, RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, por propio derecho y con el carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, radicándola con el número 1102/2020-II, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida, inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; siendo que la autoridad responsable radica en este Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Magistrado de la Primera Sala de dicho Tribunal: El auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/274/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se ordenó hacer efectivo el apercibimiento de multa ordenado en auto de ocho de agosto del mismo año, y su ejecución al Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, así como los gastos de ejecución por requerimiento del pago originados por ésta. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado, a la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; toda vez que al rendir su informe justificado por conducto de su Presidente negó la existencia del acto reclamado. Sin que la quejosa hubiese desvirtuado la negativa que sostuvo la autoridad responsable, máxime que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos correspondes a los Magistrados de las Salas de Instrucción y Especializadas lo relativo a la substanciación de los juicios de nulidad, siendo en la especie quien emitió el acto reclamado el Magistrado de la Primera Sala del multicitado Tribunal. En consecuencia, como el impetrante no ofreció medio de convicción para desvirtuar esa negativa; con apoyo en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio, respecto del acto y autoridad citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página 236, Tomo VI, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo señalaron las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Al respecto el Tribunal responsable exhibió fotocopias certificadas de diversas constancias que integran el expediente TJA/1aS/274/16, de las que se advierte la existencia de acto reclamado. De igual forma, las responsables Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, con su informe remitieron fotocopia certificada del expediente MEJ20191560. A las documentales indicadas, se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que esgrimen el impetrante de amparo, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad de los actos reclamados. Atento a lo manifestado por la autoridad jurisdiccional responsable, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/274/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se ordenó hacer efectiva el apercibimiento de multa ordenado en auto de ocho de agosto del mismo año combatido por la parte quejosa ha cesado al haberse emitido el acuerdo de diez de marzo del dos mil veintiuno, en el que dejó sin efectos la multa a que hizo referencia así como la orden de cobro respectiva, cuyos efectos se concretizaron por acuerdo de trece de abril del año en curso, mediante el cual tuvo por recibido el oficio del Director General de Recaudación, informando que canceló la multa impuesta mediante oficio 856/1a.S/2019 en contra del peticionario de amparo identificada con el número de crédito MEJ20191560, quedando como finalizada en el Sistema Integral de Ingresos y con estatus de concluido. Esto es así, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, remitió copia certificada del oficio DGR/CAC/MJ/1993/2021-03 signado por el Director General de Recaudación; así como de los acuerdos emitidos el diez de marzo del año en curso y el trece de abril siguiente, por medio cual se desprende la cancelación de la multa impuesta al aquí quejoso. En ese sentido, se estima que el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/274/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que se ordenó hacer efectiva el apercibimiento de multa ordenado en auto de ocho de agosto del mismo año reclamado a la autoridad responsable, cesó en sus efectos al haberse emitido el proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, en el que ordenó girar oficio a la autoridad recaudadora con el objeto de hacerle del conocimiento la cancelación de la multa impuesta y por ende del cobro de la misma, lo que se materializó el trece de abril del dos mil veintiuno, por virtud del cual tuvo por recibido el oficio del Director General de Recaudación, informando que canceló la multa impuesta mediante oficio 856/1a.S/2019 en contra del peticionario de amparo identificada con el número de crédito MEJ20191560, quedando como finalizada en el Sistema Integral de Ingresos y con estatus de concluido. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veinte de noviembre de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable el diez de marzo de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acto reclamado, pues incluso el trece de abril siguiente tuvo por recibido el oficio del Director General de Recaudación, informando que canceló la multa impuesta mediante oficio 856/1a.S/2019 en contra del peticionario de amparo identificada con el número de crédito MEJ20191560, quedando como finalizada en el Sistema Integral de Ingresos y con estatus de concluido. Por ende, se advierte que la autoridad responsable con el dictado del auto de diez de marzo del dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos del acto reclamado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, se pronunció en torno a la cancelación de la multa impuesta en auto de auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, relativo al expediente TJA/1aS/2474/16 del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que se reclama en esta instancia constitucional Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía violada, puesto que la responsable emitió un auto en el que ordenó la cancelación de la multa que por esta vía se reclama, restituyéndose así la garantía constitucional que inicialmente se dice fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsable Titular de la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Notificador y/o Ejecutor Fiscal adscrito a la mencionada Dirección General de Recaudación, en virtud de que no se impugno por vicios propios. Por lo expuesto, y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. promovido por RAMIRO MACEDO DOMÍNGUEZ, por propio derecho y con el carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo de Puente de Ixtla, Morelos, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, por los motivos señalados en los considerandos tercero y último. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy uno de julio de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado así lo permitieron, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
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