Ramiro Javier Blancas Espinosa

Expediente 807/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
807/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Ramiro Javier Blancas Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. Hágase notar que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Orden de destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno ofrecido como prueba que devolver a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón de la actuaria judicial adscrita, de la cual, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el contenido del auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, por las razones que expone. En consecuencia, se ordena la notificación del acuerdo referido, de este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE FECHA CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y EL PRESENTE PROVEIDO. El Licenciado Juan Lara de la Rosa, actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, notifico al quejoso por LISTA que se fija en los estrados del juzgado de mi adscripción el proveído de cinco y veintinueve, ambos del mes de julio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo 807/2021 del índice del juzgado de mi adscripción que en síntesis dice: PROVEÍDO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Ramiro Javier Blancas Espinosa, contra actos del licenciado José Felipe García Díaz, Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. . . . III. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". Lo anterior es así, debido a que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se inicie dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; debido a que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Ramiro Javier Blancas Espinosa, carece de la firma autógrafa así como de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, debido a que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sostienen lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales: . . . En ese orden de ideas, es dable concluir que, ante la falta de firma electrónica y autógrafa, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página trescientos catorce, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA". De ahí que se desecha la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. . . . PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos la razón de la actuaria judicial adscrita, de la cual, se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el contenido del auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, por las razones que expone. En consecuencia, se ordena la notificación del acuerdo referido, de este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE FECHA CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y EL PRESENTE PROVEIDO. LO QUE HAGO DEL CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Ramiro Javier Blancas Espinosa, contra actos del licenciado José Felipe García Díaz, Agente del Ministerio Público adscrito a los Juzgados del Distrito Judicial de Otumba, Estado de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Decisión sobre la instancia constitucional. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". Lo anterior es así, debido a que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se inicie dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; debido a que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica por Ramiro Javier Blancas Espinosa, carece de la firma autógrafa así como de firma electrónica, pues no contiene la evidencia de seguridad criptográfica a que se refiere el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, así como de la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), de la demanda que obra en el expediente que se actúa. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, debido a que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sostienen lo anterior, los siguientes criterios jurisprudenciales: . . . No es inadvertido el periodo excepcional de actividades; sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal, en Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, estableció la regulación aplicable para las causas en que se promoviera de la forma en que se pretende, de donde se obtiene que la presentación de la demanda vía electrónica no exime a los promoventes del cumplimiento a los requisitos del artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, así como del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura en sus artículos 3 fracción I, 6, 10 y 14 segundo párrafo, de ahí que, se estime improcedente la demanda, no obstante su presentación vía electrónica. Domicilio y autorizados. Con relación con el correo electrónico 12207270@pjedomex.gob.mx, dígasele que se tienen por señalado únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Toda vez que la parte quejosa señaló correo electrónico para oír y recibir notificaciones; con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y numeral 26, fracción III, de la Ley de la Materia, téngase como tal la lista que se publica en los estrados de este juzgado; ello, hasta en tanto señale uno diverso en la residencia de este órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, dígase que por única ocasión y por el sentido del auto, se ordena notificar personalmente por correo electrónico 12207270@pjedomex.gob.mx que indica en su escrito de demanda Acceso expediente electrónico Ahora bien del escrito presentado, solicita se autorice acceso al expediente electrónico, por lo cual, dígase al promovente que toda vez que omite señalar el usuario/Firma Electrónica, medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial Federal, para consultar el presente juicio de amparo, una vez que proporcione el mismo se acordará lo conducente. Autorizados Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, a Marisol Martínez Espinosa y Julieta Christel Valencia Téllez, así como a los C. Laura Otilia Sánchez Álvarez, Rocío Oliva Franco, Miguel Ángel Arenas Martínez, Luis Gerardo Bravo González, Miguel Jesús Márquez Pérez, Brayan Geovanni García Vargas, Sebastián Jasiel Andrade González, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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