Ramiro Huertas Armas
Expediente 292/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ramiro Huertas Armas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de abril de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA. Al haber trascurrido la temporalidad prevista en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya impugnado dicho proveído, se declara que el mismo ha causado ESTADO. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....II
- Principal
...Notifíquese personalmente...II
- Principal
Previo AVISO, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte QUEJOSA y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el(la) auto/resolución de OCHO de ABRIL de 2021, en el/la que se determinó:... PREVENCIÓN CUMPLIDA. Se tiene a Juan Roberto Ramírez González, en su carácter de autorizado de los quejosos Ramiro Huerta Armas y Gustavo Peña Huerta, cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de veintitrés de marzo del año en curso, para lo cual manifiesta que el acto que reclaman los quejosos es "la ilegal acusación formal y por escrito en contra de los imputados". DESECHAMIENTO. Con vista en lo anterior, analizado en su integridad el escrito de demanda y escrito aclaratorio que se provee, la suscrita advierte que en el caso que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente y, por lo tanto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al examinar la demanda, se estima actualizada, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y en correspondencia con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: Ley de Amparo:Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; . "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ...". Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De los preceptos transcritos se infiere con claridad que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien, una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo; y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyos rubro y texto son:...Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en sentido contrario, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6 de la ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes:...En el caso, el acto reclamado por los quejosos Ramiro Huerta Armas y Gustavo Peña Huerta, no incide de forma real y actual en su esfera de derechos, en tanto que, mediante ese acto, la autoridad señalada como responsable no les ha afectado ningún derecho subjetivo, pues la acusación que formula en su contra el agente del Ministerio Público dentro del proceso penal que se les sigue, sin duda, no crea ninguna situación jurídica que les afecte ni modifica o extingue alguna otra circunstancia que esté vinculada directamente con sus derechos subjetivos, único supuesto en el que pueden acudir al amparo indirecto. Lo anterior, porque la formulación de la acusación es un acto procesal mediante el cual el agente del Ministerio Público, después de la fase de investigación complementaria, determina de manera definitiva su teoría del caso y expone a la autoridad judicial y a las demás partes cuáles son los medios de prueba con los que acreditará los extremos de sus afirmaciones ante el tribunal de enjuiciamiento; quedando definida la acusación sobre los hechos concretos que se atribuyen al imputado, así como su participación o intervención en la ejecución de los mismos; sin que al agente del Ministerio Público le sea permitido alterarlos o variarlos, respecto de aquellos por los que se emitió la vinculación a proceso. Cabe mencionar, que si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial; esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba y su admisión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por ello, la pretensión punitiva queda acotada en los términos del auto de apertura al juicio oral que emite el Juez, esto es, la acusación que formula el órgano técnico es un imperativo constitucional (con sus excepciones: la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para consignar a las autoridades omisas en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por la otra, el ejercicio de la acción penal que puede instaurarse por particulares, el cual procederá conforme a los presupuestos regulados en la normatividad secundaria), la cual, una vez presentada ante el Juez de Control, éste la notifica a las partes, sin que ello implique algún pronunciamiento por el juzgador en cuanto a si ésta procede o no y, mucho menos, la imposición de penas, pues su única función es tutelar el debido proceso, fungiendo como rector de éste. Apoya lo anterior la tesis I.1o.P.113 P., sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Decima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 57, Tomo III, Agosto de 2018, página 2603, cuyo rubro y contenido dice:..En consecuencia, como ya se dijo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 la Ley de Amparo...II
- Principal
...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. VISTA CUMPLIMIENTO. Se tiene al Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio. En consecuencia, con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá lo conducente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable....III
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