Ramiro Hernandez Ocotzi

Expediente 745/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
745/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2015

Partes del expediente

  • Ramiro Hernandez Ocotzi

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que desechó la demanda, HA CAUSADO ESTADO., se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el seis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Ramiro Hernández Ocotzi, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con residencia en esta ciudad; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 745/2015. Primeramente, debe precisarse que del análisis del ocurso de demanda se desprende que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en: "El acuerdo dictado de fecha siete de octubre del año dos mil quince, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, con residencia en Chetumal, Quintana Roo en el expediente TUA 44-365/2015, relativo al juicio antes mencionado el cual se describen (sic) a continuación lo que se acordó: PRIMERO.- Se le tiene por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes en los términos previstos por el artículo 185 de la Ley Agraria, no así de la comparecencia de los servidores públicos María Isabel Gamboa y Miguel Tlapa Gracia quienes ostentan en cargo de subdelegada jurídica y Subdelegada operativo (sic) de la Procuraduría Agraria, toda vez que no se le formulan las preguntas correspondientes a efecto de girarse oficio correspondiente y en su calidad de servidores públicos puedan dar respuesta a los mismos. SEGUNDO- Toda vez que las partes solicitan que se difiera la audiencia para el desahogo de la prueba confesional a cago de los integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia del ejido demandado, en consecuencia se fijan las QUINCE HORAS DEL DÍA NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. TERCERO.- Para el efecto de conceder medida provisional ofrecida por la parte actora, se le concede en (sic) término de diez días hábiles en término (sic) del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles para efectos de que exhiban las documentales correspondientes por los supuestos daños que le causa al ejido hasta la conclusión del presente juicio.". De igual forma, cabe destacar que en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, el quejoso señaló: "PRIMERO.- En fecha 15 de abril del año 2015, se presentó en oficialía de partes del Tribunal Unitario Agrario una demanda el cual (sic) se generó el expediente TUA-44-365/2015, del el (sic) cual se solicita como única prestación 1.- La declaración Judicial de la nulidad del acta de asamblea celebrada con fecha 24 de agosto, al interior del ejido denominado "AARÓN MERINO FERNÁNDEZ", del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en lo relativo al punto número 12 (doce) del orden del día dio lugar al poder que por este medio se combate, PARA OTORGAR LA FACULTAD AL PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL Y AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DEL EJIDO, EL TRASPASO DEL DOMINIO DE LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN TITULADOS A SU NOMBRE, A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS. Así mismo (sic) en dicho escrito inicial de demanda se solicitó, diligencia precautoria o suspensión del acto esto con el fin de salvaguardar nuestras garantías de seguridad jurídica hasta en tanto se resulta el fondo de la presente controversia. SEGUNDO.- El día 13 de agosto del año 2015, en audiencia de ley se procede a ratificar el escrito inicial de demanda en cada una de sus partes, con relación a la prueba testimonial señalo a los CC. María Isabel Gamboa Estrella y Miguel Tlapa García, el cual señalo bajo protesta de decir verdad que me encuentro imposibilitado de presentarlos físicamente y con fundamento al artículo 187 último párrafo, solicito al tribunal unitario agrario se les notifique y comparezcan y señalado (sic) que las preguntas se harán de manera verbal en el momento procesal oportuno, con relación a los demandados del consejo de vigilancia manifiesto que se les declare como ciertos los hechos en dicha audiencia esto con la finalidad que no se vulneren nuestros derechos como ejidatarios. TERCERO.- La parte demandada integrada por el comisariado ejidal proceden a dar contestación a la demanda incoada en su contra así mismo de manera ilegal y antijurídico se contesta la de los integrantes del consejo de vigilancia, el cual se le hizo de su conocimiento al secretario de acuerdos al C. Licenciado Javier Andrés Espadas López y nos indicó verbalmente que este tribunal acordará en el momento procesal oportuno. Los acuerdos finales de la audiencia del día 13 de agosto del 2015, el tribunal acoró que los integrantes del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia dieron contestación a la demanda incoada en su contra ello a pesar de la ausencia de los integrantes del consejo de vigilancia. Con relación a la medida precautoria, acordó el Tribunal se acordara si se concede o no la medida precautoria al momento de fijar la Litis correspondiente y se acordó retomar la audiencia el día 07 de octubre del 2015. CUARTO.- Continuando con el desarrollo del juicio TUA-365/2015, el día 07 de agosto del 2015, se procede a fijar la Litis, aclarando que hubo inasistencia de los integrantes del consejo de vigilancia, en la admisión de pruebas el secretario de acuerdos acordó no admitirme la prueba testimonial de los CC. María Isabel Gamboa Estrela y Miguel Tlapa García, con el argumento de que no formulé las preguntas correspondientes, cuando en audiencia de fecha 13 de agosto del 2015 señalé que serían de manera verbal es por ello que requería la presencia de ellos. En relación a la medida precautoria solicitada no se me acordó al contrario me impusieron un término de diez días hábiles para que exhiba documentales de los predios que se pretenden enajenar.". Esto es, de lo aquí precisado, se advierte que la parte promovente se duele de: El acuerdo de siete de octubre de dos mil quince dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro en el expediente TUA-44-365/2015, mediante el cual determinó no admitir la prueba testimonial ofrecida por el aquí quejoso, así como otorgarle el término de diez días hábiles para que exhibiera las documentales correspondientes a fin de proveer respecto de la medida suspensional que solicitó. Establecido lo anterior, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que indica: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el numeral 113 de la ley de la materia impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. El precepto en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; esto es, resulta improcedente el juicio de amparo contra actos en juicio que no sean de imposible reparación. Causa de improcedencia que se actualiza toda vez que el acuerdo de siete de octubre de dos mil quince dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con residencia en Chetumal, Quintana Roo, dentro del expediente TUA 44-365/2015, en donde se determina no admitir la prueba testimonial ofrecida por la parte actora -aquí quejosa- así como otorgarle el término de diez días hábiles para que exhiba las documentales correspondientes a fin de proveer respecto de la medida cautelar que solicitó no constituye un acto dentro de juicio considerado como de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que con el mismo no se afecta materialmente un derecho sustantivo en perjuicio de la quejosa. Inicialmente, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del precepto antes citado, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos llevados a cabo dentro de un juicio; sin embargo, la procedencia de este medio de control constitucional se encuentra restringida a que los actos que se reclamen dentro de un procedimiento judicial sean de imposible reparación. En torno a los actos denominados como de imposible reparación, el legislador introdujo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En otras palabras, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado de fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Así, los actos procedimentales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada, caso en el cual, puede reclamar tales violaciones con el medio de defensa que resulte procedente, pero únicamente hasta que dicha resolución final se dicte. Por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro del concepto de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Ahora, en el caso concreto que nos ocupa, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que los actos reclamados señalados en párrafos precedentes no afectan derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la determinación que tomó en el proveído de siete de octubre de dos mil quince, de no admitir la prueba testimonial que ofreció en el expediente agrario TUA-365/2015 de su índice; además, acordó otorgarle el término de diez días hábiles para que presente las documentales correspondientes por los supuestos daños que le cause al ejido la suspensión solicitada por la promovente, ello para el efecto de concederle la citada medida provisional. Así las cosas, se colige que tales actos reclamados no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que sólo entrañan posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado consistente en la determinación de no admitir la prueba testimonial ofrecida por el quejoso en el juicio agrario de origen, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Ahora, por cuanto al acto reclamado consistente a la determinación que tomó la responsable en el proveído de siete de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente agrario TUA-365/2015 de su índice, de otorgarle al quejoso el término de diez días hábiles para que presentara las documentales correspondientes con las que acreditara los supuestos daños que le cause al ejido la suspensión de los actos solicitada por aquél, ello para el efecto de concederle la citada medida provisional, como se dijo en párrafos precedentes no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Se dice lo anterior, ya que dicho acto no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues la determinación decretada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, en el proveído de siete de octubre de dos mil quince dictado en el expediente laboral TUA-365/2015 de su índice, de ceñir la concesión de la medida suspensoria solicitada por el aquí quejoso a la exhibición de ciertas documentales dentro del término de diez días hábiles, no vulnera alguno de los derechos sustantivos del promovente contenidos en la Constitución General de la República, ello en razón de que tal determinación constituye únicamente una condición para que la responsable se encuentre en posibilidad de llevar a cabo el análisis respecto de la concesión o no de la medida suspensional solicitada, sin que ello implique una afectación a sus derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, ya que la autoridad mediante dicho requerimiento sólo pretende allegar elementos para decidir si niega o concede la medida cautelar solicitada. En consecuencia, si los actos reclamados no satisfacen la condición para que sean considerados como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, resulta inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de cuenta, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fanny Anel Tuz Andrade. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como las capturas relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Con fundamento en la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se analiza.

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