Ramiro Hernandez Ocotzi
Expediente 476/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ramiro Hernandez Ocotzi
Actuaciones
- Principal
III.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el que informa, en lo que aquí interesa, que confirmó la determinación adoptada por este Juzgado Federal el treinta de octubre del presente año y aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo indirecto 476/2020-III-A de la estadística de este órgano jurisdiccional, promovida por Ramiro Hernández Ocotzi, en su carácter de endosatario en procuración de Carmen Castellanos Jiménez, quedando registrado con el número de expediente de juicio de amparo directo 381/2020 de su índice. Al respecto, se ACUERDA: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno correspondiente, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes y se ubica en la fracción I, del aludido punto vigésimo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo.
- Principal
III.- Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Ramiro Hernández Ocotzi, en su carácter de endosatario en procuración de Carmen Castellanos Jiménez, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 476/2020-III-A. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se advierte que el promovente reclama, el acto reclamado que hacen consistir en: El acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en los autos del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 374/2019 de su índice, promovido por el quejoso en su carácter de endosatario en procuración de Carmen Castellanos Jiménez, en el que se decretó la caducidad de la instancia del citado controvertido y se ordenó el archivo del mismo como asunto concluido. En ese sentido, respecto del aludido acto reclamado esta resolutora federal estima que carece de competencia legal para conocer del asunto, en atención a lo siguiente. En efecto, los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, señalan: Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.). Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.) De conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales antes transcritos, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido. Ahora bien, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). La claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior, se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de resoluciones que decidan el juicio de origen en lo principal, o las que sin decidirlo lo den por concluido, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, a página 95, cuyo rubro y texto señalan: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En el caso, se reclama el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en los autos del expediente relativo al juicio ejecutivo mercantil 374/2019 de su índice, promovido por el quejoso en su carácter de endosatario en procuración de Carmen Castellanos Jiménez, en el que se decretó la caducidad de la instancia del citado controvertido y se ordenó el archivo del mismo como asunto concluido; por lo que esta juzgadora federal considera que se trata de una resolución que dio por concluido el juicio, puesto que se trata de un acuerdo que le puso fin al mismo. Por consiguiente, como ha quedado precisado, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, carece de competencia legal para conocer de la demanda constitucional de que se trata, en razón de que conforme a los preceptos legales invocados, la competencia para conocer de las resoluciones de esta naturaleza definitivas radica en un Tribunal Colegiado de Circuito; situación que en la especie se actualiza, porque el acto aquí reclamado lo constituye un acuerdo que dio por concluido el juicio ejecutivo mercantil de origen; en esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 del propio ordenamiento legal, procede remitir esta demanda de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el que se estima radica la competencia legal para conocer de la misma, debiendo formar el cuadernillo respectivo para los efectos legales conducentes. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J.6/2012, Décima Época, sustentad por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, visible en la página 334, que es del tenor literal siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA. EL JUEZ DEL CONOCIMIENTO PUEDE EXAMINARLA DE OFICIO EN EL PRIMER PROVEÍDO QUE EMITA RESPECTO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, O BIEN, DURANTE EL PROCEDIMIENTO, E INCLUSO, AL DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y CHIAPAS). Sustenta lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, localizable en el Libro 19, Junio de 2015, Tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, a página 2362, cuyo rubro y texto señalan: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA DESECHAR LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA O UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, POR NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracciones III y V, inciso c), de la Constitución Federal; 34, párrafo primero y 170 de la Ley de Amparo vigente; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, cuando se trate de: a) Una sentencia definitiva o laudo; o, b) Una resolución que ponga fin al juicio. Es decir, que la cualidad de sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio ya no depende de que se haya o no agotado el recurso ordinario, sino que para establecer si son materia de amparo en la vía directa ha de atenderse a su contenido; mientras que el determinar si la ley de la materia que rige el acto establece o no recurso, bastará para definir la procedencia del juicio de amparo, puesto que si el recurso no se agotó el amparo será improcedente y debe ser desechado de plano en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. La conclusión anterior conlleva establecer que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para desechar una demanda de amparo promovida contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, por no haberse agotado el recurso ordinario procedente con el que pudo modificarse o revocarse esa sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio. De ahí que, en ese supuesto, no procede declarar la incompetencia legal del Tribunal Colegiado de Circuito. Así como, el criterio del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 332, del tomo 217-228, sexta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que expone: INCOMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO, DEBEN DECLARAR SU, Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO CUANDO ESTIMAN QUE LA VIA PARA COMBATIR EL ACTO RECLAMADO ES EL AMPARO DIRECTO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado Ramiro Hernández Ocotzi, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; mientras que como su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, de la ley de la materia, a la diversa persona que señala, en virtud de así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.
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