Ramiro Heriberto Delgado Carrillo

Expediente 1378/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1378/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Heriberto Delgado Carrillo
  • Juan Jóse Frangie Saade,Presidente Municipal del Municipio de Zapopan Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que a la fecha no obra constancia en el expediente físico y electrónico del presente juicio de amparo, de la notificación a la parte tercera interesada, del proveído de treinta de junio del presente año. En tal virtud, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, túrnense nuevamente los presentes autos al Actuario Judicial de la adscripción, para que realice la notificación de mérito, la que deberá practicar a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, conforme al artículo 24 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista física y electrónica y cúmplase.

  2. Principal

    Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 527/2022, promovido por Sara Castellanos Ochoa, contra actos del Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, requiérase su informe previo que deberá rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se le atribuyen. 2. Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberá proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. En relación a esta última exigencia, de manera enunciativa y no limitativa, en concordancia con lo previsto en el artículo 143 del ordenamiento legal en cita, deberá expresar: a) La naturaleza de la controversia génesis del acto reclamado; b) Las acciones ejercitadas y el estado procesal en que se encuentra el acto reclamado; c) En caso de que las prestaciones sean cuantificables en dinero, indicará el monto de las mismas; d) En el supuesto de que exista una condena en cantidad cierta, líquida y exigible, manifestarán si la resolución respectiva ya quedó firme así como el monto y fecha de su emisión; y e) De versar el asunto sobre el embargo, adjudicación, remate o entrega material de inmuebles, indicarán el monto en que los bienes fueron embargados y/o el valor que pericialmente se les haya determinado en juicio. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado o bien, omitir informar el impedimento legal o material que tengan para ello, de conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de CIEN Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación: i) En caso de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio de amparo; o ii) Se abstenga o sea omisa en rendir el informe previo o lo haga sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la autoridad señalada como responsable que si del contenido de su informe se advierte que afirmare una falsedad o negare la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado arábigo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DOCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como tal: La omisión del juez responsable de dictar todos los actos tendentes a que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, en virtud del desistimiento, dentro del expediente 288/2020 del índice del Juez Octavo de lo Civil en el Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que: "[.] Abstenerse de entregar o endosar el billete de depósito del que se alude en el auto de fecha 29 de abril de 2022 a fin de que las cosas se encuentren en el estado en que se encuentran hasta en tanto no se resuelva el presente juicio de amparo [.]" No obstante, la procedencia de la suspensión de los actos reclamados se analizará en función de la naturaleza de éstos y si son susceptibles de suspenderse. SE NIEGA SUSPENSIÓN. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1) Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. 2) Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. 3) Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por lo que, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el perjuicio al interés social o al orden público es de mayor entidad que los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con los efectos del acto reclamado. En ese orden de pensamiento, es que la suspensión provisional de los actos reclamados debe negarse, habida cuenta de que, conforme a su propia naturaleza, es improcedente conceder la medida cautelar de mérito. En efecto, la suspensión tiene como propósito suspender los actos que se estimaron lesivos al interés del peticionario; luego, ésta sólo puede recaer en actos positivos, en tanto que para los negativos se traducen siempre en una conducta de no hacer de la autoridad y pueden clasificarse en: a) Abstenciones, las cuales carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; b) Negativas simples que sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque de concederse ésta y constreñir a la autoridad a actuar, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar y, c) Actos prohibitivos que no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. Sentado lo anterior, como quedó reseñado en líneas previas, el acto reclamado consistente en la omisión del juez responsable de dictar todos los actos tendentes a que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda, en virtud del desistimiento, dentro del expediente 288/2020 del índice del Juez Octavo de lo Civil en el Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por lo que, a dicho acto le reviste la naturaleza de omisivo. Así pues, partiendo de la premisa de que los actos reclamados son de índole omisiva, se arriba a la conclusión de que, conforme a su propia naturaleza, resulta improcedente otorgar la medida cautelar solicitada, pues de hacerlo, se darían efectos restitutorios, lo cual, en principio, se encuentra reservado a la sentencia que, en su caso, se dicte en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Por analogía, cobra aplicación la tesis: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO.- Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión." Asimismo, se determina que en la especie no es procedente conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, habida cuenta de que no se actualiza una de las condiciones legales previstas por el numeral 147 de la Ley de Amparo, la cual se traduce en que, en el presente caso, no es jurídicamente posible obrar en esos términos. En efecto, la finalidad que persigue la medida de suspensión de los actos reclamados, es mantener viva la materia a la que se contrae la Litis constitucional, es decir, preservar el estado en que se encontraba el derecho humano que se estima vulnerado, con anterioridad al acto de autoridad lesivo de ese interés, por el tiempo que dure la tramitación del juicio de amparo principal que dirima en definitiva las cuestiones de constitucionalidad planteadas por la parte quejosa. Sin embargo, cuando para mantener el estado previo al acto de autoridad que modifica la situación jurídica del quejoso, sea preciso otorgarle a la medida cautelar efectos restaurativos, es menester realizar un juicio de verosimilitud tendente a descartar que, de concederse la suspensión con esos alcances, la eventual concesión del amparo en el juicio principal, no quede sin materia, por agotarse el objeto de reparación de los derechos humanos que se estiman violados, con los efectos para los cuales se pide la medida cautelar. En esa medida, no es jurídicamente posible atribuirle a la medida cautelar de trato los efectos propios de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo principal del que emergen los presentes cuadernos incidentales, pues precisamente las cuestiones aquí planteadas son de índole accesoria, conforme al numeral 128 de la Ley de Amparo, y se limitan a conservar la materia de dicho juicio; de modo que dicha medida con efectos restitutorios es improcedente, pues de obrar así, se agotaría la materia de una eventual tutela constitucional en el juicio principal, lo cual, como se sostuvo, es contrario a la naturaleza de la presente medida. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Asimismo, se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional). Notifíquese por lista física y electrónica.

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