Ramiro González Muñiz
Expediente 471/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Ramiro González Muñiz
- Ramiro González Muñiz y Otros.
- Juan Francisco Gutiérrez Ozuba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la dependencia: Superintendente de Zona Piedras Negras de la Comisión Federal de Electricidad. Ciudad. Téngasele dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diez de diciembre del año pasado, y al respecto informa en relación con los domicilios de las terceras interesadas Silvia Eugenia Villarreal Garza y Thelma Cecilia Garza Delgado. Al no haber diligencia pendiente por cumplimentar, remítasele el presente exhorto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Monclova. Asimismo, solicítese el acuse de recibo de estilo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de revisión contra el proveído de treinta de julio del año en curso (fojas 143 a 148), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, le transcurrió a la parte quejosa del trece al veintiséis de agosto del año en curso, con exclusión de los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mismo mes y año, por ser inhábiles. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de dicha determinación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 471/2015, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama que remite el Agente del Ministerio Público Mesa Uno, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa en relación al requerimiento que se le hizo mediante auto de veintiuno de julio del año en curso, que el siete de junio del año en curso, recibió el parte informativo suscrito por la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, de esa ciudad, en el que puso a su disposición en calidad de presentados a los quejosos Ramiro González Muñoz y Juan Francisco Gutiérrez Osuna, los que una vez que terminaron de rendir su declaración ministerial, se retiraron de las instalaciones de esa representación social, pues nunca se encontraron en calidad de detenidos, y que la averiguación previa respectiva, en la actualidad se encuentra en trámite en virtud de que no se han acreditado los elementos del cuerpo del delito penal, así como la probable responsabilidad. Asimismo, de las constancias que obran en autos del presente juicio de amparo, se advierte que el veinte de julio del año en curso, se recibió en este Juzgado el oficio 1291/2015, de catorce del mismo mes y año, al que acompañó copia certificada de las constancias que integran la averiguación previa 367/2015, de su índice, de las que se advierte que el siete de junio de este año, dicha autoridad tuvo por recibido y ratificado el parte informativo con número de oficio DSPVM/913/2015, de la misma fecha, elaborado por Oficiales de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, de esa ciudad, asimismo, acordó recabar la declaración ministerial de los quejosos Ramiro González Muñoz y Juan Francisco Gutiérrez Osuna, a las diecinueve horas con treinta minutos y veinte horas con diez minutos respectivamente, y determinó que una vez que terminaran de rendir sus declaraciones ministeriales en base a los hechos investigados, la inmediata libertad de éstos. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito por el Secretario de Guardia, el siete de junio del año en curso, Alejandra Guzmán Cantú, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en representación de los quejoso Ramiro González Muñoz y Juan Francisco Gutiérrez Osuna, contra la autoridad responsable: Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, Sabinas, Coahuila. C.P. 2670. UN ANEXO: Copia de la demanda de amparo. Por el acto reclamado: la privación ilegal de la libertad, todo acto de incomunicación, malos tratos, tortura, intimidación o vejación de cualquier especie o presentación de que pudiera ser objeto mis representados: RAMIRO GONZALEZ MUNIZ, y JUAN FRANCISCO GUTIERREZ OZUNA. En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 471/2015; se ordenó notificar a los quejosos por conducto de la Actuaria de la adscripción, el auto de siete de junio del año en curso, relativo a la suspensión de plano a la autoridad responsable del acto reclamado, y dio fe de la integridad física de los quejosos. Por auto de ocho de junio del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante diversos acuerdos se recibieron el informe respecto a la suspensión de plano decretada, e informe justificado solicitados a la autoridad responsable. Por auto de seis de julio de este año, se requirió al Agente del Ministerio Público Mesa Uno, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que remitiera copia certificada de la situación jurídica de los quejosos; ello, al haber sido consignados ante esa autoridad por parte de la Directora de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, en esa ciudad. De lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las actuaciones que en copia certificada integran la averiguación previa 367/2015, del índice de la Agencia del Ministerio Público Mesa Uno, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se corrobora de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional. En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. En el caso concreto, como ya se mencionó anteriormente, el acto reclamado se hace consistir en la privación ilegal de la libertad e incomunicación. Ahora bien, se reitera que de las constancias que en copia certificada remitió el Agente del Ministerio Público Mesa Uno, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, a su oficio 1291/2015, de catorce de julio del año en curso, relativa a la averiguación previa penal número 367/2015, dicha autoridad acordó recabar la declaración ministerial de los quejosos Ramiro González Muñoz y Juan Francisco Gutiérrez Osuna, a las diecinueve horas con treinta minutos y veinte horas con diez minutos respectivamente, y determinó que una vez que terminaron de rendir sus declaraciones ministeriales, la inmediata libertad de éstos. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno Lo anterior, adminiculado con lo asentado por la Actuaria de la adscripción, en la razón de siete de junio del año en curso, a las veinte horas con cincuenta y ocho minutos, en la que se asentó que una vez que se entrevistó con los quejosos directos, en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público Mesa Uno, en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, éstos le manifestaron que ratificaban la demanda de amparo interpuesta en su nombre y que efectivamente habían sido detenidos por elementos de la Policía de Seguridad Pública Municipal del citado municipio, pero que dos horas antes lo habían dejado en libertad, y que en ese lugar estaban voluntariamente interponiendo una denuncia. Circunstancias que implican la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil quince. Finalmente, es conveniente precisar que en el referido auto, se les hizo saber a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, también que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada Ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes, sin que se hayan pronunciado al respecto.
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