Ramiro Gastélum González
Expediente 263/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/08/2018
Partes del expediente
- Ramiro Gastélum González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
suscrita secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, Lorey del Rocio Cacho Barraza, certifico: que transcurrió el plazo legal de diez días hábiles para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución constitucional dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, como se verá a continuación: Fecha en que se dictó sentencia: Fecha de última notificación a las partes: Surtió efectos: Plazo de diez días para interponer recurso: Fecha en que feneció el término para interponer recurso: 12 de julio de 2018. 30 de julio de 2018. 31 de julio de 2018. Del 31 de julio al 13 de agosto de 2018. (Sin contar con los días 04, 05, 11 y 12 de agosto de 2018 por ser considerados como días inhábiles). 13 de agosto de 2018. Lo que se hace constar para los efectos legales ha que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha doy cuenta al juez, con la certificación que antecede. Conste. Ensenada, Baja California, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Visto; el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de juzgado, dénse los avisos de ley y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Asimismo, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
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Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ** autorizado legal de la parte quejosa; atento a su contenido y como lo solicita, expídasele copia certificada de las constancias que en el mismo indica; lo anterior, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia, y autorizando a recibirlas a la persona que indica.
- Principal
A lo que el juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos vertidos por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, los que, en su caso, se tomarán en consideración en su oportunidad, con lo cual, se cierra el periodo de alegatos. S E N T E N C I A VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 263/2018, promovido por Ramiro Gastelum González, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y otras, mismos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad y turnado en esa misma fecha a este juzgado de Distrito, Ramiro Gastelum González, por su propio derecho, ocurrió en demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: ACTO RECLAMADO "[.] Por resultar injusto, infundado y totalmente arbitrario y por ende adverso a todo derecho emanado y reconocido, por la Constitución General de la República, el proceder de la autoridad responsable, se señala como acto reclamado el siguiente: De las autoridades responsables se reclama la orden de privación de libertad emitida contra el suscrito quejoso; así como su ejecución, en el entendido que, por un lado, no se ha materializado la ejecución y, por el otro, que dicha orden pudiera ser de aprehensión, de reaprehensión, detención o comparecencia entre otros, por lo que el reclamo es en general contra la orden de privación de la libertad, independientemente del nombre con el que se le denomine. Además, de todas y cada una de las autoridades responsables se les reclama las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas, directas e indirectas que se derivan de los actos reclamados en esta controversia que se plantea, mediatas e inmediatas, indirecta que se derivan de los actos reclamados en esta controversia que se plantea" Autoridad responsable: Sentido del informe justificado: Páginas: 1 Juez de Control del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. Aceptó el acto reclamado. 12 a 20 2 Jefe del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Ensenada Negó el acto reclamado. 21 3 Comandante de la Policía Ministerial de la Subprocuraduría de Zona, con sede en Tijuana Negó el acto reclamado. 36 SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se registró la demanda en el libro de juzgado respectivo, bajo número 263/2018, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se tuvo debidamente emplazado a juicio al tercero interesado Nicolás Ayala Fonseca, como se advierte de la constancia que obra a foja 33; posteriormente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, se procede al dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1o, 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en materia penal, correspondiente a esta jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previamente a efectuar el análisis de este asunto, conviene realizar la fijación de los actos reclamados, pues ello es un imperativo legal en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento en Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, al Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Decima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio integral de la demanda de amparo y expediente en que se actúa, se desprende que el acto reclamado por la quejosa consiste en: La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro de la causa penal 564/2018, que se le instruye por el delito de homicidio calificado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." La autoridad responsable Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que hace prueba plena en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo II, primera parte, sexta sección, quinta época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas a la causa penal 564/2018, así como el audio y video de la audiencia de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, contenida en un disco compacto, que adjuntó con su informe; los cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, las autoridades señaladas como responsables Comandante de Zona, de la Policía Ministerial, con sede en Tijuana, negó el acto reclamado, por su parte, el Jefe del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial, Zona Ensenada, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, como el Juez de Control del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, aceptó la existencia del acto reclamado, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que a tales autoridades responsables, conforme a sus atribuciones, son las idóneas para ejecutar el acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, las partes no invocaron causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, que se actualice algún supuesto de improcedencia, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte promovente del amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La parte inconforme sostiene, en esencia, que la orden privativa de libertad vulnera el contenido del artículo 16 constitucional. Como se dijo, dichos argumentos son infundados, pues al analizar el contenido del disco versátil digital remitido por la autoridad responsable, que contiene la videograbación de la audiencia privada desahogada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, este órgano de control constitucional estima que la resolución de orden de aprehensión dictada por el Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en contra de Ramiro Gastelum González, es conforme al orden constitucional, como a continuación se explica. El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustenta el derecho fundamental al debido proceso legal, el cual se refiere al cumplimiento de las condiciones que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Este derecho fundamental obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, conforme al criterio sostenido por el Máximo Tribunal del País, como a los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con el derecho fundamental de debido proceso legal y el principio de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento sesenta y dos, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 176546, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En el presente caso, -como se indicó-, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 16 constitucional, 141 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a solicitud del agente del Ministerio Público, libró orden de aprehensión en la causa penal 564/2018, contra de Ramiro Gastelum González, por su probable participación en el hecho señalado como homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 123, en relación con el 126, 147, 148 fracción IV, del Código Penal del Estado de Baja California, concluyendo que el agente del ministerio público demostró la necesidad de cautela, lo cual constituye el acto reclamado. Determinación que, contrario a lo planteado por el quejoso, se estima acorde al orden constitucional, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, debe mencionarse que la orden de aprehensión se rige por lo dispuesto en el artículo 16 Constitucional, por lo que es necesario establecer los requisitos que deben colmarse, para que la autoridad judicial la obsequie, conforme al artículo constitucional citado que en su tercer párrafo dispone: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Asimismo, el contenido del marco normativo del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable al caso (énfasis añadido): "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." "Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial. El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos. La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad. El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata. La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso. La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido." De la lectura de los citados preceptos legales, se desprende que siempre y cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, y el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, la autoridad correspondiente -Juez de Control-, a solicitud del ministerio público, podrá ordenar su aprehensión si advierte que existe la necesidad de cautela. Luego, de la reproducción de los registros audiovisuales, relativos a la causa penal 564/2018 de la que deriva el acto reclamado, se advierte que el Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a solicitud del agente del Ministerio Público, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en audiencia privada libró orden de aprehensión en contra de Ramiro Gastelum González, por su probable participación en la comisión de los hechos considerados como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 123 en relación con el 126, 147, 148 fracción IV del Código Penal del Estado de Baja California, toda vez que consideró reunidos los requisitos establecidos en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, la autoridad responsable siguió los lineamientos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que citó los preceptos en que se apoyó para emitir su resolución en el sentido en que lo hizo, es decir, en el párrafo tercero del numeral 16 constitucional, y en los artículos 141 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, consideró que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, consistentes en la entrevista de los testigos presenciales, informe de los elementos de seguridad pública municipal, acta de inspección de la escena del crimen, declaración y denuncia del aquí tercero interesado, certificado de necropsia, acta de inspección e informe realizados por los agentes de la policía ministerial, son suficientes para acreditar que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, la autoridad responsable Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, analizó dichos datos de prueba de conformidad a las reglas genéricas establecidas en los artículos 259 y 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo por acreditado el hecho delictivo y la probable participación del imputado. Finalmente, consideró la necesidad de cautela, al no ser posible la localización del imputado en los domicilios proporcionados, como se desprende del informe rendido por la policía ministerial, respecto a la búsqueda en los archivos de diversos grupos de la policía ministerial, conforme a los datos y características proporcionados por los testigos, arrojando dos domicilios de una persona que había sido individualizada y que coincidía con la descripción proporcionada, señalando que en ambos domicilios no fue posible el desahogo de la intervención o entrevista con el imputado, por lo que ordenó librar orden de aprehensión en su contra. Al respecto es aplicable la tesis I.6o.P.86 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1943, tomo III, libro 46, Septiembre de 2017, Décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2015204, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia." Por tanto, según se anticipó la orden de aprehensión reclamada, satisface los requisitos de fundamentación y motivación que para todo acto de autoridad exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las exigencias establecidas en el diverso numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de manera clara y congruente, abordó el estudio de los datos de prueba que la Fiscalía expuso para acreditar la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y la probable participación atribuida al hoy quejoso, con lo cual se colman los requisitos que para tal efecto exige el segundo párrafo del referido artículo 16 constitucional, de ahí lo infundado del concepto de violación relativo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Al efecto, para emitir la orden de aprehensión, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, atendiendo a la exposición que de ellos realiza, el agente del Ministerio Público, para sostener la imputación. En esas circunstancias, como se adelantó, se sostiene lo infundado de los conceptos de violación, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Negativa que deberá hacerse extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios, sino hacerlos derivar de la orden de captura antes analizada, conforme al contenido de la tesis emitida por la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página trescientos cincuenta y siete, tomo I, primera parte-1, enero-junio de mil novecientos ochenta y ocho, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS." SÉPTIMO. Publicidad de la sentencia. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicta en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. OCTAVO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que establece la obligación del empleo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del conocimiento de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la sentencia, la cual es supervisada y certificada por la Secretaría de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo, así como el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se; R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ramiro Gastelum González, contra la orden de aprehensión librada por el Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 564/2018, de su índice y su ejecución. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de la sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. TERCERO. De conformidad con lo establecido en el considerando octavo, se ordena la captura de la resolución, lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General en comento. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Alba Paola Elizabeth Granados León, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. MLB/APEGL/agd*
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ramiro Gastelum González, contra la orden de aprehensión librada por el Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dentro de la causa penal 564/2018, de su índice y su ejecución. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de la sentencia, una vez que cause ejecutoria la misma, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. TERCERO. De conformidad con lo establecido en el considerando octavo, se ordena la captura de la resolución, lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General en comento.
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