Ramiro García Leos

Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
876/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ramiro García Leos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito presentado por Alejandro Bautista Elizondo, en representación del quejoso Ramiro García Leos, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad a lo dispuesto por su artículo 2°, expídase a su costa las copias fotostáticas certificadas que solicita. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del siete de septiembre de dos mil veintitrés, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, fue adscrita al juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, para los efectos señalados por los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, así como en el diverso 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Ramiro García Leos por propio derecho y como albacea en la sucesión de Guadalupe Galván Hernández, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. V i s t o s los autos del juicio de amparo 876/2021-4; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este órgano de control constitucional, Ramiro García Leos por propio derecho y como albaca de la sucesión de Guadalupe Galván Hernández, promovió juicio de amparo contra actos de Francisco Garza Treviño como titular de la Notaria Pública Número 305, con ejercicio en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 25, 111 y 115 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, así como los numerales 634 y 646 del Código Civil del Estado. SEGUNDO. Por auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 876/2021-4, se pedio informe con justificación al Notario señalado como autoridad, se dio al representante social de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado, y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución y la autoridad responsable reside en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado lo constituye la omisión de registrar ante el Instituto Registral y Catastral el acta 4,239, de veinticuatro de mayo de dos mil siete, relativa al contrato de crédito celebrado entre la finada esposa del quejoso, con Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. Respecto del cual, el quejoso obtuvo sentencia firme que ordena la liberación de hipoteca. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó al rendir informe justificado Francisco Garza Treviño como titular de la Notaria Pública Número 305, con ejercicio en esta ciudad (foja 64). Ahora bien, la omisión reclamada parte de que el agraviado no acreditó haber cubierto por sí o por conducto de algún tercero, el pago de impuestos, derechos registrales y honorarios del Notario, para que éste, tuviera la obligación legal de concluir el trámite de inscripción de la escritura pública que ciertamente elaboró en acta 4239, el veinticuatro de mayo de dos mil siete (foja 19 a 27). Es importante señalar, que conforme a las reglas sobre la carga probatoria, quien niega no está obligado a demostrar ese hecho negativo, sino que a quien afirma un hecho es quien debe demostrar el mismo. En consecuencia, si el impetrante afirma que el Notario Público omitió inscribir el contrato de crédito cuya liberación de gravamen logró obtener mediante declaración judicial a raíz de la actualización del supuesto de defunción de su finada esposa como acreditada del mismo, correspondía a él, demostrar que el Notario Público contaba con los recursos económicos necesarios para el pago de los impuestos y derechos para entonces sí, estar obligado a la inscripción de la citada operación crediticia. Sin embargo, de las actuaciones del presente asunto no se desprende que el Notario cuente con los recursos económicos para proceder, pues destacan las documentales que aportó el Notario Público demandado relativas a la comunicación que mantuvo con la institución acreedora Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, particularmente el presupuesto de gastos por la cantidad de $26,477.00 (veintiséis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), que se identifica con el número de orden 24 a nombre de Guadalupe Galván Hernández (foja 109), así como las diversas gestiones de pago contenidas en los correos electrónicos (fojas 115 a 122), sin que obre constancia que acredite habérsele entregado el numerario presupuestado. Luego, si lo reclamado es la omisión de inscribir la escritura pública relativa al contrato de crédito, correspondía al quejoso demostrar haber entregado las cantidades de dinero necesarias conforme al presupuesto de gastos, para que el Notario Público estuviera en aptitud de hacer al menos el pago de impuestos y derechos correspondientes a la inscripción registral del contrato aludido; sólo hasta entonces, podría hablarse de omisión del fedatario en la citada matriculación. Por tanto, resulta justificada la omisión que se atribuye al Notario Público señalado como autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, en tanto que de lo actuado se demuestra que no está en condiciones de inscribir un contrato cuyo presupuesto de gastos de impuestos y derechos no se le ha pagado. Consecuentemente, debe negarse el amparo solicitado, pues la abstención reclamada no vulnera derechos fundamentales al impetrante, en tanto que no cubierto el presupuesto para que el Notario que señala como responsable, pueda concluir el tramite registral correspondiente. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con sustento en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ramiro García Leos por propio derecho y como albaca de la sucesión de Guadalupe Galván Hernández, en el expediente 876/2021-4, en contra de la autoridad mencionada en el resultado primero de esta resolución, por el acto y los motivos precisados en los considerandos segundo y tercero de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de noviembre de dos mil veintiuno que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, se advierte que en proveído de cinco del mes y año en curso, se recepcionó el oficio sin número enviado por el Notario Público responsable al cual adjuntó documentales como apoyo a su informe justiciado, que se hicieron del conocimiento de las partes mediante notificación por lista de esta fecha, por lo que es evidente que no han tenido a la vista las constancias de mérito con la anticipación debida, es decir, de al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia de ley, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar oportunidad a que la parte quejosa tenga conocimiento de las mencionadas documentales, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Es aplicable por analogía lo establecido en la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la tesis XXI.2o.16 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1081, Tomo XIII, Abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 189948, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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