Ramiro Córdova Ramírez

Expediente 1585/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1585/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Ramiro Córdova Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la interesada interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, que decretó el sobreseimiento de este juicio, fuera de audiencia, sin que a la fecha hayan presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, remite las constancias justificativas del acto reclamado. Con dicho anexo, fórmese por separado tomo I, para facilitar el manejo del presente expediente, dado su volumen. Al respecto, de las constancias que integran el procedimiento de restitución de tierras 963/2018, del índice de la autoridad responsable, se advierte que en el presente juicio de amparo se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se estima así, pues quien resuelve advierte que efectivamente se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, en el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Para acreditar lo anterior, conviene destacar las constancias allegadas por la responsable Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas, consistente en el original del procedimiento de restitución de tierras 963/2018, promovido por el quejoso Ramiro Córdova Martínez, del que se desprende que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la notificación de la resolución definitiva de nueve de septiembre de dos mil veintitrés, a Ma. de Jesús Jiménez Almanza. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. En mérito de lo anterior, se colige que han cesado los efectos del acto reclamado. Es así, porque la paralización del procedimiento de restitución de tierras 963/2018, causado por la omisión de notificar la resolución definitiva de nueve de septiembre de dos mil veintidós, a la demandada Ma. de Jesús Jiménez Almanza, dejó de surtir efectos el diecisiete de enero de la presente anualidad, en virtud de que en dicha fecha se llevó a cabo la misma. Por ello, con las constancias y señalamientos a que se ha hecho referencia, se advierte que se destruyó totalmente la afectación aducida por el quejoso. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados a la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado de Zacatecas y al Actuario adscrito a la citada Dirección, cesaron en sus efectos jurídicos, precisamente porque el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, fue notificada la resolución definitiva dictada en el procedimiento de restitución de tierras 963/2018, a Ma. de Jesús Jiménez Almanza, lo que permitirá la continuación del procedimiento de ejecución en el citado procedimiento; y permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar al amparista, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la Tesis Aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se concluye que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se inhabilitaron los efectos del acto reclamado, por tanto, debe considerarse que han sido destruidos en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las once horas del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    VISTO; el estado de autos, del que se desprende que no obran las constancias Se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para su verificativo.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra la totalidad de los informes requeridos a las autoridades de Chihuahua a efecto de que proporcionen si dentro de su registros cuenta con domicilio donde pueda ser emplazada la tercera interesada María Alejandra Casino Bernales, en representación de la víctima de iniciales V.E.R.J.; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas del siete de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración.

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