Ramiro Carmona González
Expediente 203/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ramiro Carmona González
Actuaciones
- Principal
Por recibido el exhorto remitido vía electrónica, con firma electrónica encriptada del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justica Penal Federal en el Estado de Guanajuato, actuando en funciones de Juez Administrador, derivado de la causa penal***. Se ordena registrar en el libro de Comunicaciones Oficiales Recibidas, bajo el progresivo 203/2017-I, y formar en un tanto el cuadernillo correspondiente. De conformidad con los artículos 157 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, al encontrarse ajustado a derecho el exhorto de cuenta, proceda a diligenciarse en sus términos. De la comunicación de referencia se desprende que la diligencia cuyo desahogo se solicita, estriba en notificar a *********, el proveído de veintinueve de los corrientes, dictado por la autoridad exhortante, quien tiene su domicilio en calle ******** de esta localidad. Por tanto, túrnense los autos al Actuario de la adscripción, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en el aludido domicilio y notifique íntegramente el proveído de que se trata al nombrado debiendo apercibirlo en los términos ahí descritos. Hecho lo anterior, acuérdese lo que en derecho proceda, respecto a la devolución del presente exhorto vía electrónica.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el diez de febrero de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por la parte quejosa ********, mandatario judicial de ********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese el escrito signado por ***********, mandatario judicial de ********************; téngasele cumpliendo el requerimiento formulado el dos de los actuales; por ello, se provee sobre la demanda presentada, en los siguientes términos: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad se desprende, en lo que interesa: El quejoso fue condenado en sentencia firme al pago de una compensación alimenticia en favor de su contraria, consistente en el cincuenta por ciento del valor de las propiedades adquiridas, cuya liquidación a través del incidente respectivo fue por un monto de $5,364,641.20. Dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, el quejoso presentó un escrito el quince de noviembre de dos mil dieciséis, en el que pretendió cumplir con la condena solicitó que se escrituraran en favor de su contraria, el cincuenta por ciento de las propiedades que, en su momento, fueron enlistadas "a efecto de que de inmediato se mande protocolizar a favor de mi contraria Alma Rosa Lugo Hernández, como pago de la compensación adquirida por la misma. Ante tales circunstancias, solicito se requiera a la contraria para que en el término de 3 días nombre notario de su parte, con el apercibimiento que de no hacerlo, se remitirán los autos originales del presente juicio a la notaría que la parte actora designe." La actora insistió en no aceptar tal ofrecimiento. Pese a ello, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se emitió un proveído que, en lo que interesa, dice: "se ordena requerir (.) a la demandada (sic) *************, para que en el término de tres días designe Notaría Pública a efecto de que proceda a la protocolización de la dación en pago hecha para cubrir el 50% del valor de las propiedades (.) apercibida que de no designar Notaría Pública en el término concedido, se tendrá por conforme con la Notaría Pública número ***A lo anterior, la actora insistió mediante escrito presentado el dos de diciembre y manifestó que "no estoy de acuerdo en designar Notaría Pública." Frente a tal manifestación, se emitió un proveído el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se le tuvo contestando el requerimiento y se consideró "innecesario el apercibimiento realizado en auto señalado, a virtud de que se le hace saber a las partes que deberán dar cumplimiento en términos del resolutivo tercero de la sentencia incidental de fecha 1º primero de junio del año que transcurre que, a la letra, dice: ".la suma de las cantidades anteriores nos da un total de $6,166,141.20." Posteriormente, se emitió un diverso proveído el siete de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se regularizó el procedimiento para efecto de aclarar que el monto de la compensación era de $5,364,641.20 y no el precisado en el anterior auto. Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de once de enero de dos mil diecisiete. (Éste es el acto reclamado). Al respecto, debe precisarse de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia y no se reclaman conjuntamente con la última determinación judicial que ha de dictarse en dicha etapa. En efecto, el citado numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, establece que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Lo que precede, pone de manifiesto que la resolución interlocutoria del recurso de revocación dictada por el Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, por la cual determinó inoperantes los agravios esgrimidos por el promovente, contra el auto de siete de diciembre pasado, (acto reclamado), fue emitido después de concluido el juicio, específicamente en la etapa de ejecución de sentencia, y éste no constituye la última resolución dictada en esa fase de ejecución, lo que puede ser analizado en el amparo que se interponga en contra de la última resolución. Ahora bien, la excepción a la regla dentro del procedimiento de ejecución de sentencia para la procedencia del amparo bi-instancial, se refiere únicamente a los actos dentro de ese procedimiento que no tienen que ver con la ejecución directa de la sentencia, es decir, que son ajenos a la cosa juzgada y no pretenden impedir su cumplimiento. De ahí, que si el acto que en esta instancia se reclama es directamente vinculado con la ejecución de la sentencia, en los términos en que esta debe ser ejecutada, no es dable aplicar dicha regla de excepción que define la procedencia de la acción constitucional intentada, pues como se dijo, no se está en presencia de un acto que goza de autonomía propia, pues tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el fallo condenatorio Sirve como criterio orientador, la tesis P./J. 108/2010, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley Reglamentaria, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por ********************, mandatario judicial de ********************.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo, presentada por ************, quien se ostenta como Mandatario Judicial de Saúl Vázquez Rosillo, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 203/2017. Previamente a acordar lo conducente, con fundamento en los ******************** de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído: Acredite el carácter con el que se ostenta, esto es, Mandatario Judicial de ***********, toda vez que no adjuntó documento que acredite dicha circunstancia. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 48, tomo IV, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es como sigue: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el penúltimo numeral ******************** de la ley en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Se le tiene señalando domicilio para recibir notificaciones, en calle Baja California número 207, interior 3, colonia Alameda de esta ciudad; y como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ********************por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que los autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral.
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