Ramiro Banda Luna
Expediente 70/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 70/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ramiro Banda Luna
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días hábiles que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desecho de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. DESECHA DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo presentada por RAMIRO BANDA LUNA, el suscrito juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Ello es así, ya que del análisis integral que se hace de la demanda de amparo de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Así, respecto al acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente número 631/2016 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar con residencia en esta ciudad, el quejoso inobservó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que de conformidad con el artículo 674, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, debió de interponer el recurso de apelación en contra de la resolución reclamada, por virtud del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado. "Artículo 348 BIS.- En las acciones de investigación de paternidad o maternidad, cuando estas se nieguen o se ponga en duda las mismas, podrá pedirse y decretarse la prueba biológica molecular de la caracterización del ácido desoxirribonucleico de las células, también denominada ADN que se practicará conforme a las siguientes reglas: I.- El Juez designará perito único, nombramiento que deberá recaer en una institución certificada para este tipo de pruebas por la Secretaría de Salud del Estado; II.- El Juez con la presencia de las partes interesadas, sus representantes legales, del Ministerio Público y de la Procuraduría para la Defensa de las Personas Menores e (sic) Dieciocho Años de Edad y la Familia en su caso, y del perito designado, presidirá la diligencia en la cual se tomarán las muestras físicas del presunto progenitor. En caso de que el presunto progenitor sin causa justificada no comparezca a la diligencia para la práctica de la prueba o se niegue expresamente a proporcionar las muestras necesarias para su práctica, se presumirá la filiación, salvo prueba en contrario. III.- El dictamen que rinda el perito responsable, deberá contener lo siguiente: a).- El señalamiento de las cuestiones que fueron materia de la pericia (sic). b).- Una relación detallada y explicativa de las operaciones o experimentos realizados para resolver las cuestiones periciales, señalando la fecha en que se produjeron y, c).- Las conclusiones o resultados obtenidos, especificando los principios de la ciencia, arte o técnica que sirvieron de apoyo, Si faltare alguno de estos requisitos, el dictamen carecerá de valor probatorio. IV.- Rendido y ratificado el dictamen en los términos de esta Ley, se pondrá a la vista de las partes y demás interesados para su observación y en su caso impugnación. V.- Los honorarios del perito serán cubiertos por la parte que ofreció la prueba. El valor de esta prueba será plena, siempre y cuando concurran las condiciones antes señaladas y las observaciones o impugnaciones que en su caso se hicieron no estén justificadas a criterio del Juez. Serán aplicables a esta prueba, en lo conducente las reglas generales de la prueba pericial." "Artículo. 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; [."] En ese tenor, se insiste, que la parte quejosa fue omisa en agotar el recurso de apelación regulado por el artículo antes referido, por lo cual, en términos del precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve la aplicación por analogía la tesis X.11 C (10a.), con número de registro: 2003077, de Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, visible a página: "JUICIOS DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. CONTRA LA DECISIÓN QUE DECRETE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL A FAVOR DEL PRETENDIDO HIJO Y A CARGO DEL DEMANDADO PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN Y NO EL DE RECLAMACIÓN, PREVIO AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En los juicios de reconocimiento de paternidad, en los que se decreten provisionalmente los alimentos a favor del pretendido hijo y a cargo del demandado, en virtud de la presunción de filiación a que se contrae el artículo 289 Ter del Código Civil para el Estado de Veracruz, no puede ni debe determinarse que por analogía o mayoría de razón, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de tal decisión, el demandado deba agotar el recurso ordinario previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad, ya que en el numeral aludido en primer término, se encuentran inmersas las reglas específicas respecto a tal medida cautelar, exclusivamente en ese tipo de procedimientos (reconocimiento de paternidad), en los casos en que se presuma indiciariamente la familiaridad entre el demandado y el menor; por tanto, resulta distinto dicho trámite al juicio especial de alimentos previsto por el segundo de los numerales pues, para ello, era necesario que aquél así lo hubiera establecido, es decir, remitir el código sustantivo a lo señalado en el procesal, para efectos de la procedencia del recurso de reclamación; sin embargo, el recurso idóneo para impugnar en la vía ordinaria los autos de esa naturaleza, es el de apelación, previsto en el artículo 509 y demás relativos del invocado código procesal civil, en virtud de tratarse de determinaciones que causan un daño irreparable en la sentencia." Así también resulta aplicable al caso la tesis XIX.1o.A.C.57 C (9a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 160054, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, visible a foja 908, la cual reza: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO SOBRE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, PARA PROVEER AL MENOR DE EDAD DE UN TUTOR INTERINO. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). Por las razones que inspira la jurisprudencia número 1a./J. 106/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", publicada en la página 199, Tomo XXI, enero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, es dable sostener que aun cuando el acto reclamado sea una violación procesal, puede combatirse mediante el amparo indirecto de manera excepcional por causar una afectación a las partes en grado predominante o superior, como lo es, la sentencia de segunda instancia que de oficio ordena reponer el procedimiento en un juicio ordinario sobre reconocimiento de paternidad, para que de acuerdo con el artículo 312 del Código Civil vigente para el Estado de Tamaulipas, se provea al menor de edad de un tutor interino, toda vez que es un acto estimado como de imposible reparación que afecta de modo exorbitante derechos adjetivos de la parte actora, si la madre por sí y en representación de su hija, le reclamó al demandado el reconocimiento de la paternidad y obtuvo sentencia favorable. Lo anterior, porque al quedar insubsistente la resolución de primer grado, es claro que de nuevo implica la obligación de litigar, en un juicio donde es posible que el citado nombramiento de tutor pueda resultar innecesario, por tratarse de una medida o requisito no exigido por la ley para asuntos como el presente, en virtud de que el precepto legal en comento, textualmente dispone: "En el juicio de contradicción de la paternidad serán oídos la madre y el hijo a quien, si fuere menor, se proveerá de un tutor interino.", lo que pone de relieve que el artículo se refiere a un juicio diferente que, en la especie, al cobrar aplicación podría ocasionar un grave perjuicio a la menor de edad, al obligarla a seguir un juicio que puede ser ocioso, por una causa que a la postre jurídicamente se tornará ilegal, además de privarla de la sentencia que había colmado su interés, lo que contravendría la garantía de una justicia completa, pronta y expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Además, atendiendo a los efectos que produce la reposición del procedimiento, de acuerdo con la jurisprudencia que se cita, podrían existir otras consecuencias de imposible reparación que hicieran mérito para la procedencia del amparo, tales como: I) la anulación de actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible de recabar (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o II) los requerimientos, bajo apercibimientos graves, ya que el grado de afectación se determina al tomar en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los efectos vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Asimismo es aplicable al caso De igual forma, resulta aplicable la tesis XXX.2o.6 C (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página 2377, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Décima Época, con el rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." En las relatadas condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO QUEJOSO Ahora bien, en virtud que del contenido de la demanda interpuesta por el quejoso, se advierte que el mismo no señaló domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones; por tanto, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; háganse al quejoso las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Por otra parte, téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Eugenio Rivera Millán, Juan Fernando Estrada Márquez y José Luis Cummings Bernal, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Francisco Javier Jiménez de la Peña, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, no se encontró cédula registrada a su nombres; y de igual manera únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Manuel Magdaleno Cárdenas Rodríguez y Jorge Eduardo Reyes Meza, como hace alusión en su escrito. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Celia Eulalia Guillen Guerrero, que autoriza y da fe.
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