Ramiro Armendariz Escareño

Expediente 1687/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1687/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2016

Partes del expediente

  • Ramiro Armendariz Escareño

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de uno de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ramiro Armendáriz Escareño, por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes....

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL QUE Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito de veintinueve de agosto del año en curso, suscrito por el quejoso Ramiro Armendariz Escareño, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por diverso proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el expediente de donde emana el actor reclamado se encuentra en la etapa de ejecución. Atento a lo anterior, en tiempo se tiene al quejoso Ramiro Armendariz Escareño, desahogado el requerimiento efectuado a través de proveído antes citado. Ahora bien, visto de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por el quejoso Ramiro Armendariz Escareño, mediante el cual solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Estado de Tamaulipas, con sede en Padilla, consistente en la interlocutoria de fecha once de julio de dos mil dieciséis, mediante la cual el Juez responsable, declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto dentro del Juicio Ordinario Mercantil 70/2005, promovido por Mario González Vázquez, en contra del aquí quejoso. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones contenidas en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el quejoso o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el presente asunto, la parte quejosa siendo parte dentro del expediente número 70/2005, relativo al Juicio Ordinario Mercantil 70/2005, hace consistir el acto reclamado en: "La sentencia Interlocutoria de fecha 11 de Julio del año 2016, dictada con motivo del recurso de REVOCACIÓN, interpuesto DENTRO DEL juicio ordinario mercantil, RADICADO CON EL EXPEDIENTE NÚMERO 70/2005." En aras de contribuir a una mejor comprensión del presente asunto, es pertinente atender a los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, relata el aquí quejoso en el escrito de la demanda de amparo, así como en el escritorio aclaratorio, que son los siguientes: . Que el día doce de mayo de dos mil dieciséis, por conducto de su autorizado licenciado Javier Hinojosa Trujillo, promovió dentro del Juicio Ordinario Mercantil 70/2015, incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, mediante el cual la autoridad responsable tuvo por admitido al Ingeniero Javier Reyes García, como perito de la parte actora. . Que tal incidente lo promovió por considerar que el Perito propuesto por la parte actora, no cumplió con los requisitos que para tal efecto establece la Ley de la Materia. . Sin embargo, dice que la autoridad responsable, por auto de dieciséis de mayo del presente año, desechó el incidente planteado. . Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revocación, el que se admitió a trámite; y, mediante resolución de once de julio de dos mil dieciséis, se dictó la resolución en la que se declaró improcedente tal recurso; y, Que el expediente 70/2015, de donde emana el acto reclamado, se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. En la especie, este órgano de control constitucional estima que se encuentra actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que prescriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Respecto de este último precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo contra el último acto dictado en ese procedimiento. Así también, que por "última resolución", para los efectos de los actos dictados en ejecución de sentencia, debe tenerse a aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad física o jurídica para cumplirla. Esto se sostiene en la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno del tomo XIII, abril de dos mil uno, en la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Las excepciones al criterio general antes aludido y que dan posibilidad para atacarlos sin necesidad de esperar a la última resolución, exclusivamente son: a) Cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos (la integridad física, la libertad y los bienes); y b) Cuando los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Esta última excepción contiene la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse de forma irreparable. Esta consideración se contiene en la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seis, tomo XXXIII, enero de dos mil once, en la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el caso que nos ocupa, como quedó establecido en los antecedentes del acto reclamado, existe sentencia firme que debe cumplirse atendiendo a su naturaleza de orden público. En ese contexto de ejecución, el Juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación que interpuso la parte quejosa dentro del expediente número 70/2005, en contra del auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del auto que tuvo por admitido al perito propuesto por la parte actora, no obstante que a su juicio, dicho experto no cumplió con los requisitos que establece la Ley de la Materia. En ese tenor, a la luz del estado procesal de la etapa de ejecución en la cual tuvo lugar la resolución de fecha once de julio de dos mil dieciséis, dictada dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 70/2005, mediante la cual la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por el cual desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del auto que tuvo por admitido al perito propuesto por la parte actora, al considerar que dicho experto no cumplió con los requisitos que establece la Ley de la Materia, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el Juicio Ejecutivo Mercantil 70/2005, el cual está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, pues dicha determinación no constituye una de las cuales excepcionalmente hacen procedente el juicio de amparo. Entonces, la determinación que en el caso se reclama y sus consecuencias, deberán impugnarse en el amparo indirecto que en su momento se intente contra la última resolución que se emita en el procedimiento de ejecución, es decir, en la que se reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia emitida en dicho juicio o, en su defecto, la declaratoria en el sentido que haya imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento. Luego, hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, se abrirá la posibilidad para que válidamente se impugnen todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la contienen, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2011474, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 22 de abril de 2016 10:22 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.), cuyo rubro y texto dicen: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por las razones expuestas, es inconcuso que la resolución de fecha once de julio de dos mil dieciséis, dictada dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 70/2005, en la cual la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se desechó el incidente de nulidad de actuaciones promovido a partir del auto de veintitrés de octubre de dos mil quince, en la que se tuvo por admitido al Ingeniero Javier Reyes García, como perito de la parte actora, fue emitido dentro del procedimiento de ejecución y del mismo no se desprende que se aprobara o reconociera el cumplimiento total de la cosa juzgada, ni que en dicha determinación se haya declarado la imposibilidad material o jurídica para lograr el cumplimiento de la sentencia emitida dentro del citado Juicio Ejecutivo Mercantil; por tanto, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución; y, como se vio, no afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, y, en vía de consecuencia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ramiro Armendariz Escareño. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Javier Hinojosa Trujillo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.

  3. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA POR EL QUE V I S T O lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo signada por Ramiro Armendáriz Escareño, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Estado de Tamaulipas, con sede en Padilla, que estima violatorios de los artículos 1°, 14, y 16 Constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1687/2016. Ahora bien, antes de proveer respecto del escrito de demanda de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 fracción V y 114 fracciones I de la vigente Ley de Amparo, se requiere al quejoso Ramiro Armendáriz Escareño, para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad, el estado procesal que guarda el Juicio Ejecutivo Mercantil número 70/2015, del índice de la autoridad señalada como responsable, es decir, señale la etapa procesal en que actualmente se encuentra dicho juicio. Lo anterior, para estar en aptitud de conocer conforme a la regla establecida en el artículo 107 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado fue dictado dentro del juicio o después de concluido el mismo; sin, que de los antecedentes que relata se advierte tal requisito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 19 K, visible en la página 301, del Tomo XV-II, febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO". Bajo el apercibimiento de que de no cumplir con lo requerido dentro del plazo señalado para ello, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos del párrafo segundo del numeral 114 de la ley de la materia. Además, se hace de su conocimiento que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio, como partes sean en el juicio, esto es, cinco copias, toda vez que se requieren (1) para la autoridad responsable, (1) para el Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, (1) para la parte tercera interesada, y (2) para los cuadernos incidentales si llegara a instaurarse; en la inteligencia de que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 110 del ordenamiento legal invocado. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a, de la ley de la materia. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona señalada en el escrito de cuenta. Por último, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo Vigente, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.

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