Ramiro Armando Aguayo Rodríguez
Expediente 1170/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ramiro Armando Aguayo Rodríguez
- Juez PRIMERO de lo Mercantil del Primer Partido Judicial de Estado de Colima
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos el escrito de *******, autorizado del tercero interesado; atento a su contenido, indíquese al promovente que no ha lugar a tenerle designando como autorizado del tercero, a la persona que indica, toda vez que el artículo 12 de la Ley de Amparo, dispone que el autorizado que designen las partes, no podrá delegar o substituir sus facultades a un tercero, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Colima, Colima, catorce de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente:a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita.b) Como en la sentencia dictada, únicamente se sobreseyó el juicio de amparo; dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II, todos ellos del acuerdo general invocado.c) En la carátula del presente expediente, realícese la anotación de que no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento tanto en el párrafo segundo del punto décimo primero, como en el punto vigésimo quinto, del multicitado acuerdo general.d) Con el contenido del presente acuerdo dése vista en los cuadernos incidentales correspondientes.Finalmente, el Juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.Notifíquese.Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) Norma Leticia Ramos Virgen, que autoriza y da fe. Maru*
- Incidental
Colima, Colima, catorce de noviembre de dos mil dieciséisVisto lo de cuenta y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido.Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) Habida cuenta que en las constancias que integran el presente expediente, no obra algún documento original ni billete de depósito y considerando que, fue negada la suspensión definitiva, ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) se consideran susceptibles de destrucción. Esto, según lo ordena tanto la fracción III del punto vigésimo, como la fracción III del punto vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita.b) Transcurridos más de seis meses contados a partir de que se resolvió la suspensión definitiva en el presente, destrúyase el duplicado del cuaderno incidental en que se actúa. Según lo ordena el artículo vigésimo del citado acuerdo general.c) El original del cuaderno del presente incidente de suspensión también es susceptible de destrucción, pero respecto a éste, una vez transcurridos tres años a partir de la del presente acuerdo en que se ordena su archivo, se realizará su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, párrafos primero y segundo, así como el punto vigésimo primero, fracción II y el vigésimo quinto, todos ellos del acuerdo general invocado.d) Con motivo de lo ya determinado, en la carátula del presente realícese la anotación de que el expediente no es de relevancia documental, además inscríbase que ambos cuadernos incidentales (original y duplicado) que son sujetos de destrucción (aunque con la precisión de que respecto al duplicado será en el aludido lapso de seis meses). Lo anterior, con fundamento en el párrafo segundo del punto undécimo del multicitado acuerdo general.Notifíquese.Lo proveyó y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito del Estado de Colima, que actúa con el(la) secretario (a) Norma Leticia Ramos Virgen quien da fe. Maru*
- Principal
Antecedentes procesales del juicio de garantías que se resuelve. I. Por escrito presentado el quince de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima,******************** por derecho propio, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades que más adelante se precisan (fojas 02 a 05 de autos). II. Prevención, admisión y trámite. Previo requerimiento efectuado en proveído de dieciocho de julio de dos mil dieciséis (folios 11 y 12) y aclaración de la demanda; mediante proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis, fue admitida la demanda de amparo, la que se radicó bajo el número de expediente 1170/2016-III-MC; se solicitó a las responsables rindieran su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis se tuvo como tercero interesado a ********************, finalmente la audiencia constitucional se celebró a las once horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis en los términos del acta que antecede (folio 81). III. Competencia Genérica. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 1, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; acuerdo Primero, fracción XXXII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. IV. Competencia específica. Además este Juzgado Federal es competente, en virtud de que se reclama la orden de desposesión de un bien inmueble decretada en ejecución de sentencia por autoridades en materia mercantil con residencia en el Estado de Colima contra el peticionario quien promueve como tercero extraño al juicio; lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, cuya hipótesis normativa se verificó dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, conforme a lo previsto en los puntos Primero, fracción XXXII; Segundo, fracción XXIII, Ordinal 3; y Cuarto, fracción XXXII, todos del acuerdo 3/2013, aludido, en relación con los diversos artículos 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente; y artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. V. Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a fijar el acto reclamado a las responsables, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y del juicio, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, sirve de apoyo la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, de título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de la revisión integral practicada a la demanda de amparo se advierte que las autoridades responsables y los actos que se reclaman, son los siguientes: AUTORIDAD ORDENADORA: -Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial con sede en Colima. AUTORIDAD EJECUTORA: -Primera Secretaria de Acuerdos. -Secretaria Actuaria, ambas adscritas al juzgado en comento. ACTO RECLAMADO: La orden de desposesión emitida por el Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial con sede en Colima, respecto del ******************** dentro del juicio mercantil número ******************** y su ejecución; procedimiento al cual se ostenta tercero extraño. Fijación de los actos que se hace tomando en consideración que en el escrito aclaratorio de demanda el quejoso aclaró los actos reclamados de la forma siguiente (folio 21): "[.] Al punto del inciso d).- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Se especifica que el acto que se reclama, es desposesión del bien inmueble [.]" Actos que la parte quejosa estima vulneran en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. Inexistencia de los actos reclamados. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo. El Juez, la Primer Secretaria de Acuerdos y la Secretaria Actuaria, todos adscritos al Juzgado Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, al rendir su informe justificado aceptaron los actos que se les imputan (folio 28). Sin embargo, de las copias certificadas del juicio natural, se advierten los antecedentes relevantes siguientes: a) Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil quince, ********************, por conducto de su endosatario en procuración ********************, demandó a ********************, las prestaciones siguientes (folios 30 a 32): "[.] A).- El pago de la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) como suerte principal. B).- El pago de los intereses moratorios causados a la tasa 3% mensual y los que se causen hasta la total solución de la deuda. C).- El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine [.]". b) En auto de seis de abril de dos mil quince, la responsable admitió a trámite la demanda en comento y ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento (folios 33 y 34), la cual se efectuó el veintidós de abril de dos mil quince, en la que se embargó la ******************** (folio 35). c) Mediante proveído de quince de febrero de dos mil dieciséis se turnaron los autos para el dictado de la sentencia respectiva (folio 38). d) El quince de marzo de dos mil dieciséis, la responsable dictó sentencia definitiva cuyos puntos resolutivos son los siguientes (folios 39 a 47): "[.] TERCERO: Por los motivos y fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente sentencia, se declara que ha procedido la vía y la acción propuesta por el licenciado ********************, en su carácter de endosatario en procuración de ********************, en contra de ********************, también conocida como ********************, consecuentemente; CUARTO: Se condena a la pasiva al pago a favor de la parte actora de la cantidad de $160,000.00 ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional, como suerte principal, así como, al pago de los intereses moratorios a razón del 3% tres por ciento mensual y los que se causen hasta la total liquidación de las prestaciones reclamadas, además, al pago de los gastos y costas que se originen en el presente juicio, que se cuantifiquen en ejecución de sentencia, lo anterior de conformidad con el artículo 1084 fracción III del Código de Comercio QUINTO: De no hacerse el pago de lo sentenciado, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, hágase trance y remate de lo embargado y con su producto pago al acreedor. [.]" e) En auto de quince de abril de dos mil dieciséis la responsable declaró que la sentencia definitiva había causado ejecutoria y ordenó requerir a la parte demandada para que dentro del término de tres días hábiles diera cumplimiento de forma voluntaria a la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa de dicha resolución (folio 56). f) Por oficio 1109/2016 de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, firmado por el Juez Primero de lo Mercantil del Primer Partido Judicial con sede en esta ciudad de Colima, Colima, la responsable remitió al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito la demanda de amparo directo promovida por la demandada María Bertha Landín Ramírez contra la sentencia de quince de marzo de dos mil dieciséis (folios 58 a 67), la cual fue desechada parcialmente y admitida en el resto por acuerdo de presidencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (folio 69). g) Al rendir su informe justificado las responsables manifestaron lo siguiente (folio 28): "[.] Con fecha 15 quince de marzo del año en curso, se dictó sentencia definitiva condenando a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas determinándose que en caso de no realizar el pago una vez que causara ejecutoria la sentencia se procedería al remate del bien embargado, haciéndose de su conocimiento que la demandada ******************** interpuso recurso de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en contra de la sentencia definitiva el cual se admitió bajo el número 296/2016 encontrándose pendiente su resolución. Es preciso señalar que el documento fundatorio de la acción consistente en un pagaré únicamente fue firmado por la demandada ******************** mas no así por el hoy quejoso, razón por la que no se le llamo a juicio aunado a que en los autos del juicio principal no se ha recibido el certificado de existencia o inexistencia de gravamen por lo que este órgano jurisdiccional juicio (sic) no tiene conocimiento si el hoy quejoso se encuentra registrado como propietario de dicho inmueble.- por lo que es cierto el acto reclamado. Sin más por el momento, reciba un saludo [.]". De los antecedentes narrados, se obtiene que -contrariamente a lo afirmado por el quejoso y a lo expuesto por la autoridad responsable-, no existe el acto reclamado CONSISTENTE EN LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DEL ********************, pues no se advierte que el juez responsable hubiese emitido orden alguna en ese sentido; si no, en todo caso, que el estado procesal del juicio natural, lo es que en auto de quince de abril de dos mil dieciséis la responsable declaró que la sentencia definitiva había causado ejecutoria y ordenó requerir a la parte demandada para que dentro del término de tres días hábiles diera cumplimiento de forma voluntaria a la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa de dicha resolución; sin que de autos se advierta que el a quo hubiese hecho efectivo el apercibimiento y que hubiese ordenado la ejecución forzosa de la sentencia y además hubiese ordenado la desposesión del inmueble en comento. En consecuencia, atendiendo a la técnica del amparo, la determinación de la existencia o inexistencia de los actos atribuidos a una autoridad señalada como responsable, solamente puede referirse a cuestiones fácticas, es decir, a la comprobación en autos, por cualquiera de los medios legales, de la realización de esos actos por tales autoridades, o sea, si ha efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión, por lo que, si en la especie el quejoso no aportó prueba alguna que demostrara la existencia de una resolución que contuviera una orden de desposesión del inmueble que defiende emitida por el juez responsable; ni de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado se advierte la existencia de ésta. Máxime que el dictado de la orden de desposesión que reclama el aquí quejoso, resulta ser un acto futuro o incierto, dado que su existencia depende de que la parte demandada no de cumplimiento de forma voluntaria a la sentencia definitiva firme emitida en el juicio de origen, que la parte actora solicite la ejecución forzosa de dicha sentencia y que el juez responsable acuerde de manera favorable dicha petición y además ordene el lanzamiento del quejoso respecto del inmueble que defiende; lo cual a la fecha de presentación de la demanda no se advierte que hubiese ocurrido; de ahí la inexistencia de los actos impugnados. Por ende, debe tenerse como inexistente el acto reclamado y, en consecuencia, procede el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 107 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1170/2016-III-MC, promovido por******************** en relación con los actos y autoridad indicados en el apartado intitulado "Precisión de las autoridades responsables y de los actos reclamados.", por las razones contenidas en el apartado denominado: "Inexistencia de los actos reclamados". Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma VÍCTOR HUGO VELÁZQUEZ ROSAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, hasta hoy diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del juzgado, ante José Cruz Orozco Llamas, Secretario(a) que autoriza y da fe. DOY FE.
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