Ramiro Arias Torres
Expediente 1356/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ramiro Arias Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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MESA 5. Villahermosa, Tabasco, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta de septiembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
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MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; la certificación de cuenta se advierte que en proveído de diez de septiembre del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, rindiendo su informe justificado, al que anexó copia certificada de las constancias que integran la tercería excluyente de dominio, relativa al juicio laboral 816/2006, de su índice. Ahora bien, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, anexó al oficio de mérito, en lo que aquí interesa, copia certificada de la resolución de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en la tercería excluyente de dominio, relativa al juicio laboral 816/2006, de su índice; documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la omisión reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que el quejoso Ramiro Arias Torres, promovió el presente juicio de amparo, en contra de la omisión de emitir la resolución en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente laboral 816/2006, de su índice; en ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitió la resolución en la que se declaró procedente la tercería excluyente de dominio derivada del citado expediente laboral; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó al impetrante de mérito en el goce de sus garantías. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 12). Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido la Junta responsable, la resolución de tres de septiembre del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.
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MESA 5: NOTIFICACIÓN ESTABLECIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; la certificación de cuenta se advierte que en proveído de diez de septiembre del presente año, se tuvo a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, rindiendo su informe justificado, al que anexó copia certificada de las constancias que integran la tercería excluyente de dominio, relativa al juicio laboral 816/2006, de su índice. Ahora bien, la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, anexó al oficio de mérito, en lo que aquí interesa, copia certificada de la resolución de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en la tercería excluyente de dominio, relativa al juicio laboral 816/2006, de su índice; documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitido por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la omisión reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que el quejoso Ramiro Arias Torres, promovió el presente juicio de amparo, en contra de la omisión de emitir la resolución en la tercería excluyente de dominio derivada del expediente laboral 816/2006, de su índice; en ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que el tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitió la resolución en la que se declaró procedente la tercería excluyente de dominio derivada del citado expediente laboral; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó al impetrante de mérito en el goce de sus garantías. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 12). Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido la Junta responsable, la resolución de tres de septiembre del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.
- Principal
MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en representación de esa Junta, con residencia en esta ciudad, al que adjunta un anexo consistente en copia certificada de todas las constancias que integran la tercería excluyente de dominio, relativa al juicio laboral 816/2006, de su índice; con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que se anexan, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, mediante proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se reservó acordar respecto de la prueba ofrecida por el quejoso de mérito, consistente en el informe justificado de la autoridad responsable, lo que en efecto ya aconteció, por lo que se tiene como ofrecida y se tomará en consideración al momento de emitir la sentencia respectiva dentro del presente juicio de garantías.
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