Ramiro Alfredo González Ramírez

Expediente 928/2018 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 46 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
928/2018
Año
2018
Actuaciones
46
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Ramiro Alfredo González Ramírez
  • Procurador General de la República. Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, nueve de marzo de dos mil veintiuno. En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, téngase por recibida la correspondencia devuelta por el Departamento de Correos en esta ciudad, relativa a los oficios 7674/2018 y 7823/2018-3, sin que resulte necesario su reenvío, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido. Finalmente, como está ordenado en autos remítase este expediente al archivo. Notifíquese por lista. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Incidental

    II...Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente incidente, y atendiendo que en esta propia fecha se decretó el archivo del juicio principal del que deriva este expediente, ahora se procede proveer lo conducente a la depuración de este asunto. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión. Lo anterior, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, además conforme a lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Por lo que respecta al duplicado de este cuaderno, procédase a su destrucción a partir del quince de noviembre de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó y se negó el amparo de la justicia federal en el presente asunto; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo de las autoridades responsables y de la autoridad tercero interesada (foráneas) con sede en la Ciudad de México y Ciudad Victoria, Tamaulipas, habida cuenta que respecto a las primeras (autoridades responsables), conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie; mientras que, en cuanto a la segunda (tercero interesada), de acuerdo al dispositivo 82 de la legislación en comento, al haber obtenido resolución favorable únicamente podría adherirse a la revisión interpuesta por la parte quejosa, lo que no sucedió. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2a./J.6/2017, (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, visible a página 556, del libro 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de febrero de 2017, tomo I, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De igual forma, se cita la tesis I.6º.T.119.L, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Laboral, Décima Época, visible a página 3001, del libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de noviembre de 2014, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO. La sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, en la que el Juez de Distrito resolvió negar el amparo solicitado, no afecta en su esfera jurídica a la parte tercera interesada; por lo tanto, si ésta interpone el recurso de revisión en contra de aquélla, debe desecharse por improcedente, toda vez que la resolución dictada por el a quo, no le irroga perjuicio alguno." Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en las fracciones II y IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se decretó el sobreseimiento y se negó el amparo de la justicia federal ; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    El licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Se declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas: Juicio de amparo 928/2018-II, promovido por la parte quejosa Ramiro Alfredo González, contra actos del entonces Procurador General de la República, ahora Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El Juez: Secretario, dé cuenta con las constancias que obran en autos: El Secretario: Se da cuenta con lo siguiente: a) Escrito inicial de demanda de garantías (fojas 1 a 74). b) Informes justificados, rendidos por: 1. El encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial Federal en esta ciudad (foja 85). 2. Titular de la Estación Matamoros de la Policía Federal en esta ciudad. 3. Secretario de Seguridad Pública en el Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 95). 4. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en suplencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con asentamiento en la Ciudad de México (fojas 112 y 113). 5. Coordinadora Fiscal y de Amparo en representación del Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Ciudad de México (fojas 115 a 119). 6. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México (fojas 127 a 263). 7. Director de Amparo en suplencia del Procurador General de la República, con residencia en la Ciudad de México (fojas 280 a 282). Asimismo, se hace constar que en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvieron por inexistentes a las autoridades indicadas como Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en el estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, y al Director de la Policía Estatal, con asentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas (fojas 271 y 272). De igual forma, que la Paraestatal Pemex Transformación Industrial, con sede en la Ciudad de México, quedó debidamente emplazada a esta contienda constitucional (foja 300). El Juez: Se tiene a la secretaría haciendo una relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes de referencia y por inexistentes a las que se ha hecho mención. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. El Juez: Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos, de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México (fojas 1 a 74 y 127 a 263). El Juez: Acto continuo, se declara cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El Secretario: Se da cuenta con la intervención ministerial 814/2018, signada por el Fiscal de la Federación adscrito, y presentada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 90 a 93). El Juez: Téngase al representante social adscrito formulando alegatos de su intención, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al momento de resolver este asunto. Enseguida, se declara cerrado el período de alegatos, y se procede a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 928/2018-II, promovido por Ramiro Alfredo González Ramírez, contra actos del Procurador General de la República, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, Ramiro Alfredo González Ramírez, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y por los actos que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 1. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS. 4. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 5. JEFE REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CON ASENTAMIENTO CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 6. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 7. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE TAMAULIPAS. EN ESTA CIUDAD. 8. ENCARGADO DE LA SUBSEDE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. 9. TITULAR DE LA ESTACIÓN MATAMOROS DE LA POLICÍA FEDERAL. Acto reclamado: "1. El ilegal e infundado aseguramiento ordenado en la carpeta de investigación o averiguación previa penal PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016, respecto del inmueble y negociación ubicado en Avenida Constituyentes y Doce de Marzo, del Fraccionamiento Valle Real en esta localidad, y en el cual opera la Estación de Servicio E09552, para la venta de combustible de la marca "PEMEX", en la que ilegalmente la autoridad responsable impide su operación y funcionamiento mediante candados y pegotes o papeletas con la leyenda "Asegurado PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016", en las máquinas expendedoras o dispensarios de combustible e inclusive el acceso a las oficinas que se encuentran en el lugar. 2. De la autoridad ejecutora del acto reclamado en el inciso a) del apartado inmediato anterior numerado como 3, y relativo a las autoridades señaladas como responsables, reclamo cualquier acto que directa o indirectamente sea tendiente a pretender administrar el inmueble sobre el cual el suscrito tiene la posesión jurídica. 3. De las demás autoridades ejecutoras del acto reclamado, se reclama el ilegal cerco de seguridad establecido en el inmueble asegurado mediante presencia permanente de unidades policiacas y elementos de las referidas corporaciones para impedir el acceso de vehículos y personas al inmueble, y la operación de la negociación o establecimiento mercantil que se encuentra en el mismo y del cual mi representada tiene derecho a operar." (Sic) SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en diverso auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se revocó el carácter de autoridad responsable a Pemex Transformación Industrial, y se reconoció a las empresa en mención el carácter de tercera interesada, por ser la parte ofendida en la carpeta de investigación origen del acto reclamado; una vez integrado este asunto, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, toda vez que el acto reclamado versa sobre el aseguramiento de una negociación ubicada en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del quejoso, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio integral de la demanda, así como del informe justificado, se tiene que el acto reclamado consiste en: El aseguramiento del inmueble ubicado en avenida constituyentes y doce de marzo del fraccionamiento Valle Real, en esta ciudad, decretado mediante resolución de once de octubre de dos mil dieciocho emitida por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México. El aseguramiento del establecimiento mercantil denominado Estación de Servicio E09552, también decretado en la resolución que se menciona en el punto que antecede. TERCERO. Acto inexistente. El Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Procurador General de la República, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en suplencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, y la Coordinadora Fiscal y de Amparo en representación del Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,todos con sede en Ciudad de México; de igual manera, el Director Jurídico en ausencia del Secretario de Seguridad Pública en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, así como el encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial y el Inspector General en ausencia del titular de la Estación Matamoros de la Policía Federal, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. En ese tenor, el quejoso no desvirtuó las negativas a que se han hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, únicamente respecto a esas autoridades. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvieron por inexistentes a las autoridades indicadas como Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y Director de la Policía Estatal, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo anterior toda vez que a través de los comunicados 7656/2018-5 y 7, enviados a dichas autoridades, respectivamente se asentó lo siguiente: "Rehusado No existe autoridad", y "No existe autoridad", por lo que se hizo efectivo el apercibimiento efectuado en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, relativo a que si las autoridades responsables señaladas no existían con la denominación que indicó en su demanda, sin mayor trámite se tendrían por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, enseguida refirió que el pasado once de octubre de dos mil dieciocho, se ejecutó orden de cateo número 188/2018-V, otorgada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México, orden que se practicó en el inmueble ubicado en Avenida Constituyentes sin número, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad; asimismo, anexó copia certificada del acuerdo del aseguramiento de dicha estación. Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Situación que se corrobora con las documentales que allegó a su informe justificado, a las cuales se les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º de esa propia legislación. Cobra aplicación en la especie, el contenido de la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior es así, pues mediante resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016, el agente del Ministerio Público responsable decretó el aseguramiento tanto del inmueble como de la negociación mencionados por la parte quejosa. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. En el caso opera el principio de estricto derecho, en razón de que la parte quejosa variable no se encuentra en alguno de los supuestos que para la procedencia de la suplencia de la queja contempla el artículo 79, de la Ley de Amparo. En efecto, dentro de la carpeta de investigación origen del acto reclamado, se aprecia que el impetrante no figura como tercero interesado, menos aún como imputado, supuestos en los cuales, eventualmente procedería la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo. Entonces, si la parte quejosa no se encuentra en la hipótesis que establece la Ley de Amparo para que proceda la suplencia en sus conceptos de violación, es improcedente que opere dicha figura en este juicio. El agraviado aduce que se violan los numerales 5, 14 y 16 constitucionales en relación al aseguramiento tanto de la negociación como del inmueble, manifiesta: a. Que se vulnera su garantía relativa a dedicarse a la industria o comercio de su elección. b. Que la autoridad responsable ejecutó los actos reclamados sin que estuviera debidamente fundado y motivado. Son infundados dichos motivos de inconformidad. Merecen tal calificación, pues contrario a lo que aduce la parte quejosa, de la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho se advierte que el agente del Ministerio Público responsable, para decretar el aseguramiento de la negociación e inmueble, tomó en consideración lo siguiente: 1. El acta de cateo de once de octubre de dos mil dieciocho, elaborada por Roberto Carlos Serna Haro, agente del ministerio Público de la federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, respecto de la inspección realizada en el inmueble identificado como estación de servicio 9552, ubicada en avenida constituyentes, sin número, colonia Valle Real, código postal 87345, en esta localidad. 2. Copia certificada de Contrato de comercialización para gasolina y diesel, que celebran Pemex transformación industrial, representado por Jesús Neri Prieto Huerta, en su carácter de apoderado legal y por la otra parte Ramiro Alfredo González Ramírez, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 3. Dictamen de la especialidad de Criminalística de Campo con número de folio 75439 de once de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por Cynthia Isabel Álvarez Cortes, ratificado, mediante el cual concluye lo siguiente: "El perito en la especialidad de Química Forense procedió a realizar la toma de muestra de las cisternas identificados con los números 1 y 2 realizando la identificación, recolección, embalaje, sellado, etiquetado y debida cadena de custodia de las mismas". 4. Dictamen en química forense con número de folio 75434 de quince de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Ingeniero Química Juan Quintero Ortiz, mediante el cual refiere lo siguiente: "En cuanto al volumen de líquido, se procedió a determinar la altura del líquido con una regleta de madera graduada y con base en las tablas de cálculo de volúmenes (GUMEZ, Ramiro Alfredo González Ramírez) que me fueron proporcionadas por usted y que me refirió son utilizadas por el personal de dicha estación de servicio, (se anexan copias),s e obtuvo el valor estimado del volumen de los líquidos contenidos en cada cisterna, como se ilustra a continuación: Tabla 1 Cisterna Altura líquido Volumen obtenido 1 (magna ) Tapa verde 67.5 cm 12,024.5 litros 2 (Premium) Tapa roja 12 cm 501 litros Asimismo, se me mostró el reporte del sistema de control volumétrico (Tls-300) (se anexa copia) de los volúmenes de líquido que presentan las cisternas de la estación de servicio de fecha 11 de octubre de 2018, 11:24, solicitando reportar la diferencia de volúmenes entre ambas formas de medición (sistemas de control volumétrico y tablas de cálculo) mostradas en la tabla 2. Tabla 2 Cisterna Volumen (sistema de control volumétrico) Volumen por tablas Diferencia de volumen 1 (magna ) Tapa verde 12062 litros 12,024.5 litros 37.5 litros 2 (Premium) Tapa roja 0 litros 501 litros 501 litros Conclusiones PRIMERA. Se obtuvo el volumen mediante tablas de cálculo de los indicios marcados como 1 y 2 de los cuales se reportan en la tabla 1, en la sección resultados. SEGUNDA. Se determinó la diferencia de volúmenes entre el sistema de control volumétrico y las tablas de cálculo, reportado en la tabla 2, en la sección resultados. TERCERA. Se tomaron un total de seis muestras representativas de los indicios 1 y 2, cuatro fueron de un lito y dos de 5.0 mililitros." 5. Dictamen en la especialidad de valuación inmobiliaria de la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Asimismo, la autoridad investigadora consideró lo que establece el artículo 40 del Código Penal Federal, así como el diverso 181 del Código de Procedimientos Penales, también destacó que los bienes asegurados guardan relación con la investigación del delito de suministro ilícito de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que, sostuvo, se observaron inconsistencias relativas a la cantidad de petrolífero contenido en los tanques de almacenamiento de la multicitada estación de servicios con la cantidad de producto que reporta como adquirido de PEMEX, derivado de la realización del dictamen de química forense con número de folio 75434 de quince de octubre de dos mil dieciocho, donde el ingeniero químico Juan Quintero Ortiz, asentó las variaciones de las mismas, obtenidas del reporte del sistema de control volumétrico (TLS-300) con los volúmenes de líquido que presentan las cisternas de la estación de servicio de fecha 11 de octubre de 2018, 11:24, mostrados en la tabla 2, conteniendo en la cisterna más producto del referido en sus sistemas de medición. La responsable también consideró que el bien inmueble aludido, es un objeto del delito previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que en dicho lugar, es dónde se desarrolló el hecho investigado. En base a las anteriores consideraciones, el agente del Ministerio Público responsable, decretó el aseguramiento de los bienes durante la investigación. Por lo anterior, contrario a lo que aduce la parte quejosa, sí existió causa legal para decretar el aseguramiento de la negociación e inmueble, misma que consiste en que la primera guarda relación directa con la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y el segundo fue considerado objeto de delito; de ahí lo ineficaces de los conceptos de violación en análisis. No obstante que, como se adelantó, en el presente asunto es inaplicable la figura de la suplencia de la queja, por certeza del quejoso se precisa que la determinación tomada por el agente del Ministerio Público de la Federación responsable, en su resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en Avenida Constituyentes sin número, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad, se encuentra apegada a lo que al efecto dispone el artículo 40 del Código Penal Federal, así como en los diversos 181, 182 , 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que disponen: Del código Penal Federal. "Artículo 40.- El Órgano jurisdiccional mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado o sentenciado, se podrá decretar el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refieren los artículos 139 Quáter, 400 o 400 bis de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el imputado o sentenciado, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante el procedimiento. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. Del Código de Procedimientos Penales. "ARTICULO 181.- Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan Las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público pondrán inmediatamente a disposición de éste los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Ministerio Público, al momento de recibir los bienes, resolverá sobre su aseguramiento y sobre la continuidad o no del procedimiento al que se refieren los artículos 123 Bis a 123 Quintus de este Código, bajo su más estricta responsabilidad y conforme a las disposiciones aplicables. ARTICULO 182.- Al realizar el aseguramiento, los Agentes del Ministerio Público con el auxilio de la Agencia Federal de Investigaciones, o bien, los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad judicial para practicar la diligencia, según corresponda, deberán: (.) II.- Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados; III.- Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan; IV.- Solicitar que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 182-D de este Código, y V.- Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, poner los bienes a disposición de la autoridad competente para su administración, dentro de las setenta y dos horas siguientes, en la fecha y los lugares que previamente se acuerden con dicha autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables. La autoridad que inicie el acto de aseguramiento está obligada a concluirlo en los términos previstos por este Capítulo. Los bienes asegurados durante la averiguación previa o el proceso penal, que puedan ser objeto de prueba, serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con la legislación aplicable y de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 123 Bis a 123 Quintus de este Código y las demás disposiciones que resulten aplicables, en su caso. ARTICULO 182-A.- La autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene o grave los bienes asegurados. En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal." De dichos dispositivos, en esencia y en relación con este asunto, se advierte que durante el desarrollo de la investigación, el agente del Ministerio Público podrá asegurar los bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, que puedan ser materia de decomiso, así como aquellos bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con la comisión de un delito, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo. En el caso, como en esencia consideró la responsable, de la orden de cateo número 188/2018-V, otorgada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México, se observaron inconsistencias relativas a la cantidad de petrolífero contenido en los tanques de almacenamiento de la multicitada estación de servicios con la cantidad de producto que reporta como adquirido de PEMEX, derivado de la realización del dictamen de química forense con número de folio 75434 de quince de octubre de dos mil dieciocho, donde el ingeniero químico Juan Quintero Ortiz, asentó las variaciones de las mismas, obtenidas del reporte del sistema de control volumétrico (TLS-300) con los volúmenes de líquido que presentan las cisternas de la estación de servicio de fecha 11 de octubre de 2018, 11:24, mostrados en la tabla 2, conteniendo en la cisterna más producto del referido en sus sistemas de medición. De igual manera, los datos de prueba evidencian, hasta este momento procesal, que la parte quejosa es franquicitaria de Petróleos Mexicanos, que ésta no le había suministrado el hidrocarburo Pemex Premium desde dos años, según se advierte de la declaración emitida por Ricardo Antonio Hernández Patiño, al momento de llevar a cabo el cateo; asimismo, de los dictámenes se asentaron las variaciones de las cisternas que fueron objeto de estudio. Esto es, la estación de servicio que el quejoso dice es de su propiedad, guarda relación directa con el delito de suministro ilícito de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, previsto en el artículo 9, fracción II, inciso d) de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que, como lo destacó el fiscal investigador en la resolución reclamada, constan datos de prueba tales como la inspección y dictámenes periciales, que permiten advertir que la empresa es franquicitaria de Petróleos Mexicanos y que se hacía ilícitamente de petrolíferos propiedad de la paraestatal, en específico Pemex Premium, pues esta no se los suministraba desde hacía más de dos años y además en dichas cisternas se encontraron inconsistencias las cuales se plasmaron en las tablas visibles líneas supra. Lo anterior encuadra en la hipótesis prevista en los artículos 40 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales y por ello, el agente investigador estaba facultado para proceder a su aseguramiento; razón por la que su determinación no transgrede derecho alguno en perjuicio de la parte quejosa. Además de lo expuesto, es cierto, como lo consideró el Ministerio Público responsable, inmueble ubicado en Avenida Constituyentes sin número, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad, por el momento, puede ser considerado como un objeto del delito de Suministro Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos o petroquímicos, previsto y sancionado como se indicó anteriormente, pues en dicho inmueble se desarrolló el hecho investigado. Entonces, si el aseguramiento de la estación de servicio e inmueble, obedeció a que en la carpeta de investigación existen datos de que la primera guardó relación directa con el hecho delictivo investigado, es evidente que el aseguramiento que decretó el Ministerio Público responsable, se adecua a lo estipulado en el artículo 40 del Código Penal Federal, así como en el 181, 182 y 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, el actuar del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Matamoros, de la Unidad de Investigación y Litigación en el estado de Tamaulipas, se adecuó a las hipótesis contenidas en los dispositivos que rigen el acto, por lo que el aseguramiento contenido en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016, no transgrede derecho alguno que amerite reparación. En consecuencia de lo anterior, devienen ineficaces los conceptos de violación, ante lo cual, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo además en los artículos 61, fracción XVIII, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ramiro Alfredo González Ramírez, en contra de las autoridades y por los razonamientos señalados en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Ramiro Alfredo González Ramírez, respecto del acto consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en Avenida Constituyentes, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad, que decretó el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, al través de su resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe. Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 928/2018-II, promovido por Ramiro Alfredo González Ramírez, contra actos del Procurador General de la República, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, Ramiro Alfredo González Ramírez, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades responsables y por los actos que a continuación se mencionan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 1. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULOS. 4. DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES. EN REYNOSA, TAMAULIPAS. 5. JEFE REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CON ASENTAMIENTO CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. 6. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 7. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE TAMAULIPAS. EN ESTA CIUDAD. 8. ENCARGADO DE LA SUBSEDE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. 9. TITULAR DE LA ESTACIÓN MATAMOROS DE LA POLICÍA FEDERAL. Acto reclamado: "1. El ilegal e infundado aseguramiento ordenado en la carpeta de investigación o averiguación previa penal PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016, respecto del inmueble y negociación ubicado en Avenida Constituyentes y Doce de Marzo, del Fraccionamiento Valle Real en esta localidad, y en el cual opera la Estación de Servicio E09552, para la venta de combustible de la marca "PEMEX", en la que ilegalmente la autoridad responsable impide su operación y funcionamiento mediante candados y pegotes o papeletas con la leyenda "Asegurado PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016", en las máquinas expendedoras o dispensarios de combustible e inclusive el acceso a las oficinas que se encuentran en el lugar. 2. De la autoridad ejecutora del acto reclamado en el inciso a) del apartado inmediato anterior numerado como 3, y relativo a las autoridades señaladas como responsables, reclamo cualquier acto que directa o indirectamente sea tendiente a pretender administrar el inmueble sobre el cual el suscrito tiene la posesión jurídica. 3. De las demás autoridades ejecutoras del acto reclamado, se reclama el ilegal cerco de seguridad establecido en el inmueble asegurado mediante presencia permanente de unidades policiacas y elementos de las referidas corporaciones para impedir el acceso de vehículos y personas al inmueble, y la operación de la negociación o establecimiento mercantil que se encuentra en el mismo y del cual mi representada tiene derecho a operar." (Sic) SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, este juzgado admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en diverso auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, se revocó el carácter de autoridad responsable a Pemex Transformación Industrial, y se reconoció a las empresa en mención el carácter de tercera interesada, por ser la parte ofendida en la carpeta de investigación origen del acto reclamado; una vez integrado este asunto, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, toda vez que el acto reclamado versa sobre el aseguramiento de una negociación ubicada en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del quejoso, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del estudio integral de la demanda, así como del informe justificado, se tiene que el acto reclamado consiste en: El aseguramiento del inmueble ubicado en avenida constituyentes y doce de marzo del fraccionamiento Valle Real, en esta ciudad, decretado mediante resolución de once de octubre de dos mil dieciocho emitida por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México. El aseguramiento del establecimiento mercantil denominado Estación de Servicio E09552, también decretado en la resolución que se menciona en el punto que antecede. TERCERO. Acto inexistente. El Director de Amparo en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia del Procurador General de la República, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en suplencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, y la Coordinadora Fiscal y de Amparo en representación del Director General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,todos con sede en Ciudad de México; de igual manera, el Director Jurídico en ausencia del Secretario de Seguridad Pública en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, así como el encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial y el Inspector General en ausencia del titular de la Estación Matamoros de la Policía Federal, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. En ese tenor, el quejoso no desvirtuó las negativas a que se han hecho referencia; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, únicamente respecto a esas autoridades. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvieron por inexistentes a las autoridades indicadas como Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y Director de la Policía Estatal, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, lo anterior toda vez que a través de los comunicados 7656/2018-5 y 7, enviados a dichas autoridades, respectivamente se asentó lo siguiente: "Rehusado No existe autoridad", y "No existe autoridad", por lo que se hizo efectivo el apercibimiento efectuado en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, relativo a que si las autoridades responsables señaladas no existían con la denominación que indicó en su demanda, sin mayor trámite se tendrían por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, enseguida refirió que el pasado once de octubre de dos mil dieciocho, se ejecutó orden de cateo número 188/2018-V, otorgada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México, orden que se practicó en el inmueble ubicado en Avenida Constituyentes sin número, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad; asimismo, anexó copia certificada del acuerdo del aseguramiento de dicha estación. Por tanto, se tienen como ciertos los actos atribuidos por la parte quejosa a la responsable aludida en el párrafo que antecede. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Situación que se corrobora con las documentales que allegó a su informe justificado, a las cuales se les otorga el valor de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º de esa propia legislación. Cobra aplicación en la especie, el contenido de la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior es así, pues mediante resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016, el agente del Ministerio Público responsable decretó el aseguramiento tanto del inmueble como de la negociación mencionados por la parte quejosa. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. En el caso opera el principio de estricto derecho, en razón de que la parte quejosa variable no se encuentra en alguno de los supuestos que para la procedencia de la suplencia de la queja contempla el artículo 79, de la Ley de Amparo. En efecto, dentro de la carpeta de investigación origen del acto reclamado, se aprecia que el impetrante no figura como tercero interesado, menos aún como imputado, supuestos en los cuales, eventualmente procedería la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo. Entonces, si la parte quejosa no se encuentra en la hipótesis que establece la Ley de Amparo para que proceda la suplencia en sus conceptos de violación, es improcedente que opere dicha figura en este juicio. El agraviado aduce que se violan los numerales 5, 14 y 16 constitucionales en relación al aseguramiento tanto de la negociación como del inmueble, manifiesta: a. Que se vulnera su garantía relativa a dedicarse a la industria o comercio de su elección. b. Que la autoridad responsable ejecutó los actos reclamados sin que estuviera debidamente fundado y motivado. Son infundados dichos motivos de inconformidad. Merecen tal calificación, pues contrario a lo que aduce la parte quejosa, de la resolución de once de octubre de dos mil dieciocho se advierte que el agente del Ministerio Público responsable, para decretar el aseguramiento de la negociación e inmueble, tomó en consideración lo siguiente: 1. El acta de cateo de once de octubre de dos mil dieciocho, elaborada por Roberto Carlos Serna Haro, agente del ministerio Público de la federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, respecto de la inspección realizada en el inmueble identificado como estación de servicio 9552, ubicada en avenida constituyentes, sin número, colonia Valle Real, código postal 87345, en esta localidad. 2. Copia certificada de Contrato de comercialización para gasolina y diesel, que celebran Pemex transformación industrial, representado por Jesús Neri Prieto Huerta, en su carácter de apoderado legal y por la otra parte Ramiro Alfredo González Ramírez, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 3. Dictamen de la especialidad de Criminalística de Campo con número de folio 75439 de once de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por Cynthia Isabel Álvarez Cortes, ratificado, mediante el cual concluye lo siguiente: "El perito en la especialidad de Química Forense procedió a realizar la toma de muestra de las cisternas identificados con los números 1 y 2 realizando la identificación, recolección, embalaje, sellado, etiquetado y debida cadena de custodia de las mismas". 4. Dictamen en química forense con número de folio 75434 de quince de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Ingeniero Química Juan Quintero Ortiz, mediante el cual refiere lo siguiente: "En cuanto al volumen de líquido, se procedió a determinar la altura del líquido con una regleta de madera graduada y con base en las tablas de cálculo de volúmenes (GUMEZ, Ramiro Alfredo González Ramírez) que me fueron proporcionadas por usted y que me refirió son utilizadas por el personal de dicha estación de servicio, (se anexan copias),s e obtuvo el valor estimado del volumen de los líquidos contenidos en cada cisterna, como se ilustra a continuación: Tabla 1 Cisterna Altura líquido Volumen obtenido 1 (magna ) Tapa verde 67.5 cm 12,024.5 litros 2 (Premium) Tapa roja 12 cm 501 litros Asimismo, se me mostró el reporte del sistema de control volumétrico (Tls-300) (se anexa copia) de los volúmenes de líquido que presentan las cisternas de la estación de servicio de fecha 11 de octubre de 2018, 11:24, solicitando reportar la diferencia de volúmenes entre ambas formas de medición (sistemas de control volumétrico y tablas de cálculo) mostradas en la tabla 2. Tabla 2 Cisterna Volumen (sistema de control volumétrico) Volumen por tablas Diferencia de volumen 1 (magna ) Tapa verde 12062 litros 12,024.5 litros 37.5 litros 2 (Premium) Tapa roja 0 litros 501 litros 501 litros Conclusiones PRIMERA. Se obtuvo el volumen mediante tablas de cálculo de los indicios marcados como 1 y 2 de los cuales se reportan en la tabla 1, en la sección resultados. SEGUNDA. Se determinó la diferencia de volúmenes entre el sistema de control volumétrico y las tablas de cálculo, reportado en la tabla 2, en la sección resultados. TERCERA. Se tomaron un total de seis muestras representativas de los indicios 1 y 2, cuatro fueron de un lito y dos de 5.0 mililitros." 5. Dictamen en la especialidad de valuación inmobiliaria de la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Asimismo, la autoridad investigadora consideró lo que establece el artículo 40 del Código Penal Federal, así como el diverso 181 del Código de Procedimientos Penales, también destacó que los bienes asegurados guardan relación con la investigación del delito de suministro ilícito de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que, sostuvo, se observaron inconsistencias relativas a la cantidad de petrolífero contenido en los tanques de almacenamiento de la multicitada estación de servicios con la cantidad de producto que reporta como adquirido de PEMEX, derivado de la realización del dictamen de química forense con número de folio 75434 de quince de octubre de dos mil dieciocho, donde el ingeniero químico Juan Quintero Ortiz, asentó las variaciones de las mismas, obtenidas del reporte del sistema de control volumétrico (TLS-300) con los volúmenes de líquido que presentan las cisternas de la estación de servicio de fecha 11 de octubre de 2018, 11:24, mostrados en la tabla 2, conteniendo en la cisterna más producto del referido en sus sistemas de medición. La responsable también consideró que el bien inmueble aludido, es un objeto del delito previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que en dicho lugar, es dónde se desarrolló el hecho investigado. En base a las anteriores consideraciones, el agente del Ministerio Público responsable, decretó el aseguramiento de los bienes durante la investigación. Por lo anterior, contrario a lo que aduce la parte quejosa, sí existió causa legal para decretar el aseguramiento de la negociación e inmueble, misma que consiste en que la primera guarda relación directa con la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 9, fracción II, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y el segundo fue considerado objeto de delito; de ahí lo ineficaces de los conceptos de violación en análisis. No obstante que, como se adelantó, en el presente asunto es inaplicable la figura de la suplencia de la queja, por certeza del quejoso se precisa que la determinación tomada por el agente del Ministerio Público de la Federación responsable, en su resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en Avenida Constituyentes sin número, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad, se encuentra apegada a lo que al efecto dispone el artículo 40 del Código Penal Federal, así como en los diversos 181, 182 , 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, mismos que disponen: Del código Penal Federal. "Artículo 40.- El Órgano jurisdiccional mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado o sentenciado, se podrá decretar el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños o dueños beneficiarios o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio. Si pertenecen a un tercero, sólo se decomisarán cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título, esté en alguno de los supuestos a los que se refieren los artículos 139 Quáter, 400 o 400 bis de este Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario o poseedor y de la relación que aquel tenga con el imputado o sentenciado, en su caso. Las autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes que podrían ser materia del decomiso, durante el procedimiento. Se actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza de los instrumentos, objetos o productos del delito. Del Código de Procedimientos Penales. "ARTICULO 181.- Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan Las autoridades que actúen en auxilio del Ministerio Público pondrán inmediatamente a disposición de éste los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Ministerio Público, al momento de recibir los bienes, resolverá sobre su aseguramiento y sobre la continuidad o no del procedimiento al que se refieren los artículos 123 Bis a 123 Quintus de este Código, bajo su más estricta responsabilidad y conforme a las disposiciones aplicables. ARTICULO 182.- Al realizar el aseguramiento, los Agentes del Ministerio Público con el auxilio de la Agencia Federal de Investigaciones, o bien, los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad judicial para practicar la diligencia, según corresponda, deberán: (.) II.- Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales u otros medios adecuados; III.- Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan; IV.- Solicitar que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que correspondan de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 182-D de este Código, y V.- Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, poner los bienes a disposición de la autoridad competente para su administración, dentro de las setenta y dos horas siguientes, en la fecha y los lugares que previamente se acuerden con dicha autoridad, de conformidad con las disposiciones aplicables. La autoridad que inicie el acto de aseguramiento está obligada a concluirlo en los términos previstos por este Capítulo. Los bienes asegurados durante la averiguación previa o el proceso penal, que puedan ser objeto de prueba, serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con la legislación aplicable y de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 123 Bis a 123 Quintus de este Código y las demás disposiciones que resulten aplicables, en su caso. ARTICULO 182-A.- La autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene o grave los bienes asegurados. En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal, que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal." De dichos dispositivos, en esencia y en relación con este asunto, se advierte que durante el desarrollo de la investigación, el agente del Ministerio Público podrá asegurar los bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito, que puedan ser materia de decomiso, así como aquellos bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con la comisión de un delito, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo. En el caso, como en esencia consideró la responsable, de la orden de cateo número 188/2018-V, otorgada por el Juez Octavo de Distrito del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en la Ciudad de México, se observaron inconsistencias relativas a la cantidad de petrolífero contenido en los tanques de almacenamiento de la multicitada estación de servicios con la cantidad de producto que reporta como adquirido de PEMEX, derivado de la realización del dictamen de química forense con número de folio 75434 de quince de octubre de dos mil dieciocho, donde el ingeniero químico Juan Quintero Ortiz, asentó las variaciones de las mismas, obtenidas del reporte del sistema de control volumétrico (TLS-300) con los volúmenes de líquido que presentan las cisternas de la estación de servicio de fecha 11 de octubre de 2018, 11:24, mostrados en la tabla 2, conteniendo en la cisterna más producto del referido en sus sistemas de medición. De igual manera, los datos de prueba evidencian, hasta este momento procesal, que la parte quejosa es franquicitaria de Petróleos Mexicanos, que ésta no le había suministrado el hidrocarburo Pemex Premium desde dos años, según se advierte de la declaración emitida por Ricardo Antonio Hernández Patiño, al momento de llevar a cabo el cateo; asimismo, de los dictámenes se asentaron las variaciones de las cisternas que fueron objeto de estudio. Esto es, la estación de servicio que el quejoso dice es de su propiedad, guarda relación directa con el delito de suministro ilícito de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, previsto en el artículo 9, fracción II, inciso d) de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ya que, como lo destacó el fiscal investigador en la resolución reclamada, constan datos de prueba tales como la inspección y dictámenes periciales, que permiten advertir que la empresa es franquicitaria de Petróleos Mexicanos y que se hacía ilícitamente de petrolíferos propiedad de la paraestatal, en específico Pemex Premium, pues esta no se los suministraba desde hacía más de dos años y además en dichas cisternas se encontraron inconsistencias las cuales se plasmaron en las tablas visibles líneas supra. Lo anterior encuadra en la hipótesis prevista en los artículos 40 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales y por ello, el agente investigador estaba facultado para proceder a su aseguramiento; razón por la que su determinación no transgrede derecho alguno en perjuicio de la parte quejosa. Además de lo expuesto, es cierto, como lo consideró el Ministerio Público responsable, inmueble ubicado en Avenida Constituyentes sin número, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad, por el momento, puede ser considerado como un objeto del delito de Suministro Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos o petroquímicos, previsto y sancionado como se indicó anteriormente, pues en dicho inmueble se desarrolló el hecho investigado. Entonces, si el aseguramiento de la estación de servicio e inmueble, obedeció a que en la carpeta de investigación existen datos de que la primera guardó relación directa con el hecho delictivo investigado, es evidente que el aseguramiento que decretó el Ministerio Público responsable, se adecua a lo estipulado en el artículo 40 del Código Penal Federal, así como en el 181, 182 y 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, el actuar del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Matamoros, de la Unidad de Investigación y Litigación en el estado de Tamaulipas, se adecuó a las hipótesis contenidas en los dispositivos que rigen el acto, por lo que el aseguramiento contenido en auto de once de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016, no transgrede derecho alguno que amerite reparación. En consecuencia de lo anterior, devienen ineficaces los conceptos de violación, ante lo cual, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto, con apoyo además en los artículos 61, fracción XVIII, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ramiro Alfredo González Ramírez, en contra de las autoridades y por los razonamientos señalados en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Ramiro Alfredo González Ramírez, respecto del acto consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en Avenida Constituyentes, colonia Valle Real, Estación de servicio Pemex con número 9552, en esta localidad, que decretó el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México, al través de su resolución de once de octubre de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación AP/PGR/SEIDO/UEIARV/023/2016. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario con quien actúa y da fe.

Quedan 42 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano