Ramiro Adalberto Jarquin Ortiz

Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
578/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Ramiro Adalberto Jarquin Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO. II. Protección de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. III. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    +++(notificación por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa)San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo que promueve ******, contra actos del Fiscal de la Mesa 5 adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 578/2021. II. Expediente electrónico y juicio en línea. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o incluso a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. III. Análisis de la demanda. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se exponen. En términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "Reclamo de la autoridad responsable ordenadora, la falta de acuerdo fundado y motivado a mis escritos de petición, acusados de recibido el 28 de Octubre del 2020 y 26 de Noviembre del 2020, por la oficialía de partes de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca." Asimismo, del capítulo de antecedentes, manifestó: "Por escrito, acusado de recibido el 28 de Octubre del 2020, por la oficialía de partes de la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca, presente formal denuncia hechos en contra del Director General, Director Jurídico, Director de Planeación y Comercialización, Director y/o Coordinador Técnico ; Jefe de Departamento de Operación y Mantenimiento, Coordinador Operativo, Encargado de la Dirección Técnica y Jefe de Supervisión de Obra, todos y cada uno de los nombrados, servidores públicos del organismo público operador denominado, Servicios del Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca "SAPAO"; Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Director de Investigación, Diagnostico y Gestión de Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, Coordinador Municipal de Protección Civil de San Jacinto Amilpas; Presidente Municipal Constitucional de San Jacinto Amilpas; y demás que resulten responsables del delito de ejercicio abusivo de funciones previsto y sancionado en el artículo 217 del Código Penal para el Estado de Oaxaca. Es el caso que de forma extrajudicial tengo entendido que a dicho promoción le asignaron el número de carpeta de investigación ****** y que la turnaron al Fiscal de la mesa V adscrito a la Fiscalía Especializada en el combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el pasado 28 de Octubre del 2020, tal y como aparece escrito de forma autógrafa en la parte inferior derecha del escrito de denuncia en referencia. Con esos datos, el pasado 26 de Noviembre del 2020, ingrese un segundo escrito, acusado de recibido en la misma fecha, por la oficialía de partes de la mesa V de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca o Fiscalía Especializada en el combate a la Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el que ofrecía diversos medios de prueba para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Sin embargo a la fecha; a dichas promociones no les ha recaído un acuerdo debidamente fundado y motivado; pues aluden que no se pueden presentar a trabajar todos, por disposiciones de los Acuerdos tomados por el Fiscal Anticorrupción del Estado en cuando a las medidas adoptadas por motivo de la Pandemia COVID 19. Y que si bien es cierto, el amparo no produce efectos contra actos para procesales, también lo es como quedara probado en el presente caso, lo que se afecta son derechos sustantivos tendientes a alterar las normas del procedimiento y por consiguiente se trata de actos de imposible reparación." Así, planteados el acto reclamado, se advierte que la demanda de amparo es improcedente, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues la quejosa promovió juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, ya que previamente debió acudir ante el juez de control correspondiente a controvertir el acto que reclama. En efecto, el precepto 61 de la ley de la materia, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; es decir, contempla la posibilidad que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga respaldo en alguna disposición constitucional. Es aplicable en lo conducente, la Tesis Aislada Tesis 2a. LXXXVI/99, con número de registro 193829, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental, regula constitucionalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país para dejar a un lado el inquisitorio, derivado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es pertinente señalar, que la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, de corte acusatorio y oral, tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios constitucionales rectores que rigen a dicho sistema a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Luego, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo con el sistema acusatorio, destacándose las siguientes etapas: 1. Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el Juez de Control; aquí es cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación. 2. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral. 3. Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva. Conviene precisar que la primera etapa llamada preliminar o de investigación comienza a partir de la noticia criminal y se agota una vez concluido el plazo que conceda el juez de control para su complementación; no obstante, siendo una sola etapa, tiene dos fases o momentos destacados, a saber: a). Antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina "investigación inicial"; y, b). A partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama "investigación complementaria". La investigación inicial tiene el objetivo principal de que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Para procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejerza las funciones constitucionales de investigación, tiene las facultades y deberes que se encuentran contenidos en los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente disponen: "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. "Artículo 216. Proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 128. Deber de lealtad. El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones." "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención." De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de realizar la investigación para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió, o participó en su comisión y, para ello tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le doten, sino aquellos elevados a rango constitucional y los del ámbito internacional. Asimismo, tan pronto el Ministerio Público, reciba la noticia criminal, deberá dirigir la investigación penal, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. De ahí que, puede concluirse válidamente que la carpeta de investigación está encaminada a esclarecer los hechos denunciados que la ley señala como delitos y la identificación de quien los cometió o participó, pero para ello, se exigen ciertas obligaciones de actuación de la representación social del conocimiento. Ahora, el artículo 20 Constitucional en su apartado C fracción VII establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Lo subrayado es propio. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su numeral 109, fracción XXI y, la Ley General de Víctimas, en sus artículos 10, 11, 12 fracciones III, IV, V, VI, XI y XII y, 14 disponen: Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;" Ley General de Víctimas "Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación." "Artículo 11. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales." "Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y" "Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos, pero si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia." Lo subrayado es propio. El contenido de los artículos constitucional y legales transcritos, revelan que la víctima tiene el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, lo anterior en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional (Juez de Control) conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad. Por tanto, la víctima de un delito tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación para el esclarecimiento de los hechos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima acuda ante el órgano jurisdiccional competente ante el desacato de los artículos 212, 214, 216 en relación con los diversos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de la representación social del conocimiento y, por ende del artículo 17 de la Constitución Federal respecto de una impartición de justicia pronta y expedita. Así, el Juez de Control tiene competencia constitucional para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio, en términos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) Control sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control (artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). b) Control posterior sobre detenciones realizadas por el Ministerio Público (artículo 16 constitucional párrafo séptimo). c) Control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación (artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). Control sobre omisiones del Ministerio Público en la investigación de los hechos; resoluciones de reserva; no ejercicio de la acción penal; desistimiento de la acción penal; suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y aplicación del criterio de oportunidad (Artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional). Ahora bien, los referidos artículos constitucionales y legales del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen la competencia de los jueces de control del nuevo Sistema de Justicia Penal, otorgándoles la facultad para subsanar la violación a los artículos 212, 214, 216, en relación con los diversos 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al prever el derecho de las víctimas u ofendidos de acudir ante la autoridad judicial para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación para el esclarecimiento de los hechos, pues es una omisión que se da en la etapa de investigación, donde justamente dicho órgano jurisdiccional controla dicha etapa como garante de la investigación. En consecuencia, el Juez de Control, corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Es por ello que ante la omisión de la representación social en la investigación de los delitos en el nuevo sistema de justicia penal, es necesario acudir ante la autoridad competente, en el caso, el Juez de Control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva y conforme con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, velará por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. Una vez realizada la petición de control ante el órgano jurisdiccional facultado para ello, en términos de los ya referidos artículos constitucional y legales, el Juez de control atendiendo a los principios rectores constitucionales estatuidos en el artículo 20 y a los diversos instituidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en términos de los ordinales 52, 66, 44, 47, 48, 49 del antes citado ordenamiento convocará a una audiencia y en presencia de ambas partes (Ministerio Público y víctima) escuchará sus pretensiones y, con base en ellas, decidirá de inmediato lo conducente de conformidad con los numerales 67, 68 y 99 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, de acuerdo con el principio de igualdad procesal y, de conformidad con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, al igual que el imputado, tiene el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones y determinaciones del Fiscal investigador en el ejercicio de sus funciones. De ahí que, la parte quejosa, quien tiene el carácter de ofendida en la indagatoria de origen, tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal ya apuntadas, de impugnar ante el Juez de control competente, la omisión de administrar justicia pronta y expedita, así como a emitir la resolución respecto a la reserva, ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, acorde a la lectura íntegra de la demanda que fue realizada bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa fue omisa en impugnar la omisión aludida ante el juez de control respectivo; quien es la autoridad facultada de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Por tanto, se concluye que la demanda de amparo es improcedente contra las omisiones y determinaciones del Ministerio Público en la investigación para el esclarecimiento de los hechos en una carpeta de investigación; máxime que, la violación a los derechos humanos de la parte quejosa, pueden ser restaurados por el juez de control y sin que se soslaye que de manera subsidiaria resulte procedente el juicio de amparo, cuando la violación al derecho fundamental no haya quedado reparada, ante la potestad de los jueces de control. Además, la omisión de la representación social, respecto a solicitar ante el Juez de Control competente, fecha y hora para la celebración de la Audiencia Inicial respectiva, se traduce en una forma de paralizar el procedimiento y por ende, la investigación del delito. Así, establecer que el juicio de amparo indirecto sea procedente respecto de actos u omisiones de la representación social en la fase de investigación, sin pasar por el escrutinio del Juez de control, impondría a la víctima u ofendido un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería de inmediato lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional bi-instancial, en el que no rigen los principios de inmediación, publicidad, continuidad, contradicción y oralidad que caracterizan al nuevo sistema de justicia penal. De no estimarse así, se desnaturalizaría el juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han agotado las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Cobra aplicabilidad, por identidad de criterio, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con número de registro 2017641, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 113, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. IV. Domicilios y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizado legal de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, por contar con registro de su cédula profesional en el: "sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgado de distrito"; y, por lo que hace a las demás personas que menciona, únicamente se autorizan en términos de la última parte del citado numeral, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado expresamente. V. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las mismas, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página: 2847, tesis: I.3o.C.725C, Registro No. 167640, Novena Época, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Vi. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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