Ramiro Acevedo Guzman

Expediente 975/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
975/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Ramiro Acevedo Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma ha causado estado para los efectos legales conducentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, pues se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto (artículo 21, párrafo primero, inciso a), del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Ocurrido lo anterior, comisiónese al Secretario (a) encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese

  2. Principal

    MESA V. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual en alcance a su informe justificado, remite copia certificada del auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 362/2021 de su índice estadístico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la documental que adjuntó la responsable. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación." No obstante, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta necesario precisar que en este sumario el acto reclamado consiste en la dilación laboral de emitir acuerdo en el cual se señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 362/2021, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado De México. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular la documental enviada en complemento al informe justificado de la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, la dilación reclamada a la autoridad responsable, de emitir el acuerdo en el cual se señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 362/2021, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado De México, ha cesado, pues de las copias certificadas que remitió la referida responsable, se advierte que después de la presentación de la demanda de amparo (siete de octubre de dos mil veintiuno), el quince de octubre de dos mil veintiuno se emitido el acuerdo en el que se proveyó lo conducente en torno a la contestación de la demanda y se fijó fecha y hora para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 362/2021. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo a la quejosa en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA V. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y al físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio de cuenta a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde informe justificado, y remite pruebas; dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las constancias remitidas por la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA V. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por ********** por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 975/2021-V. DESECHAMIENTO POR AUTORIDAD. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Por su parte, los artículos 88 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en su orden, establecen: "Artículo 88.- Los secretarios tienen fe pública en el ejercicio de las funciones a su cargo; también la tienen los servidores públicos judiciales que en cada caso autoricen, la ley, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de las salas colegiadas, los magistrados unitarios o el juez. Artículo 89.- Son obligaciones de los secretarios: I. Cumplir con el horario de labores fijado por el Consejo de la Judicatura, vigilar que sus subalternos también lo hagan y llevar el libro de asistencia para su control; (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 6 DE ENERO DE 2016) II. Recibir por sí, por conducto de la oficialía de partes o a través de la plataforma tecnológica que para tal efecto se habilite, los escritos o promociones que se les presenten. Para el caso de la recepción física de documentos, el secretario deberá anotar al calce la razón del día y la hora de presentación, expresando el número de hojas que contengan los documentos que se acompañen. También deberán asentar razón idéntica en la copia, con la firma del que recibe el escrito y el sello del juzgado o tribunal, para que quede en poder del interesado. (ADICIONADO, G.G. 6 DE ENERO DE 2016) Para los supuestos en el que se realice la recepción electrónica de escritos o promociones, el Consejo de la Judicatura deberá establecer la forma en la que se realicen las actividades descritas en esta fracción. (REFORMADA, G.G. 8 DE MAYO DE 2003) III. Dar cuenta diariamente dentro de las 24 horas siguientes de su recepción, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al presidente de la sala colegiada, al magistrado unitario, o al juez, según corresponda, con los escritos, promociones y avisos presentados por los interesados, así como con los oficios y demás documentos que se reciban y tramitar la correspondencia oficial; (REFORMADA, G.G. 6 DE ENERO DE 2016) IV. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias y autos, así como toda clase de resoluciones dictadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia o del pleno, magistrados de las salas o juez, que se expidan de manera física o electrónica, según corresponda; V. Asentar en los expedientes puntualmente las certificaciones, constancias y demás razones que la ley o el superior ordenen: VI. Expedir las copias que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de mandamiento judicial; VII. Conservar en su poder el sello de la oficina, sellar, foliar y rubricar en el centro, cada una de las hojas de los expedientes y demás documentos al término de cada actuación; VIII. Guardar en el secreto del tribunal, sala o juzgado, los documentos, expedientes o valores que la ley o el superior disponga; IX. Recoger, guardar e inventariar los expedientes; X. Proporcionar a los interesados los expedientes en los que fueren parte, siempre que sea en su presencia, sin extraerlos de la oficina; (REFORMADA, G.G. 10 DE MAYO DE 2013) XI. Participar como fedatario público en el desahogo de videoconferencias que se soliciten al órgano jurisdiccional de su adscripción, así como aquéllas que el propio órgano jurisdiccional ordene en el ámbito territorial de competencia; XII. Dar fe y autorizar los actos de su inmediato superior en ejercicio de sus funciones; (REFORMADA, G.G. 10 DE MAYO DE 2013) XIII. Efectuar en el tribunal o juzgado, las notificaciones que les encomiende la ley o entregar para el mismo objeto los expedientes al notificador o, en su caso, al ejecutor. Cuando no exista notificador adscrito, el secretario asumirá las funciones de aquél en lo referente a las notificaciones que sean por lista, Boletín Judicial o correo electrónico institucional; XIV. Llevar al corriente los siguientes libros: el de gobierno, para anotar entradas, salidas y el estado de los asuntos en cada ramo; el de registro diario de promociones; el de entrega y recibo de expedientes y comunicaciones; el de exhortos para cada materia; el de entrega y recibo de expedientes al archivo judicial y los demás que sean necesarios para cada materia, a juicio del Consejo de la Judicatura; XV. Conservar bajo su custodia, previo inventario, el mobiliario del tribunal o juzgado, y cuidar de su buen estado de conservación; XVI. Ejercer la vigilancia necesaria en la oficina, para preservar los expedientes y documentos; XVII. Cuidar el orden y el cumplimiento en el trabajo del personal a su cargo; XVIII. Asistir a los cursos y cumplir con los programas del Instituto de Capacitación y Especialización Judicial; y XIX. Autorizar y desempeñar las demás labores y servicios que las leyes o las autoridades judiciales les encomienden. Artículo 90.- El secretario auxiliar en cada sala, sustituirá en sus faltas al secretario de acuerdos. Artículo 91.- Los secretarios auxiliares desempeñarán las labores referentes a la secretaría. Los oficiales mayores, son auxiliares de los secretarios de las salas y tendrán las obligaciones que les señalen éstos para el mejor desempeño de sus labores; llevarán los libros de la sala en apoyo de los secretarios y tendrán a su cargo el cotejo de los testimonios de las ejecutorias con sus originales, asentando al margen su rúbrica, para acreditar la fidelidad de estos documentos. Artículo 92.- Los ejecutores y notificadores tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones. (ADICIONADO, G.G. 10 DE MAYO DE 2013) Los notificadores apoyarán como fedatarios públicos para el desahogo de videoconferencias en los órganos jurisdiccionales que no contemplen la figura del secretario de acuerdos. Artículo 93.- Los ejecutores, notificadores y los demás servidores desempeñarán las labores que la ley o sus superiores les encomienden." Luego, si bien es cierto que entre las facultades del Secretario de Acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el Juez; no menos verídico lo es que dicha función asignada no implica que resuelva de manera conjunta con el titular, quien es el único responsable de su fallo, y solo el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; luego, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, el Secretario auxiliar y el Secretario de acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado De México, carecen de facultades decisorias y ejecutoras pues, sus funciones se constriñen a autorizar y dar fe de los autos del Juez, sin poder actuar con imperio y por ende, su conducta no se puede tomar como acto de autoridad. Norma el criterio expuesto, la jurisprudencia 1006, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 692 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama.". En tales condiciones, al estar materializada la hipótesis de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que respecta al acto reclamado al Secretario auxiliar y al Secretario de acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado De México. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La dilación laboral de emitir acuerdo en el cual se señale fecha y hora para la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral 362/2021, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado De México. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio, lo anterior dadas las medidas de contingencia con motivo de la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV-2 y la enfermedad covid-19. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las catorce horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo dicha audiencia, dado el horario establecido para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 15 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 75, 115 y 117, de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada, telegrama o al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual forma, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. En el presente asunto se estima que no existe tercero interesado, pues la contraparte de la quejosa también está interesada en que se concluya el juicio de origen; de ahí, que no se ubique en el supuesto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo la jurisprudencia 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Toda vez que se refiere a la Ley de Amparo abrogada y en el presente caso, prevalece el derecho a la administración de una justicia pronta y expedita como lo marca el artículo 17 constitucional.2 AUTORIZADOS. En otro punto, dada la naturaleza del presente asunto, se tiene por autorizadas a las personas que menciona y en los términos que precisa, esto es, términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito inicial de demanda. Sin que sea dable tener como domicilio procesal el correo electrónico que señala, ya que no está contemplado para dichos efectos en la ley de Amparo. PRUEBAS. Respecto de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y ser tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno siempre y cuando obren en autos. COPIAS. En cuanto a la solicitud de copias, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias que solicita. En el entendido que, para recibir las copias deberá comparecer en el local que ocupa este recinto judicial, la persona autorizada para tal efecto deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de quien acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Autorización medios electrónicos. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de los autos, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que permite la utilización de aparatos como son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito Comisiónese a los actuarios adscritos a este Juzgado, para que investiguen si es posible notificar este auto a las autoridades responsables, por vía electrónica, interconexión o por correo electrónico, lo anterior, ante la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV-2 y la enfermedad covid-19; en el entendido que de no realizarse la notificación de dichos términos deberá entregarse la comunicación correspondiente. En el entendido que, para el caso de la autoridad, deberán recabarse los datos del servidor público que confirme la recepción del oficio o auto respectivo, para valorar si se logró la notificación. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese

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