Ramil Manuel Soto Alvarez
Expediente 1498/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1498/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ramil Manuel Soto Alvarez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con incidente de suspensión ni documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, del citado informe de Ley se advierte, que la referida autoridad acompañó un acuerdo de once de julio del año en curso, en el que decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de la parte denunciada en la carpeta de investigación ********************, así mismo, en el citado oficio de cuenta el fiscal investigador responsable refirió, que por audiencia de control de cinco de septiembre de los actuales, en el expedientillo ******************** el Juez Primero de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, confirmó el citado no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, con base en lo manifestado por la autoridad responsable, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el juicio de origen ha dejado de existir. El citado artículo indica lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)" El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno, porque ha dejado de existir su objeto o materia, de manera que sus efectos -que no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso- no se actualizarán, en virtud de la modificación del entorno jurídico en que se emitió originalmente, por lo que en caso de concluirse que es inconstitucional dicho acto, jurídicamente resultaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimaba violado, siendo nugatoria la finalidad del juicio de amparo, consistente en reparar tales violaciones a través del fallo protector. Es ilustrativo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, que analiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII de la abrogada Ley de Amparo, de igual contenido al previsto en el diverso 61, fracción XXII, de la vigente, y cuyo contenido es el siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis normativa prevista en el invocado precepto legal, toda vez que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional, reclamando la omisión de la responsable de dar respuesta al escrito presentado el cinco de septiembre del año en curso, en el que solicitaba realizara la gestión correspondiente a efecto de que el caballo que aduce de su propiedad sea puesto a disposición de la autoridad ministerial. Ahora bien, como se indicó, de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, en el oficio de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de once de julio de dos mil veintitrés, el fiscal investigador responsable decretó no ejercicio de la acción penal, incluso refiere en su informe de Ley, que en audiencia de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró audiencia de control, a fin de atender el medio de impugnación hecho valer por la parte denunciante en contra del no ejercicio de la acción penal decretado el once de julio del año en curso, en autos del expedientillo ******************** del índice del Juzgado Primero de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que se confirmó la referida determinación de no ejercicio de la acción penal; asimismo, la autoridad oficiante refiere que para el momento de la presentación del escrito del que se duele el aquí quejoso, la audiencia antes señalada ya había sido finalizada, con el resultado señalado. De manera que, en el presente juicio de amparo aun cuando subsista el acto reclamado, ya no puede surtir efecto legal alguno, pues la materia del amparo ha dejado de existir, esto es, el procedimiento principal de donde deriva el acto reclamado, dejó de existir, al decretarse el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación de origen ********************, mediante acuerdo de once de julio del año en curso, tal como se advierte de las constancias que remitió el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Número 3, incluso el fiscal refirió, que esa determinación fue confirmada; por lo tanto, los efectos de la omisión reclamada no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno de la investigación de origen, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En ese sentido, se torna material y jurídicamente imposible que el acto consistente en la omisión de dar respuesta a un escrito, para tal acontecimiento, surta efectos jurídicos, y por tanto, que sea susceptible de ser reparado a través de esta instancia constitucional. En mérito de lo anterior es que se concluye la actualización de la causa de improcedencia invocada, pues al margen de la subsistencia del acto reclamado, éste no puede surtir efectos en virtud de que en la carpeta de investigación de la cual deriva fue culminada, lo que modificó el entorno jurídico de aquél. Por consiguiente, esta juzgadora decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXII, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés Mérida Yucatán a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés******************** Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 13359/2023, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el cual acusa recibo del escrito de expresión de agravios original, relativo al recurso de queja interpuesto en el juicio de amparo ********************en que se actúa; e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ********************autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la ********************contra el auto ocho de septiembre del año en curso, el cual se tramitará en el toca ********************de su índice******************** Notifíquese******************** Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe******************** Doy fe********************
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