Raiza Hestel Hermida Espinoza y Otros.
Expediente 467/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Raiza Hestel Hermida Espinoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
PRAL.467/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós se tuvo a la autoridad responsable, jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, remitiendo la documental consistente en tres cuadernillos en copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado, que obra como tomo anexo a este juicio de amparo. Ahora, como en proveído de fecha doce de mayo del año en curso causó estado el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo y, en consecuencia, se ordenó el archivo del expediente. 2. Devolución de documental. En esas condiciones, como este asunto se encuentra concluido, mediante oficio que al efecto se envíe, se ordena devolver la documental a esa responsable, por resultar innecesario que continúe resguardado en este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.467/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que el veintiocho de abril de dos mil veintidós se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, lo que le fue notificado el veintinueve de abril último, por lo que el plazo conferido para hacer valer en su contra el recurso de queja a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del tres al once de mayo del año en curso, sin que hubiere interpuesto dicho medio de impugnación. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (depurable). Toda vez que en diverso acuerdo de veintiuno de abril de este año se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, el destino de este expediente es DEPURABLE, con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.1. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción sobre certificación. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que tiene a su cargo el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.467/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca; en su atención, se le tiene: 1º Oficio por instrucciones. Emitiendo el oficio de cuenta por instrucciones de la titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. 2º Denominación correcta. Comunicando que los oficios 11480/2022 y 11481/2022, dirigidos al: a) Delegado (a) del Instituto Nacional de Migración, residente en la ciudad de Oaxaca; y, b) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Recaen en una sola autoridad, cuya denominación correcta es titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Y que del oficio 11482/2022, dirigido a la titular de la Oficina de Sub Representación Local de dicho Instituto, tiene como denominación correcta la de encargado de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. En esas condiciones, se encomienda a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) haga las anotaciones correspondientes, con el objeto de que aparezcan con la referida denominación. 3º Informe suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe relativo a la suspensión de oficio y de plano decretada en este juicio de amparo, para los efectos legales correspondientes. 4º Prueba. En términos del numeral 119 de la ley invocada, se tiene como prueba documental de las citadas autoridades la consistente en tres cuadernillos en copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado, que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, para ser considerada oportunamente. 5º Se ordena formar tomo anexo. A fin de facilitar el manejo de este juicio de amparo, con la documental remitida se ordena formar el tomo anexo I a este juicio, que queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría I de este Juzgado, respetando el folio y entresello correspondientes. 6º Información reservada. Se le tiene comunicando que la información que remite con el oficio de cuenta se encuentra clasificada como reservada y confidencial de conformidad a lo establecido en el artículo 110, fracción V y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para los efectos legales conducentes. 7º Correo electrónico. Así también, excepcionalmente, se considerarán las cuentas de correos electrónicos y número telefónico que proporcionan (para el caso de notificaciones urgentes mediante oficio digitalizado con utilización de firma electrónica, enviado al referido correo electrónico institucional); a fin de confirmar las comunicaciones oficiales que se envíen por dicho medio tecnológico. En el entendido que la notificación que amerite ser enviada mediante correo electrónico institucional surtirá efectos siempre y cuando exista razón de envío en que conste la confirmación de la recepción, pues, de lo contrario, deberá hacerse uso de otros medios de comunicación para la eficacia de la notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.467/2022.MESA-1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado Jorge Luis Juárez Rodas, en representación de a) Raiza Hestel Hermida Espinoza, b) Royde Parra Hermida y c) José Vladimir Labaut Espinosa, recibida en esta fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma data; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 467/2022. Por el momento, no se tiene al ocursante promoviendo en representación de los directos quejosos, dado que no exhibe el documento idóneo, en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, no obstante lo anterior, atento a la naturaleza de los actos reclamados, se le tiene promoviendo la demanda de amparo en favor de dichos quejosos. Y el hecho de que esa representación también la ostente en términos del artículo 12 de la ley invocada, esto es, de autorizado legal, tampoco sería procedente, porque esa figura jurídica se actualiza cuando son los quejosos quienes los designan para tal efecto y, en el caso, es el propio promovente el que se autoriza a sí mismo como autorizado en términos amplios del referido precepto legal. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Ratificación. No obstante que el promovente del amparo no menciona el motivo por el cual los directos quejosos no firman la promoción inicial constitucional, con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a a) Raiza Hestel Hermida Espinoza, b) Royde Parra Hermida y c) José Vladimir Labaut Espinosa, para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, siguientes a la fecha de esa notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no ratificar la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el cuarto párrafo del precepto 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada. 4. Notificación a la parte quejosa. Se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) para que, de inmediato, se presente en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de la ciudad de Oaxaca, dentro de la Sub-representación Local del Instituto Nacional de Migración (lugar en el que se refiere se encuentran privados de su libertad), en busca de los directos quejosos o en algún otro u otros lugares de detención o alojamiento que tenga la autoridad responsable o, bien, en los lugares de reclusión donde puedan ser localizados y los requiera y aperciba en los términos indicados. 5. Suspensión de oficio. En virtud de que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1° La ilegal detención por parte del Instituto Nacional de Migración y, por consiguiente, la privación ilegal de su libertad de la que son objeto. 2° La prolongación en el alojamiento de la que han sido objeto una vez que los han trasladado a una estación migratoria. 3° La inminente deportación, expulsión o repatriación por encontrase privados de su libertad, al haber sido detenidos sin haber cometido delito alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se provee: I. En relación a la detención administrativa por parte de las autoridades migratorias. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Así, la entrada en la República Mexicana de toda persona está subjúdice a las facultades de la autoridad administrativa, cuando se trate de las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que la autoridad migratoria responsable se ajuste a los parámetros en la Ley de Migración y, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 101, comunique a los directos quejosos que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país: I. Podrán quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que, en su caso, sea nacional; o bien, de persona moral (jurídica) o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. II. Tendrán la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. III. Deberán comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se los requiera. IV. Deberán otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, cada uno, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), que se fija de manera discrecional por no contar con mayores datos, dadas las particularidades del caso. Garantía que podrá constituirse mediante póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. V. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración, que dice: "Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona extranjera, en términos del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en consideración lo siguiente: I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en definitiva la situación migratoria de una persona extranjera, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 43 y 111 de la Ley; II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria; III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley". La medida así se decreta, en atención al criterio emitido en ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2021. II. En relación a la privación ilegal de la libertad, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta, de oficio y de plano, la suspensión de dicho acto, para el efecto de que cese de inmediato, así como de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el caso que la parte quejosa se encuentre detenida por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público. Asimismo, se permita a los directos quejosos tener comunicación con sus familiares, amigos o sus abogados y, de requerirlo, se les proporcione la asistencia consular correspondiente o se les permita realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". III. Por cuanto hace a la deportación, expulsión y/o repatriación. Con apoyo en el precepto 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto que no se ejecute la deportación, expulsión o repatriación a que se refiere la parte quejosa, al señalar que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades migratorias, por lo que tienen el temor fundado de que los vayan a expulsar, deportar o repatriar a su país de origen Cuba; sin embargo, no existen datos que conduzcan a estimar que, en el caso, su estancia o situación migratoria en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración. Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); hasta ahora no existe dato alguno que justifique que la parte quejosa se encuentre en esa hipótesis. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surtirá efectos en el supuesto de que: a) Por las características personales de la parte quejosa, se encuentre en algún supuesto distinto por el que no se haya concedido la suspensión de oficio, esto es, para el caso de que la parte quejosa se encuentre en una hipótesis diferente a lo planteado en la demanda de amparo, respecto del acto consistente en la deportación, expulsión o repatriación. b) O para el caso de que se trate del resultado de un procedimiento en el que se hubiere definido la situación migratoria de los quejosos. Precisión a las autoridades responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables migratorias que debido a lo manifestado por el promovente de la demanda, en el sentido de que es posible que deporten a los directos quejosos su país de origen Cuba, tienen esas autoridades la obligación de hacerle saber sus derechos consulares. 6. Informe relacionado con la suspensión decretada de plano. La(s) autoridad(es) responsable(s) debe(n) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación; apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado se le(s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. 7. Reserva de domicilio y autorizado para recibir notificaciones. Para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo, provéase lo conducente respecto del domicilio y autorizado señalados para tal efecto, pues quien lo señala es el promovente del amparo a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, sin facultades para ello. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones que se ordenen, en días y horas inhábiles. 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a los directos quejosos. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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