Raisa Eliza Suárez Beltrán
Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 48 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 23/08/2023
Partes del expediente
- Raisa Eliza Suárez Beltrán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en consecuencia, se declara que dicha determinación, ha quedado firme. Archivo del asunto Háganse las anotaciones respectivas y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17 fracción III, inciso a), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se concedió la protección de la justicia Federal y carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el capítulo quinto del mencionado acuerdo general, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años que establece dicho artículo. Cuadernos incidentales Por otra parte, manténganse por separado los cuadernos relativos al incidente de suspensión y por lo que hace al duplicado, en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 19, una vez que haya transcurrido el término de seis meses que prevé dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo general en cita, se determina que es conservable, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo a los cuadernos incidentales. Asimismo, atento a lo ordenado en el artículo 34 del capítulo décimo segundo del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa, en el auto de diecisiete de julio de este año, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que este órgano jurisdiccional concedió la protección de la justicia Federal para los efectos siguientes: [.] NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede a ******************** el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, realicen lo siguiente: Deberán realizar el pago correspondiente a la participación en las utilidades, relativas a los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, haciendo las gestiones necesarias a efecto de que dicha prestación se reincorpore en la esfera jurídica de la quejosa. Finalmente, la concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. [.]. En tales condiciones, en auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, se requirió al director general, al director de Factor Humano, al subdirector de Remuneraciones, al gerente de Gestión, Nóminas y Prestaciones y al jefe del Departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social, todos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir de su legal notificación, diera cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos anotados. En desahogo al requerimiento, mediante acuerdo de veintiocho de junio de este año, se tuvo a las autoridades del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, solicitando que se precisaran los alcances del fallo protector, en atención a ello, se precisó que la reincorporación a la esfera jurídica de la quejosa de la participación en las utilidades debería abarcar el pago desde el año dos mil diecinueve y los subsecuentes, mientras tenga vigencia la fuente de dicha prerrogativa. Atento a ello, por auto diecisiete de julio de este año, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con los folios 10964 y 10965, enviados por el subdirector Jurídico Contencioso del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, con los que exhibió los recibos de los cheques expedidos a nombre de la quejosa, por el concepto de pago de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa de los ejercicios fiscales de dos mil diecinueve al dos mil veintidós, en los que obra la firma de recibido de la solicitante de amparo, documentales que la autoridad manifestó bajo protesta de decir verdad que son copia fiel y exacta de los que obran en su poder. En ese orden de ideas, con las citadas documentales se ordenó dar vista a la quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que a la fecha hubiera realizado manifestación alguna. De lo expuesto, se obtiene que las autoridades del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, acreditaron que realizaron el pago correspondiente a la participación en las utilidades relativas a los años dos mil diecinueve a dos mil veintidós, reincorporando a la esfera jurídica de la quejosa la citada prestación. En ese contexto, con base en las consideraciones anteriores, se considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, sin exceso o defecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y por lista a la quejosa, en atención a lo ordenado en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno.
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Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios enviados por el subdirector Jurídico Contencioso del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, por los que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo acompaña diversas documentales de las que manifiesta bajo protesta de decir verdad que son copias íntegras e inalteradas de los originales que obran en su archivo, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este juzgado de Distrito se pronunciará respecto del cumplimiento. Notifíquese y por medio de lista a la quejosa, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio enviado en representación de las autoridades responsables del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, por el que informa las gestiones y solicita una prórroga, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto y 197, de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días, contados a partir del día siguiente al que se le notifique este acuerdo, lo anterior, en el entendido de que deberán informar el cumplimiento a la sentencia, o en su caso, las gestiones que se estén realizando para ello. Ahora, en atención a lo solicitado por las autoridades en el sentido de que precise el alcance de los efectos de la sentencia en relación con "realizar las gestiones necesarias a fin de que esta prestación se reincorpore a la esfera jurídica", al respecto se trae a la vista la parte considerativa en que se analizó la inconstitucionalidad del acto respecto del cual resultó procedente este juicio, donde se determinó lo siguiente: "[.] De igual forma, se puede decir que la solicitante del amparo, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve , percibió el pago de utilidades de conformidad con el Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicable al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, por cuanto hace a dicha prestación, lo que hace suponer la existencia de una prerrogativa oponible al poder público contenida en el documento que rige las circunstancias en que habrá de prestarse un servicio. Eso es, la conducta desplegada por las autoridades responsables, es contraria a las reglas contenidas en el Manual vigente, lo cual a criterio de este juzgado federal se realizó de forma inadecuada, puesto que era necesario ver dichas disposiciones de manera conforme y sistemática, esto es, debió verificarse su interpretación de forma conjunta con lo dispuesto en el artículo 127 Constitucional, y a su vez, ser concatenado con cualquier derecho que pueda surgir de un Contrato Colectivo de Trabajo, de Condiciones Generales o bien, de cualquier otra Disposición en las que se encuentren insertas ciertas prerrogativas, es decir, lo anterior, puede y debe ser construido con base en una interpretación laxa que privilegie dichas prerrogativas del trabajador, tal y como lo mandan los artículos 1° y 123, apartado B, de la Constitución Federal, así como la normativa internacional obligatoria que resulte aplicable. (.) En el caso, lo fundado de los argumentos planteados, resulta de que con motivo de la falta de pago de la participación en las utilidades de los aludidos quejosos(sic), se dio una afectación injustificada a un derecho que la parte quejosa tenía incorporado en su esfera jurídica de forma previa a la emisión del acto reclamado, a saber, el derecho a recibir dicha participación. (.) En el caso, en el momento en el que se efectuaron los actos de aplicación, los derechos de la parte quejosa se encontraban protegidos por el aludido manual, pero no obstante ello, la autoridad responsable ejecutora de dicha institución bancaria, determinó no pagar a la quejosa la participación correspondiente a las utilidades de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte. (.) Debe tenerse en consideración que el principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual avance para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiera la toma de medidas a corto, mediano y largo plazo, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. Ahora bien, el principio de progresividad se relaciona con el derecho laboral en cuanto sustenta la adquisición de los derechos consagrados por la Constitución nacional y los tratados y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las leyes, los convenios o contratos colectivos de trabajo, estatutos profesionales y demás fuentes normativas. Entendido así, el principio de progresividad en el derecho laboral establece que ningún cambio se puede realizar en el marco del contrato de trabajo que implique una disminución o pérdida de un derecho, y en su caso, los cambios o modificaciones son sólo admisibles si son más beneficiosos para el trabajador. Es más, el Estado debe propiciar las mejoras o reformas que contribuyan a respetar los derechos enunciados por el sistema legal (leyes de fondo, estatutos especiales, convenios colectivos, entre otros), en cuanto a su calidad y extensión, y debería adicionar los medios o mecanismos para que gradualmente, los derechos no sólo se apliquen, sino que además incorporen nuevos elementos en beneficio del trabajador. (.) Explicado lo anterior, es posible concluir que la falta de pago de la participación en las utilidades, como se precisó en párrafos que anteceden, se realizó de forma inadecuada, porque con ello se vulneró en perjuicio de la parte quejosa su derecho a percibir una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional al encargo, máxime que esa prestación se encuentra contemplada en el Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicable al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. (.) Debido a ello, lo relevante al caso es que la parte quejosa al ser trabajadora de Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, como se argumentó y probó en el presente sumario constitucional, al momento de la ejecución de los actos reclamados estaba protegida por el Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicable al Personal de Confianza de la citada institución. Así, dicha disposición de carácter vinculante, establece un contexto de protección mínimo que ampara prestaciones tales como la del pago de participación en las utilidades las cuales deben ser respetadas en todo momento mientras tenga vigencia la fuente de dicha prerrogativa, puesto que no puede pasarse por alto los derechos mínimos de los trabajadores de fuente legal o extralegal; esto al margen de la relación que guarden con la institución, sea laboral o administrativa, puesto que el centro y fundamento de toda acción política y legal, como lo manda el artículo 1° de la Constitución Federal, debe de ser el hombre y su dignidad humana, lo cual implica, entre otras cosas, el respeto a sus derechos laborales. Expuesto lo anterior, al estar acreditadas las violaciones al régimen de excepción establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal; al derecho a recibir la participación correspondiente en el pago de las utilidades, lo que forma parte de una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional al encargo, se concluye que resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a ***********. NOVENO. Efectos del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede a ************ el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, realicen lo siguiente: Deberán realizar el pago correspondiente a la participación en las utilidades, relativas a los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, haciendo las gestiones necesarias a efecto de que dicha prestación se reincorpore en la esfera jurídica de la quejosa. Finalmente, la concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno a favor de la parte quejosa para que se le hagan pagos de conceptos o prestaciones que no venía percibiendo antes de la presentación de la demanda, ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y demás aplicables; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, por propio derecho, por los motivos expuestos en los considerandos CUARTO y SEXTO de la presente determinación. SEGUNDO. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a **********, por los motivos expuestos en el considerado OCTAVO de la presente resolución, por los actos referidos en éstos. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***********, por los motivos expuestos en el considerado OCTAVO de la presente sentencia y para los efectos precisados en el NOVENO considerando de la misma. [.]". Señalado lo anterior, se desprende que en el fallo protector quedó demostrado que la quejosa sufrió una afectación injustificada a un derecho que tenía incorporado de forma previa a la emisión del acto reclamado a las autoridades responsables. Que al momento en que se aplicaron a la solicitante de amparo los actos reclamados, los derechos de ésta se encontraban protegidos por el manual que regula sus remuneraciones, no obstante ello, la autoridad responsable determinó no pagar la participación correspondiente a la las utilidades de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte. En ese orden de ideas, en el fallo constitucional se precisó que la falta de pago de la participación en las utilidades, se realizó de forma inadecuada, vulnerando en perjuicio de la quejosa su derecho a percibir una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional al cargo, máxime que esa prestación está contemplada en el Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones aplicable al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército y Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito. En ese sentido, en la sentencia de amparo se concluyó que la citada disposición es de carácter vinculante para las autoridades y que en ésta se establece un contexto de protección mínimo, que ampara prestaciones tales como la del pago de participación en las utilidades las cuales deben ser respetadas en todo momento mientras tenga vigencia la fuente de dicha prerrogativa. En ese contexto, es posible concluir que si bien en la sentencia se determinó que se deberá realizar el pago correspondiente a la participación en las utilidades, relativas a los años de dos mil diecinueve y dos mil veinte, el texto y contexto conlleva reincorporar en la esfera jurídica de la quejosa la citada prestación y en consecuencia pagar la participación desde el año dos mil diecinueve y los años subsecuentes, mientras tenga vigencia la fuente de dicha prerrogativa, conforme los motivos y fundamentos expuestos en el fallo constitucional. En ese sentido, las autoridades responsables deberán dictar las medidas que sean necesarias a efecto de que todas las autoridades que con motivo de sus funciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, tengan conocimiento del alcance de sus efectos y de la persona amparada por el mismo. Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido que, subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veinte de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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