Raiquener Molla Ulloa

Expediente 1878/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1878/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Raiquener Molla Ulloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; por medio de los cuales rinde su informe justificado, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas las pruebas documentales que el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración exhibe junto con su informe justificado, sin que en el caso sea necesario poner a la vista de las partes las constancias en cuestión, en virtud de las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte quejosa (1) Maikel Rafael Jardines Velázquez y (2) Rayquener Moya Ulloa, en su escrito inicial demanda -el cual fue ratificado mediante diligencia de veinticuatro de noviembre del año en curso- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que a continuación se transcriben: (.) "[AUTORIDADES RESPONSABLES: - SEÑALO AL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en ESTACION MIGRATORIA MEXICALI DOMICILIO CONOCIDO. 2.- SEÑALO AL JEFE DE LA ESTACIÓN MIGRATORIADEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN., se señala como su domicilio en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en ESTACION MIGRATORIA MEXICALI DOMICILIO CONOCIDO. 3.- SEÑALO AL ENCARGADO y/o TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio ampliamente en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en ESTACION MIGRATORIA MEXICALI DOMICILIO CONOCIDO. 4.- SEÑALO AL TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con domicilio ampliamente conocido en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en ESTACION MIGRATORIA MEXICALI DOMICILIO CONOCIDO. ACTOS RECLAMADOS: I. La incomunicación del directo quejoso dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, II. La deportación del directo quejoso a su lugar de origen. III. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, y, por ende, la inmmente detención del directo quejoso fuera de todo procedimiento, y la inminente deportación su lugar de origen. El aseguramiento del directo quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Por estar retenido y privado de su libertad se señala como su domicilio en ESTACION MIGRATORIA MEXICALI DOMICILIO CONOCIDO. IV. el cual ya excedió de las 36 horas sin que se haya resuelto si situación migratoria. [.]" De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la quejosa esencialmente, se duele de la incomunicación, privación de la libertad y/o detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el veinticuatro de noviembre del año en curso, se otorgó a los ahora gestores de amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se les otorgó la libertad en su condición de visitantes, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las doce horas con diez minutos del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese a la parte quejosa en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, tal cual se acordó en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de diciembre de dos mil veintidós. Exhorto. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por el Juez Octavo de Distrito en Villahermosa, Tabasco; mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 651/2021 (número de origen 564/2021) del índice de este Juzgado. Innecesario acuse de recibo. Resulta innecesario enviar el acuse de recibo correspondiente, dado que la comunicación oficial de que se trata, se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el comprobante de su remisión. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Informe. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Subrepresentante Federal en Baja California, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Vista. De igual forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado de que se trata, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Pruebas. No se acompañaron a su informe. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe de referencia. Delegados. Conforme con el artículo 9 de la legislación aplicable, ténganse como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación de referencia. Requerimiento. Ahora, la autoridad oficiante refiere no anexar copias certificadas de los documentos con los que acredite que se le otorgó a los quejosos vía notificación de oficio de salida definitiva de este país, toda vez que las mismas ya fueron remitidas, sin embargo, tales constancias no obran en autos. Atento a lo anterior, requiérase al Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, remita en copia certificada o cotejada de las constancias que integren el expediente administrativo correspondiente a la parte quejosa 1) ************** Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá multa equivalente a la unidad de 28/10/23 11:48:34 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.48.81 ROBERTO AGUIRRE REYES medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; lo anterior de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Fallo cumplido. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado Federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio de amparo y se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Recaudador de Rentas del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, y demás autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la presente sentencia conforme a sus atribuciones, dentro del procedimiento administrativo de ejecución del que emergen los actos reclamados, realicen lo siguiente: 1. Deje sin efectos el remate del inmueble con clave catastral TY006019, ubicado en: Calle Morón número 268, Fraccionamiento Terrazas del Sol, de esta ciudad, al tratarse de una actuación viciada. 2. En vía de consecuencia, también deberán dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del que deriva el acto reclamado de manera destacada. 3. Reponga el procedimiento de origen desde la notificación y/o el requerimiento de pago y embargo, y de ser el caso, ordene citar personalmente a la parte quejosa, únicamente respecto de la parte proporcional que le corresponde del inmueble a dicho procedimiento coactivo en su calidad de copropietaria, a fin de que esté en posibilidad de defender los derechos que sobre el predio materia de embargo, que estime pertinentes. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al notario público número nueve, y Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ambos con sede en Mexicali, Baja California, debido a que no fueron impugnados por vicios propios; al respecto es aplicable lo establecido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que dice: "Quinta Época Registro: 917622 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia(s): Común Tesis: 88 Página: 70 AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.- [.]" En el entendido que la sentencia surtirá sus efectos, hasta en tanto se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley, conforme lo establece la parte final del artículo 77 del ordenamiento legal en cita." Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las propias autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dejar sin efectos el remate del inmueble con clave catastral TY006019, ubicado en: calle Morón número 268, fraccionamiento Terrazas del Sol, de esta ciudad; así como todos los actos subsecuentes del que deriva el acto reclamado; y, Reponer el procedimiento de origen desde la notificación y/o el requerimiento de pago y embargo y, de ser el caso, ordenar citar personalmente a la parte quejosa. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito el ocho de junio de dos mil veintidós, el Recaudador de Rentas del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, remitió la resolución de seis de junio del año en curso, contenida en el oficio número TES/RR-JUR/3688/2022, del cual se advierte que (i) dejó sin efectos el Procedimiento Administrativo de Ejecución instaurado contra (1) Jorge Joel Armenta Zazueta, respecto a los adeudos por concepto de impuesto predial y sus accesorios del bien inmueble con clave catastral TY006019, ubicado en la calle Morón número 268, fraccionamiento Terrazas del Sol, de esta ciudad, y todas sus consecuencias legales; además, (ii) quedaron a salvo las facultades de la autoridad recaudadora para emitir un nuevo acto. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que las autoridades responsables dejaron sin efectos el remate del inmueble con clave catastral TY006019, ubicado en: calle Morón número 268, fraccionamiento Terrazas del Sol, de esta ciudad, así como todos los actos subsecuentes del que deriva el acto reclamado; y, repusieron el procedimiento de origen -quedando a salvo la facultad para emitir un nuevo acto-. Aunado a lo anterior, que mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa manifestó no existir adeudo alguno y haber realizado el pago del predial -génesis del procedimiento administrativo de ejecución instaurado contra (1) Jorge Joel Armenta Zazueta, respecto al inmueble con clave catastral TY006019, ubicado en: calle Morón número 268, fraccionamiento Terrazas del Sol, de esta ciudad-; además, para acreditar tal circunstancia, exhibió los respectivos recibos de pago. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese, y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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