Rainier Jesús Solís Solís
Expediente 1810/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rainier Jesús Solís Solís
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, con el que devuelve diligenciado el exhorto 158/2023-E-V-AMPARO, remitido por este juzgado a efecto de notificar a la quejosa ********************Dése de baja la referida comunicación oficial para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante se advierte que a la presente fecha ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que señalara domicilio en esa ciudad para oír y recibir notificaciones en este asunto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por lo que se ordena las notificaciones a la parte quejosa, del auto admisorio de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el de veintinueve de septiembre del año en curso, y las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto subsane su omisión. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con treinta minutos del dieciocho de enero de dos mil veinticuatro. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por lista el presente acuerdo y los de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, así como el de veintinueve de septiembre del año en curso. (...) Acuerdo: Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos que reclama al Gerente Territorial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, presentada con dos copias y un anexo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos; en consecuencia, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 2728/2022-V. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo aplicable, para su apertura de oficio. En términos de los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda de amparo, solicítese el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo, en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. (...) Notifíquese y personalmente mediante exhorto a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de Federación adscrita a este juzgado mediante correo electrónico. (...) Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, que contiene el oficio 20374, dirigido al Gerente Territorial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), con sede en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, toda vez que no fue posible su entrega, por cambio de domicilio de dicha autoridad. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto de la autoridad que señaló como responsable en este asunto; apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna, se proveerá lo que legalmente corresponda. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con veinte minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. (...)
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 2172/2022-V, para resolver si se ha cumplido o no con la ejecutoria; y, (...) En las relatadas consideraciones, si el juicio natural ha concluido de manera definitiva en razón del convenio que realizaron las partes del mismo, luego, no es posible resarcir al quejoso en su esfera jurídica en los términos de la sentencia de amparo; por tanto, se DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA DICTADA EN ESTOS AUTOS POR IMPOSIBILIDAD JURÍDICA. En consecuencia, se reitera la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dadas las circunstancias acaecidas antes de que se pudiera dar en sus términos el cumplimiento de la sentencia. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2/2008, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Jurisprudencia, Materia(s): Común, XXVII, Enero de 2008, visible en la página 431, del rubro y contenido siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos del artículo 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la licenciada Georgina Pacheco Hernández, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO-PARTE QUEJOSA. Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Rainier Jesús Solís Solís, contra actos del Superintendente de Zona de Transmisión Yucatán de la Comisión Federal de Electricidad, presentada con siete copias y seis anexos (cuatro copias certificadas de actas del registro civil y dos impresiones de recibo de nómina). Ahora bien, en atención al contenido del escrito de la demanda de amparo, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado por parte de la parte quejosa consiste en: En ese orden de ideas, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. En el caso se advierte que la parte quejosa reclama al Superintendente de Zona de Transmisión Yucatán de la Comisión Federal de Electricidad, las cantidades descontadas de la nómina en concepto de pensión alimenticia en específico respecto del rubro fondo de ahorro, que afirma le corresponde como prestación extralegal de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo al que está sujeto y que percibe de su patrón. Por lo cual es dable deducir que, así planteado el acto reclamado por la quejosa, si bien es cierto que corresponde realizarlo al Superintendente de Zona de Transmisión Yucatán de la Comisión Federal de Electricidad, también lo es que ello deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional (descuento de pensión alimenticia) para lo cual, la forma de cumplimentarlo o no, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que lo emite en su calidad de patrón. Es decir, si lo que pretende es que se determine si el fondo de ahorro es susceptible o no, de ser considerado como parte de sus ingresos para efecto de la pensión alimenticia a su cargo, esta es una cuestión que debe dirimirse ante la autoridad jurisdiccional que conoce de los asuntos familiares, pero no a través del juicio de amparo en contra del patrón, pues este solo actúa como auxiliar de la autoridad jurisdiccional que ordenó el descuento a la nómina por concepto de pensión alimenticia. En ese sentido, la conducta que se reclama en realidad es como empleador de aquél y como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad para los efectos del juicio de amparo. Pues si bien es cierto, que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece que autoridad responsable es la es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; también lo es que es necesario de que el acto revista las características apuntadas, pues así lo ha establecido el Máximo Tribunal del país al determinar cuándo un determinado organismo o ente cumple con los atributos para ser considerado autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, es de considerarse que cuando el acto reclamado constituye el descuento a un trabajador por concepto de pensión alimenticia, el referido juicio resulta improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad en términos del referido numeral 5 de la Ley de Amparo, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de combatirse mediante el procedimiento de amparo. En este punto, es dable señalar que la circunstancia de que la legislación de la materia contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implica la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. En el caso, como se ha señalado, el acto que reclama la parte quejosa no constituye, de acuerdo a su naturaleza, actos de persona de derecho público o e autoridad, sino actos entre particulares, pues la señalada como autoridad responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como patrón, y como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que tal conducta revista la características de unilateralidad, coercitividad e imperatividad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta naturaleza resulta improcedente. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con número de registro digital 168203 que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". Por analogía, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con número de registro digital 2011298 que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de su pra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Así como la tesis I.6o.T.26 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que expone, con número de registro digital 202602 que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que e jecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, y 5 fracción II, todos de la ley de la materia lo procedente es desechar en el presente juicio de amparo promovido por Rainier Jesús Solís Solís, contra actos del Superintendente de Zona de Transmisión Yucatán de la Comisión Federal de Electricidad. (...) Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Karen Azalia Mendoza Sánchez, que autoriza y da fe.
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