Raimundo Fernández Chacón
Expediente 1350/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raimundo Fernández Chacón
- Todas las Partes
- Armando Celis Méndez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de garantías y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el once de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales signada por M.V.Z. Armando Celis Méndez, Lourdes del Pilar Requejo Pereda, Raimundo Fernández Chacón y María Luisa Pendones González, por su propio derecho, señalando como representante común de los promoventes al primero de los mencionados; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el juicio de amparo indirecto 1350/2021-IX y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de derechos fundamentales por advertirse de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Para justificar lo anterior, procede traer a contexto los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de esos preceptos legales se obtiene que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando los actos reclamados no tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Hipótesis que se corroboran con el criterio firme mencionado, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Lo destacado es propio). En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 1449/2021, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, relativo al juicio ordinario civil 1636/2005, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz; resolución en la que -al resolver el recurso de apelación interpuesto por la contraparte de la ahora quejosa revocó la resolución de primera instancia emitida el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y ordenó la reposición del procedimiento en el incidente de cancelación de nota marginal planteado por la persona moral quejosa, en el juicio ordinario civil 1636/2005, promovido por Camilo Requejo Pereda y los ahora promoventes Armando Celis Méndez, Lourdes del Pilar Requejo Pereda, Raimundo Fernández Chacón y María Luisa Pendones González, contra Valentín Miguel Ruiz Ortiz y otros, en el que se formuló reconvención contra Desarrollo Rivera de Boca, Sociedad Anónima de Capital Variable. De igual forma, la parte quejosa reclama del mencionado juzgador de primera instancia, la ejecución de la resolución de alzada. Lo anterior, se evidencia de los trascrito por los promoventes en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, así como de la documental que adjuntaron al escrito relativa a la resolución dictada por el juzgado de origen, a la cual se le concede valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley. Ahora, de acuerdo con lo expresado por el promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, en la mencionada resolución reclamada la Sala responsable revocó la de primera instancia (que había declarado procedente el incidente aludido y ordenado la cancelación solicitada), y dicha revocación fue para el efecto de que se repusiera el procedimiento en la incidencia de origen, a fin de emplazar correctamente a la parte demandada Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Boca del Río, Veracruz. De lo anterior, se observa que la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese incidido en la esfera jurídica de la parte quejosa en afectación del patrimonio, la vida, la libertad, la posesión, o la propiedad, sino que a criterio de la Sala, se hizo necesario emplazar de forma correcta a la parte demandada en el incidente de origen. Por tanto, aun cuando la resolución reclamada es adversa a los intereses de la parte quejosa, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que el emplazamiento aludido se realice de la manera correcta para la debida integración de la relación jurídica procesal con las partes involucradas en la cancelación de anotación registral solicitada en el incidente de origen, lo que en todo caso sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento, eventualmente podría serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el medio de impugnación que fuera procedente; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos cuya ejecución sea de imposible reparación. Esto, porque las consecuencias del acto que se reclama solamente se traducen en que se reponga el procedimiento en el incidente de origen, se emplace de forma correcta a la demandada en cita respecto de la cual la Sala responsable consideró que había sido emplazada de forma ilegal, y continúe el mismo por todas sus etapas procesales, por lo que se considera que tal acto no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, conforme lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo... Cabe señalar que el acceso a la justicia, la celeridad y el debido proceso; son aspectos que suscitan reclamos por los gobernados involucrados en algún asunto legal, cuando advierten alguna irregularidad dentro de un procedimiento ordinario; sin embargo, cierto es que carecen del carácter de derechos sustantivos, ya que constituyen el instrumento de las fases que conducen a la emisión de la resolución en que habrá de decidirse sobre el derecho materia del juicio por lo que su reclamo no afecta derechos reconocidos en la Constitución como sustantivos. Además, es de destacar, que el retardo en la solución de fondo del asunto, en este caso en específico, no justifica la procedencia del amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, pues ello no implica violación de derechos sustantivos (acceso a la justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional), en tanto que no todo retardo en la solución final del conflicto trastoca dicho principio si se tiene en cuenta que, finalmente, el incidente continuará y cada parte tendrá derecho de alegar y ofrecer pruebas, sin que ello signifique que necesariamente, la resolución final que en él se emita será contraria a los intereses de la quejosa. .. Por todo lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo presentada por M.V.Z. Armando Celis Méndez, Lourdes del Pilar Requejo Pereda, Raimundo Fernández Chacón y María Luisa Pendones González, por su propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de los promoventes para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a Ofelia Prisca Lara Flores, por encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho a través del registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente...
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso Jesús Soto Morales; en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista que se le concedió mediante proveído de veintidós de diciembre pasado, así como, realizando manifestaciones en torno al debido cumplimiento de la sentencia protectriz emitida en el presente controvertido constitucional. Ahora bien, toda vez mediante la data citada se tuvo a la autoridad denominada Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, informando las medidas tendentes a dar cumplimiento a la sentencia de mérito, de las que se evidencia que remitió el oficio INM/DGCECC/3121/2021 de fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual ordenó dejar sin efectos el diverso INM/CECC/2152/2015 de fecha ocho de octubre de dos mil quince, por el que se le notificó al quejoso el resultado de "no aprobado" en sus evaluaciones; lo anterior, sin que con dicha recepción se tuviera por cumplido el requerimiento efectuado en autos, ya que, en el proveído referido, se determinó estar en espera de que la autoridad referida se encontrara impuesta del proveído de catorce de diciembre pasado, donde se le solicitó enviara las constancias relativas a la resolución completa que acredite haber dejado sin efecto la ROGERIO RODRÍGUEZ GARCÍA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.06 01/06/23 18:15:57 2 evaluación que se le aplicó, con el resultado de "no aprobado" y el oficio con el que se haya ordenado a la autoridad competente la desincorporación del quejoso a la base de datos que contiene los archivos del proceso de certificación, por obtener un resultado de "no aprobado" en su evaluación de permanencia. Requerimiento que se ordenó notificar a la autoridad a través del oficio 3708-III, sin que hasta la fecha obre acuse recibo. Con base en lo expuesto, estese en espera de que la autoridad responsable se encuentre notificada del requerimiento y apercibimiento aludido, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
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