Raimer Fernández Elías

Expediente 1049/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1049/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Raimer Fernández Elías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Glósese el informe justificado rendido por la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República; sin que sea necesario pronunciarse en cuanto a su contenido, toda vez que en el acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; determinación que causó estado el diecisiete de diciembre de la misma anualidad. Archivo. Como de constancias se advierte que no existen promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar; en tal virtud, vuelve este expediente al archivo definitivo de donde fue extraído.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional este juicio de amparo la demanda que dio origen a este expediente. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Destrucción juicio de amparo Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. No existen documentos originales. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  3. Principal

    Glósese el oficio INM/ORSLP/DAJ/0894/XI/2021 signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Órgano Administrativo al cual están adscritos el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, así como el Subdirector de Control y Verificación de la Estación Migratoria de dicha Oficina, con sus anexos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas en este acto, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales que acompaña dicha autoridad. Visto el contenido del oficio que se agrega, en la parte en la que manifiesta: "[.] Ello es así, en virtud de que ha cambiado la situación jurídica al dictarse acuerdo de conclusión en el Procedimiento Administrativo Migratorio seguido a los quejosos, por la imposibilidad material de continuarlo. [.]" Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la incomunicación, temiendo que las autoridades migratorias que participan pudieran cometer en perjuicio de los quejosos, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para que firmen algún documento que permita a la autoridad administrativa tratar de justificar ese acto reclamado. El alojamiento temporal que estaban sufriendo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, violando el debido proceso; la deportación, retorno asistido, cambio de estación migratoria que se pudiera realizar sin procedimiento administrativo correspondiente. La inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, con motivo de su aplicación en el procedimiento administrativo migratorio. Visto el oficio de cuenta y sus adjuntos, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que obran en autos, así como del oficio y sus anexos que se agregan en este proveído, las que adquieren eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 fracciones II y VII, 129, 188, 197, 202 y 10-Adel Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se advierte: 1. Aldo Casillas Flores, en favor de Raimer Fernández Elías, Rafael Ángel Benítez Vidal, Magdiel Leyva Furones y Silvia Raquel Salazar Vallejos, promovió demanda de amparo, en la que reclamó del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, la alojamiento temporal de los quejosos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, así como la posible deportación, retorno asistido, cambio de estación migratoria, sin la realización del procedimiento administrativo correspondiente, así como la inconstitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. A la fecha en que se presentó la demanda -diez de octubre de dos mil veintiuno-, aún las responsables no habían resuelto la situación migratoria de los quejosos en territorio mexicano al continuar con el trámite del procedimiento administrativo migratorio instaurado en su contra. 3. El Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí representación de las autoridades responsables comunicó que esa autoridad migratoria no emitió orden de deportación o repatriación en contra de los quejosos, dentro de los procedimientos administrativos incoados en contra de los quejosos, además, que el cinco de octubre de dos mil veintiuno, los quejosos fueron rescatados, puestos a disposición y presentados a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí al no contar con documentación que acredite su situación migratoria; asimismo, en la misma data se dictó acuerdo de inicio, comparecencia y acuerdo de presentación, y el once de ese mismo mes y año se emitió orden de salida de los quejosos de la estación migratoria, haciéndoles saber las obligaciones decretadas en auto de diez de octubre del año en curso, para el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio, lo cual hizo en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente juicio. 4. Finalmente, en el oficio con que se da cuenta, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, mediante oficio INM/ORSLP/DAJ/0894/XI/2021, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el cambio de situación jurídica de los solicitantes del amparo, al dictarse los acuerdos de conclusión en los procedimientos administrativos que les fueron instaurados, y para justificar lo anterior, acompañó copia certificada de los acuerdos de dos de noviembre de dos mil veintiuno, dictados en los procedimientos correspondientes. En efecto, se acompañaron copias certificadas de los acuerdos de conclusión de los procedimientos administrativos migratorios, instaurados en contra de Raimer Fernández Elías, Rafael Ángel Benítez Vidal, Magdiel Leyva Furones y Silvia Raquel Salazar Vallejos, dada la imposibilidad material de continuarlos. En ese sentido, se considera que cambió la situación jurídica de los quejosos Raimer Fernández Elías, Rafael Ángel Benítez Vidal, Magdiel Leyva Furones y Silvia Raquel Salazar Vallejos, por lo que ve al alojamiento temporal en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, la deportación, y el artículo 111 de la Ley de Migración, esto con motivo de su aplicación en el procedimiento administrativo migratorio. Lo que hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los mencionados actos reclamados, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica imperante en los procedimientos administrativos migratorios de origen, generada con los acuerdos de conclusión de dos de noviembre de dos mil veintiuno. De ahí que, este juzgador no puede analizar la constitucionalidad de los actos reclamados en cuestión, sin afectar la nueva situación jurídica generada, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquellos, afectaría la generada con motivo de los citados acuerdos de conclusión de dos de noviembre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada en el presente juicio de amparo para las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Glósese el oficio enviado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí; al respecto se provee: Contenido. En atención a los oficios 35665/2021, 35666/2021 y 35667/2021, en los que comunicó que queda sin efectos la suspensión de plano concedida, solicita que se ponga a su disposición a los quejosos. Estado de autos. Del estado que guardan los autos se advierte que, mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados para los efectos siguientes: "[.] para el único efecto de que: los quejosos no sean deportados y sin demora cese la detención de Raimer Fernández Elías, Rafael Ángel Benítez Vidal, Magdiel Leyva Furones, y Silvia Raquel Salazar Vallejos, esto es, que sean puestos en libertad de forma inmediata, en virtud de que ya pasaron más de treinta y seis horas sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. Lo anterior en la inteligencia de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. [.] Obligaciones de la parte quejosa. Dicha suspensión surtirá efectos, siempre y cuando se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: -Se requiere a los quejosos para que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señalen cuál es el domicilio en el cual residirán dentro de esta ciudad de San Luis Potosí. -Asimismo, hágase del conocimiento de los quejosos, que no podrán ausentarse sin previa autorización otorgada por este Juzgado. -Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, comuníquese a los quejosos que deberán comparecer a este Juzgado los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil, para lo cual de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ", a fin de que puedan estar en posibilidades de levantar la comparecencia correspondiente. También, se impone a la parte quejosa la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad, cuantas veces sean requeridos para la procesión del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedara sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados [.]" Ahora bien y toda vez que los quejosos no dieron cumplimiento a sus obligaciones antes citadas, en proveído de diecisiete de noviembre de la presente anualidad, se dejó sin efectos la suspensión de plano concedida. No ha lugar. Por tanto, si los quejosos no acataron aquellas obligaciones que se les impusieron, tuvo como consecuencia que se dejara sin efectos la suspensión de que se trata, la cual implicaba el disfrute de su libertad bajo el cumplimiento de las condiciones que se les impusieron; luego, el incumplir con esas condiciones conlleva que este Juzgado ya no proteja esa libertad, sin embargo, ello no significa que tenga que depositarla ante las autoridades responsables en determinado lugar, sino que solo permite que éstas estén en aptitud de ejecutar el acto reclamado respecto a la libertad de los quejosos, por lo que, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en el sentido de que se ponga a los quejosos a su disposición. Lo anterior, hágase del conocimiento del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, del Subdirector de Control y Verificación Migratoria de dichas oficinas, así como de la Subdirección de la Estación Migratoria de la misma oficina de representación, para los efectos legales a que haya lugar.

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