Rahme Daniella Jacobo Aude

Expediente 220/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
220/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Rahme Daniella Jacobo Aude

Actuaciones

  1. Principal

    ...Ha transcurrido el término para que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de febrero del año en curso... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes...archívese el asunto como totalmente concluido...el expediente al efecto formado ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    ... Autorizada de la parte quejosa solicita la devolución de los anexos que presentó... una vez que cause estado el auto de fecha veintiocho de febrero del año en el curso, en el cual se desechjo la demanda se acordara lo procedente...

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (...PRIMERO. SE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS....SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO...TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE...)

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: (...Coatzacoalcos, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto, agréguese el escrito de demanda presentado por Rahme Daniella Jacobo Aude, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, regístrese con el número 220/2019. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa se hace consistir en: a) El requerimiento de pago contenido en la orden de ajuste número 1102/2018, de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por personal de la Comisión Federal de Electricidad; y, como consecuencia, b) La orden de suspensión o corte del servicio de energía eléctrica. Ahora bien, respecto a dichos actos, consistentes en: El requerimiento de pago contenido en la orden de ajuste número 1102/2018, de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por personal de la Comisión Federal de Electricidad; y, como consecuencia, la orden de suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en: Heroico Colegio Militar, calle 23, Colonia Petrolera en Minatitlán, Veracruz; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en los diversos numerales 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia , en razón de que no son actos de autoridad. La acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que esa contravención necesariamente debe atribuirse en contra de actos de autoridad, ya que no todos los acontecimientos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo. Así, la noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son: 1. Unilateralidad: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad. 2. Imperatividad: en razón de que se imponen aún en contra de la voluntad del gobernado. 3. Coercitividad: si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo, incluso mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el término de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado quien ejecuta ciertos actos en ejercicio de su poder de imperio, modificando, creando o extinguiendo una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 39, registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Por su parte, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó una vertiente entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que, a partir de esa reforma, los tribunales en materia civil o mercantil serán quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo antes expuesto tiene sustento en los artículos 25, párrafos cuarto y último, 27, párrafo sexto, y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. [.] Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. [.] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "ARTÍCULO 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." "ARTÍCULO 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.[.] No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado." De la transcripción anterior se desprende que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos en los que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que tal reforma constitucional dispuso, por una parte, la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA "ARTÍCULO 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "ARTÍCULO 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD "ARTÍCULO 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "ARTÍCULO 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "ARTÍCULO 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "ARTÍCULO 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De las normas transcritas se pone de manifiesto que la Ley de Comisión Federal de Electricidad prevé que, a los actos que emita dicha Comisión, les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza; con excepción de los que pronuncie en un procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa, pues sólo éstos serán impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos que pacten las partes, tales como el arbitraje. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad tienen naturaleza mercantil; por tanto, la relación entre las partes contratantes no corresponde a la de supra a subordinación, por el contrario tienen una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza, principalmente, porque los actos materia del reclamo en esta instancia constitucional tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. Robustece lo hasta aquí precisado, lo previsto en el artículo 1049 , en relación con el 75, fracciones V y XXV , ambos del Código de Comercio, cuya interpretación pone de relieve que, el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, como se adelantó, los actos reclamados por el quejoso consistentes en: el requerimiento de pago contenido en la orden de ajuste número 1102/2018, de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por personal de la Comisión Federal de Electricidad; y, como consecuencia, la orden de suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en: Heroico Colegio Militar, calle 23, Colonia Petrolera en Minatitlán, Veracruz, no constituyen un acto de autoridad para efectos del presente amparo, pues deriva de una relación contractual mercantil que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado. Lo anterior es así, se insiste, porque tratándose de las relaciones contractuales de esa naturaleza, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de los intervinientes en dicha contratación, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades; de ahí que los actos que aquí se reclaman no generan que la relación contractual entre el usuario y la Comisión Federal de Electricidad se transforme en acto de autoridad. Sustenta las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 20 de abril de 2018, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, registro 2016656, Décima Época, cuyo contenido indica: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." También es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), de la aludida Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 12 de enero 2018, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336, registro 2015944, de la Décima Época, que dispone: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Igualmente, apoya la conclusión alcanzada, la tesis XLII/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 1183, registro 2009410, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.)". Así como la diversa tesis I.1o.A.132 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de 2016, Tomo IV, página 2522, registro 2012333, intitulada: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS". Por otro lado, no pasa inadvertida la jurisprudencia PC.I.A. J/122 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1549, del Libro 52, Tomo II, publicada el dos de marzo de dos mil dieciocho, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2016321, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA CUALQUIER ACTO RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL"; invocada por la parte quejosa en su demanda de garantías. Sin embargo, debe decirse que dicho criterio ya no resulta aplicable al presente asunto, ya que el veinte de abril de esta anualidad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa y Segundo en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, y Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, aprobó la jurisprudencia de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA", -cuyo texto y datos de identificación quedaron transcritos en párrafos precedentes-, cuyo contenido es específico en relación con el caso que nos ocupa, pues claramente precisa que la actividad de la Comisión Federal de Electricidad no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a sus condiciones; de ahí que sus actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil; criterio que es de carácter obligatorio para este Órgano Jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En ese sentido, por lo que hace al acto reclamado a la autoridad responsable en este asunto, consistente en: el requerimiento de pago contenido en la orden de ajuste número 1102/2018, de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por personal de la Comisión Federal de Electricidad; y, como consecuencia, la orden de suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica, en el domicilio ubicado en: Heroico Colegio Militar, calle 23, Colonia Petrolera en Minatitlán, Veracruz, se debe acudir a ejercer las acciones mercantiles o civiles correspondientes. En consecuencia, es indudable que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en los diversos numerales 103, fracción I, de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda de amparo y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Vera Vivanco y Guadalupe Ambrosio Vera, toda vez que tienen registradas sus cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse de autos a Elizabeth Ambrosio Vera, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA ACTUARIA. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas para que la actuaria adscrita a este Juzgado, pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. COMUNICACIÓN A LAS PARTES. Hágase del conocimiento a las partes, que en la tramitación del presente juicio se observará el cumplimiento de las formalidades relativas con las promociones que presenten (incluyendo el escrito de demanda y promociones subsecuentes); por lo que, se les previene evitar conductas que pudieran actualizar el delito establecido en el artículo 261 de la Ley de Amparo, en relación con las personas que afirmen hechos falsos o exhiban documentos falsos, entre los que se encuentran las promociones con firmas distintas de sus suscriptores; puesto que de advertir tales conductas se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que proceda conforme a sus facultades.)

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