Ragaciano Luna Gonzalez

Expediente 25/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
25/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Ragaciano Luna Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    II Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de enero pasado, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II Desahogo de prevención. Se tiene por recibo el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual en cumplimiento al auto de once de enero pasado aclara el acto reclamado en el presente asunto y señala la fecha en que tuvo conocimiento de tal circunstancia. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes; téngase por cumplido el citado requerimiento, se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Precisión del acto reclamado. En esa tesitura, se estima pertinente señalar que del escrito de demanda se advierte que el quejoso en esencia reclama en la presente vía de amparo la negativa de devolver el vehículo de su propiedad marca Ford, tipo explorer modelo 1999, con placas de circulación MUF 8152. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Desechamiento. Ahora, del estudio integral de la demanda de garantías, y con apoyo en los artículos 61, fracción XX, y XII, y 113 de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Esto es así, porque el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Expuesto lo anterior debe decirse que el quejoso debió promover el medio ordinario de defensa correspondiente ante el Juez de Control que ordenó el aseguramiento del bien inmueble que defiende en esta instancia, previo a la interposición del juicio constitucional, ello a fin de cumplir con el principio de definitividad. Efectivamente el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El artículo reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que, conforme a las leyes que lo rijan, proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, ello sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ni plazo mayor para su otorgamiento. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija; máxime que, se insiste, dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo. Atento a lo anterior, a fin de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, no se advierte que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo que amerite el conocimiento inmediato del acto reclamado, a través del juicio de amparo indirecto, como pueden ser: a) cuando conforme a la ley que rija el acto reclamado, se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, para suspender su ejecución; b) cuando en la vía de amparo se combata la falta total de fundamentación del acto reclamado; c) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o; d) cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable establezca su existencia. Ya que la negativa a ordenar o determinar el levantamiento de la medida preventiva del citado bien inmueble, es una facultad reservada al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, pues así lo establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en sus artículos 250, 258.1, 260.3, 261 y 263, cuyo texto dicen: "Artículo 250. Las solicitudes de devolución de objetos asegurados se tramitarán ante el juez de control. La resolución se limitará a declarar el derecho de quien la solicita, pero no se efectuará ésta, sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el juez considere innecesaria su conservación, después de escuchar a las partes. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se extenderá al objeto material del hecho delictuoso, el cual se entregará al dueño en cualquier estado del procedimiento, una vez comprobado su dominio por cualquier medio y establecido su valor. En todo caso, se dejará constancia en fotografía u otros medios de los objetos devueltos. Artículo 258.1. El ministerio público ordenará el aseguramiento de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del hecho delictuoso, así como de aquéllos que puedan ser útiles para garantizar la reparación del daño. En la práctica del aseguramiento, el ministerio público proveerá las medidas conducentes e inmediatas para evitar que se destruyan, alteren o desaparezcan. En caso de que los bienes asegurados pueden servir como medios de prueba, se observarán las reglas para su resguardo y en materia de cadena de custodia. Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, el ministerio público ordenará de inmediato, de oficio, el aseguramiento de bienes suficientes para garantizar la reparación del daño. Artículo 260.3. En caso de que se presente el interesado y acredite tener derechos sobre los bienes, el ministerio público podrá ordenar el levantamiento del aseguramiento y la devolución de éstos, si ello resulta procedente, o bien, mantendrá el aseguramiento para los efectos legales a que haya lugar. Artículo 261. Las autoridades deberán devolver a la persona legitimada, los bienes incautados que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizadas las diligencias para las cuales se obtuvieron. Artículo 263. Las partes podrán objetar ante el juez de control, las medidas que adopten la policía o el ministerio público, sobre las facultades a que se refiere esta sección. El juez resolverá en definitiva lo que corresponda." De lo anteriormente transcrito se advierte que las partes podrán objetar ante el juez de control, las medidas que adopten la policía o el ministerio público, mediante solicitud de devolución de objetos asegurados ante el Juez de Control y la resolución se limitará a declarar el derecho de quien la solicita, pero no se efectuará ésta, sino hasta después de concluido el procedimiento, a menos que el juez considere innecesaria su conservación, después de escuchar a las partes. Tiene aplicación lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 44/2012 (10a.), localizable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, de julio de dos mil doce, página setecientos veintinueve, que aplica por identidad y que a la letra establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Lo cual es así, ya que conforme a la tesis trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el impetrante de amparo señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que, como ya se precisó, aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. En esta tesitura, debe concluirse que la sola circunstancia de que los actos aquí reclamados sean actos cuya ejecución sea considerada de imposible reparación, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, máxime que como se indicó, en el particular existe jurisprudencia que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En consecuencia, al haberse configurado la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda de amparo promovida por ******************** por propio derecho, contra actos del Fiscal General del estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    II. Notificación personal

  4. Principal

    II.- EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE NUEVE DE LOS CURSANTES, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA LIDIA HERNANDEZ ENCISO, LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE LOS CURSANTES MISMO QUE DICE: II Por recibidos los primeros dos oficios de cuenta, suscritos por el Delegado del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado , a través de los cuales da cumplimiento al proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete y remite copia simple del oficio 600.602.1/JDCI/MFDA/767643/2017, donde requirió al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Delegación Estatal del Estado de México dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se toma conocimiento de la información proporcionada. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el tercer oficio de cuenta, a través del cual la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Delegación Estatal del Estado de México, da cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa con los oficios de referencia, por el plazo de tres días, contados legalmente, a fin de que manifieste lo conducente a sus intereses en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias de autos. Al caso es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 247 publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, Materia Común del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."

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