Rafiev Rustam Khasanovich
Expediente 546/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 546/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rafiev Rustam Khasanovich
- Rakhamatov Jakhongir Mardonovich
- Rafiev Rustam Khasanovich y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 6975/2023, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual remite el oficio INM/ORBC/JDAJ/1211/2023 signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en el cual informa que ha sido decretada la suspensión de plano del acto reclamado, otorgada a los quejosos ******************** Ahora bien, lo anterior se agrega a los autos sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez, que mediante proveído de veintidós de marzo del presente año, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, acepto la competencia planteada en el presente asunto y se ordenó el archivo definitivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede. Conste. Reynosa, Tamaulipas, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe. amsg
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.****************************************Visto lo de cuenta téngase por recibido el oficio 6531/2023, derivado del exhorto 103/2023-VI, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, formado con motivo del diverso exhorto 93/2023 con número de orden 111/2023 derivado del presente juicio Amparo 546/2023-6M, mismo que devuelve debidamente diligenciado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro cuatro de juzgado correspondiente al registro de comunicaciones oficiales enviadas y dése de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Ahora bien, de las constancias que remite el juzgado anteriormente mencionado, se advierte que en diligencia actuarial de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, los quejosos********************SI ratificaron la demanda promovida en su favor, además asientan que si gozan de buena salud, así como no han sido maltratados y no cuentan con lesiones visibles.****************************************En razón a lo anterior, se estima innecesario proveer sobre la admisión de la demanda, toda vez, que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para seguir conociendo del presente asunto.****************************************En relación con lo anterior, es oportuno abordar el tema de la competencia, para cuyo efecto se toma en cuenta lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: ****************************************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ****************************************Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda.****************************************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."****************************************Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente:****************************************a). En el primer párrafo del señalado numeral, se establece la regla que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, acorde con su naturaleza jurídica, requieren de ejecución por parte de una autoridad.****************************************b). La segunda regla normativa que se contiene en el aquí comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, constituye un matiz de la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda.****************************************c). En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo.****************************************Ahora bien en el caso concreto, queda claro que la orden reclamada por el peticionario del amparo tiene ejecución en el municipio de Tijuana, en el Estado de Baja California, pues allá es en donde las partes quejosas se encuentran, y en esa localidad también se señaló como responsable al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con residencia en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, y otras autoridades de la misma ciudad, lo que hace evidente que es dónde se ejecuta el acto que se combate.****************************************Por tanto, la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en Turno, por ser quien ejerce jurisdicción al ser donde se ejecuta el acto que se combate, hecho que se corrobora con la diligencia practicada por el actuario judicial adscrito al órgano exhortado, en la cual asentó haberlo encontrado en la estación migratoria de la ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, dónde lo encontró y el mismo ratificó en el acto.****************************************Es aplicable la jurisprudencia con número de registro 200781, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, página 107, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:****************************************"COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades************************************************************En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se ordena remitir el presente expediente por mensajería acelerada "estafeta" a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que sea turnado a quien corresponde, a fin de que esté en aptitud de pronunciarse respecto de la competencia planteada.****************************************Asimismo, de la manera más atenta se solicita al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en Turno, se sirva acusar el recibo correspondiente e informar dentro del término legal para ello si acepta o no la determinación adoptada.****************************************Para evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. ****************************************Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto.****************************************Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la diligencia actuarial que antecede, se advierte que al fedatario judicial no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en virtud de que a su arribo a las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, quien lo atendió le informó que no se cuenta con registros en esa dependencia de que este bajo resguardo en la misma los quejosos Rafiev Rustam Khasanovich, Rakhamatov Jakhongir Mardonovich, Ibrohim Shahriyor Jurabekovich e Ibragimov Shakhzod Ikromovich; Sin embargo, este órgano judicial se reserva de proveer lo que en derecho corresponda toda vez que, por auto de veintitrés de febrero del año en curso, se giró exhorto 93/2023, con número de orden 111/2023, a fin de notificar la suspensión de plano emitida por este Juez de Distrito, sin que a la fecha se haya devuelto debidamente diligenciado. En consecuencia, estese a la espera de la devolución del citado exhorto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho legal corresponda.
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