Rafel Díaz Rodríguez

Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
709/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Rafel Díaz Rodríguez
  • Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" con sede en Michoacán del Servicio de Administración Tributaria

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se recibe testimonio. Agréguese a los autos el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un tomo de pruebas derivado de juicio en que se actúa 709/2023, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada el diez de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la queja administrativa 172/2023, de la que se advierte en sus puntos resolutivos, lo siguiente: "ÚNICO. Se infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de cuenta y acúsese el recibo correspondiente. Agréguense únicamente los originales que obraren dentro de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, en virtud de que no resulta necesario glosar la totalidad de las constancias, dado que son copias integras del expediente original. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del año en curso ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 20 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 2.4. Devolución documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Se tramita queja contra auto que desechó la demanda. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por el quejoso Rafael Díaz Rodríguez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el tomo de pruebas formado con las documentales que exhibió la parte quejosa, con su demanda de amparo, así como el escrito original de expresión de agravios y una copia de éste para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando copias certificadas de las constancias que integran el presente cuaderno para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ********************. 2. Se desecha demanda. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, al examinar integralmente la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de ordenar y constatar la efectiva cancelación de los créditos fiscales identificados como -********************, de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, donde se ordena mandamiento de ejecución por la cantidad de $********************, así como su embargo respectivo; -********************, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, donde se ordena mandamiento de ejecución por la cantidad de $********************, así como su embargo respectivo; ********************, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, donde se ordena mandamiento de ejecución por la cantidad de $********************, así como su embargo respectivo; así como la cancelación de los referidos créditos fiscales. La omisión de la devolución del bien embargado consistente en un vehículo marca ********************, modelo ********************, línea ********************, color ********************, con placa de circulación ********************. La desmovilización de las cuentas bancarias con números: -******************** aperturada en la ********************; y, -******************** y ******************** aperturadas en la ********************. Respecto de dichos actos reclamados, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 58, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que a través de esa vía puede subsanarse las omisiones que constituyen los actos reclamados. Del mencionado artículo 61 se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional sólo debe realizarse cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Como se vio, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión en la cancelación de los créditos fiscales identificados como ********************, ******************** y ********************; así como la omisión de la devolución de un vehículo embargado y desmovilización de cuentas bancarias. De los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad se advierte que en el desempeño de su cargo como Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud en el Estado de Michoacán, por el periodo del 2012 a 2015, la Auditoría Superior de la Federación inició los procedimientos administrativos ********************y ********************, en los que se emitieron resoluciones y pliegos definitivos de responsabilidades, por diversas cantidades. Para la exigibilidad de los créditos fiscales se emitieron los mandamientos de ejecución ********************, de dieciséis de julio de dos mil diecinueve; ********************, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho; y ********************, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Derivado de los actos de ejecución se trabó el embargo del vehículo y cuentas bancarias antes descritas. Asimismo refirió que en contra de dichas resoluciones promovió juicios administrativos ante la quejosa ante la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con números de expedientes ********************, ******************** y ********************, en los cuales se dictaron sentencias definitivas, de veintidós de abril de dos mil veintiuno, veintidós de enero de dos mil diecinueve y tres de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, en las que se declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones reclamadas, mismas que se declaró su firmeza. Por lo que al haber obtenido sentencias favorables, con fecha trece de enero de dos mil veintidós, por medio del buzón tributario solicitó a la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, la cancelación de los créditos fiscales y del embargo, así como la devolución de bienes muebles. La responsable emitió respuesta de veintinueve de abril de dos mil veintidós, informando que esa unidad administrativa no ha sido legalmente notificada de la resolución de la Sala, por el cual se encuentra validando ante la citada autoridad la información, y en cuanto se tenga respuesta procedería a afectar los sistemas correspondientes. Sin embargo, indica, la responsable no ha validado la información y documentación que anexó a su solicitud, por lo que no ha procedido a la cancelación de los créditos fiscales, y por consecuencia a la devolución del bien mueble y cuentas bancarias embargadas. Así, conforme a los antecedentes expuestos se obtiene que el reclamo formulado por la quejosa deviene del incumplimiento a las sentencias emitidas en los expedientes ********************, ******************** y ********************, del control de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en que se declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones que motivaron los créditos fiscales ejecutados mediante embargo trabado sobre el vehículo y cuentas bancarias antes descritas. Ahora, el procedimiento administrativo que culminó con la nulidad de las resoluciones impugnadas, se rige conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho cuerpo normativo; en el capítulo Noveno, titulado "CAPÍTULO IX. Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", en sus artículos 57 y 58, establece los lineamientos para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El citado artículo 58, fracción II, dispone: " ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal." Dicho numeral establece además el procedimiento para el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además establece el trámite de la queja, y faculta a la imposición de multas a la autoridad obligada a su cumplimiento. En esa temática, si el quejoso reclamó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, omisiones derivadas de la nulidad de las resoluciones impugnadas ante la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resulta inconcuso que previo a la promoción del juicio constitucional debió agotar el procedimiento previsto en la citada legislación para que la autoridad aquí responsable diera cumplimiento a las declaratorias de nulidad de los créditos fiscales. Por lo que al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca a lo anterior la tesis del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE QUEJA POR DEFECTO, SIN QUE SEA NECESARIO UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, QUE CALIFIQUE SI SE CUMPLIERON O NO LOS EXTREMOS ORDENADOS EN ESOS FALLOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho dado que, frente al reclamo en amparo de la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia de nulidad y a la resolución emitida en la queja por defecto interpuesta por la parte actora en el juicio contencioso administrativo federal, uno de ellos sostuvo que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución que puede combatirse a través del juicio constitucional, por lo que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; en tanto que los otros tribunales establecieron que la interposición del recurso de queja por defecto en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 1, de la Ley Federal de Procedimiento, que antecede al acto reclamado, constituye la última actuación que tuvo a su alcance la parte quejosa para lograr el eficaz cumplimiento de la determinación jurisdiccional firme. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es la vía procedente para reclamar el acto administrativo que pretenda dar cumplimiento a una sentencia de nulidad y a la resolución de queja por defecto, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las omisiones de la autoridad de cumplir una ejecutoria de un juicio de nulidad, son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, una vez que se haya agotado el recurso legal que prevea la ley del acto, sin que sea necesario que exista un pronunciamiento específico sobre el cumplimiento o no de la sentencia, ya que lo relevante es que se cumpla con la misma lo más pronto posible. En ese tenor, por analogía o identidad de razón, tanto la omisión de cumplir la sentencia de nulidad e instancia de queja, como su acatamiento defectuoso, se traduce en una vulneración al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo, surge un derecho subjetivo para el actor y la obligación correlativa para la autoridad demandada de acatarla. Entonces, si a pesar de haberse agotado el medio de defensa previsto por la ley que rige el acto -queja por defecto-, para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad firme, a juicio de la parte actora en el juicio contencioso, no se acata en sus términos a través de una resolución administrativa, es claro que puede acudir al juicio de amparo indirecto." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. 3. Tomo de pruebas. Con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda, fórmense un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, circunstancia que no sucede con ********************, por lo que estará autorizada en términos estrictos de dicho numeral, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA OCHO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ********************. 2. Se desecha demanda. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, al examinar integralmente la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de ordenar y constatar la efectiva cancelación de los créditos fiscales identificados como -********************, de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, donde se ordena mandamiento de ejecución por la cantidad de $********************, así como su embargo respectivo; -********************, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, donde se ordena mandamiento de ejecución por la cantidad de $********************, así como su embargo respectivo; ********************, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, donde se ordena mandamiento de ejecución por la cantidad de $********************, así como su embargo respectivo; así como la cancelación de los referidos créditos fiscales. La omisión de la devolución del bien embargado consistente en un vehículo marca ********************, modelo ********************, línea ********************, color ********************, con placa de circulación ********************. La desmovilización de las cuentas bancarias con números: -******************** aperturada en la ********************; y, -******************** y ******************** aperturadas en la ********************. Respecto de dichos actos reclamados, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 58, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que a través de esa vía puede subsanarse las omisiones que constituyen los actos reclamados. Del mencionado artículo 61 se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional sólo debe realizarse cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Como se vio, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión en la cancelación de los créditos fiscales identificados como ********************, ******************** y ********************; así como la omisión de la devolución de un vehículo embargado y desmovilización de cuentas bancarias. De los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad se advierte que en el desempeño de su cargo como Secretario de Salud y Director de los Servicios de Salud en el Estado de Michoacán, por el periodo del 2012 a 2015, la Auditoría Superior de la Federación inició los procedimientos administrativos ********************y ********************, en los que se emitieron resoluciones y pliegos definitivos de responsabilidades, por diversas cantidades. Para la exigibilidad de los créditos fiscales se emitieron los mandamientos de ejecución ********************, de dieciséis de julio de dos mil diecinueve; ********************, de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho; y ********************, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Derivado de los actos de ejecución se trabó el embargo del vehículo y cuentas bancarias antes descritas. Asimismo refirió que en contra de dichas resoluciones promovió juicios administrativos ante la quejosa ante la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con números de expedientes ********************, ******************** y ********************, en los cuales se dictaron sentencias definitivas, de veintidós de abril de dos mil veintiuno, veintidós de enero de dos mil diecinueve y tres de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, en las que se declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones reclamadas, mismas que se declaró su firmeza. Por lo que al haber obtenido sentencias favorables, con fecha trece de enero de dos mil veintidós, por medio del buzón tributario solicitó a la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, la cancelación de los créditos fiscales y del embargo, así como la devolución de bienes muebles. La responsable emitió respuesta de veintinueve de abril de dos mil veintidós, informando que esa unidad administrativa no ha sido legalmente notificada de la resolución de la Sala, por el cual se encuentra validando ante la citada autoridad la información, y en cuanto se tenga respuesta procedería a afectar los sistemas correspondientes. Sin embargo, indica, la responsable no ha validado la información y documentación que anexó a su solicitud, por lo que no ha procedido a la cancelación de los créditos fiscales, y por consecuencia a la devolución del bien mueble y cuentas bancarias embargadas. Así, conforme a los antecedentes expuestos se obtiene que el reclamo formulado por la quejosa deviene del incumplimiento a las sentencias emitidas en los expedientes ********************, ******************** y ********************, del control de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en que se declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones que motivaron los créditos fiscales ejecutados mediante embargo trabado sobre el vehículo y cuentas bancarias antes descritas. Ahora, el procedimiento administrativo que culminó con la nulidad de las resoluciones impugnadas, se rige conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho cuerpo normativo; en el capítulo Noveno, titulado "CAPÍTULO IX. Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", en sus artículos 57 y 58, establece los lineamientos para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El citado artículo 58, fracción II, dispone: " ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal." Dicho numeral establece además el procedimiento para el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además establece el trámite de la queja, y faculta a la imposición de multas a la autoridad obligada a su cumplimiento. En esa temática, si el quejoso reclamó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, omisiones derivadas de la nulidad de las resoluciones impugnadas ante la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resulta inconcuso que previo a la promoción del juicio constitucional debió agotar el procedimiento previsto en la citada legislación para que la autoridad aquí responsable diera cumplimiento a las declaratorias de nulidad de los créditos fiscales. Por lo que al no hacerlo así, incumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca a lo anterior la tesis del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DE NULIDAD Y LA RESOLUCIÓN DE QUEJA POR DEFECTO, SIN QUE SEA NECESARIO UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, QUE CALIFIQUE SI SE CUMPLIERON O NO LOS EXTREMOS ORDENADOS EN ESOS FALLOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho dado que, frente al reclamo en amparo de la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia de nulidad y a la resolución emitida en la queja por defecto interpuesta por la parte actora en el juicio contencioso administrativo federal, uno de ellos sostuvo que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución que puede combatirse a través del juicio constitucional, por lo que se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo; en tanto que los otros tribunales establecieron que la interposición del recurso de queja por defecto en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 1, de la Ley Federal de Procedimiento, que antecede al acto reclamado, constituye la última actuación que tuvo a su alcance la parte quejosa para lograr el eficaz cumplimiento de la determinación jurisdiccional firme. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es la vía procedente para reclamar el acto administrativo que pretenda dar cumplimiento a una sentencia de nulidad y a la resolución de queja por defecto, dictadas en el juicio contencioso administrativo federal. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las omisiones de la autoridad de cumplir una ejecutoria de un juicio de nulidad, son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, una vez que se haya agotado el recurso legal que prevea la ley del acto, sin que sea necesario que exista un pronunciamiento específico sobre el cumplimiento o no de la sentencia, ya que lo relevante es que se cumpla con la misma lo más pronto posible. En ese tenor, por analogía o identidad de razón, tanto la omisión de cumplir la sentencia de nulidad e instancia de queja, como su acatamiento defectuoso, se traduce en una vulneración al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo, surge un derecho subjetivo para el actor y la obligación correlativa para la autoridad demandada de acatarla. Entonces, si a pesar de haberse agotado el medio de defensa previsto por la ley que rige el acto -queja por defecto-, para lograr el cumplimiento de la sentencia de nulidad firme, a juicio de la parte actora en el juicio contencioso, no se acata en sus términos a través de una resolución administrativa, es claro que puede acudir al juicio de amparo indirecto." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. 3. Tomo de pruebas. Con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda, fórmense un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. 4. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona; en el entendido de que ********************gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, circunstancia que no sucede con ********************, por lo que estará autorizada en términos estrictos de dicho numeral, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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