Rafaela Vieyra González

Expediente 343/2013 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
343/2013
Año
2013
Actuaciones
10
Última actuación
22/06/2018

Partes del expediente

  • Rafaela Vieyra González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    IV-Vista la materia de cuenta, se acuerda lo siguiente: Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa, haya hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de garantías. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. En términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca ante este juzgado, con identificación fehaciente, en día y hora hábiles de labores, a efecto de recoger los documentos originales que exhibió durante el trámite del presente juicio. En el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    IV.-De la cuenta secretarial se advierte que, en proveído de esta fecha, dictado en el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se tuvo por consentido el acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, que declaró cumplida la sentencia ejecutoriada, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, tercer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de este proveído, lo que significa que únicamente se conservarán el acuerdo y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    IV-Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que mediante oficio de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 6365, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, con residencia en Morelia, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto, remitió copias autorizadas de las constancias correspondientes (fojas 953 y 954). En proveído de veintitrés de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el comunicado de referencia, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad requerida, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, este juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se establece lo siguiente: Mediante sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, el dieciocho de julio de dos mil catorce, se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa (fojas 367 a 391). En acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce, se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la citada resolución dictada en el presente juicio de garantías (fojas 402 y 403). Mediante ejecutoria pronunciada el ocho de enero de dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia Federal ampara y protege a Rafaela Vieyra González, contra los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, que precisados quedaron en el primer resultando de este fallo; el amparo se concede para los efectos que se puntualizan en el octavo de los considerandos" (fojas 429 a 464). Además, en el referido considerando octavo de dicha resolución, el Tribunal de Alzada, determinó lo que en seguida se precisa: "OCTAVO. La protección constitucional se concede para los efectos siguientes. Para que a la quejosa no le sean aplicados en el presente ni en el futuro, los descuentos a sus pensiones, con base en las disposiciones del artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, o el precepto 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A efecto de restituir a la quejosa en el goce completo de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán devolver las sumas que con fundamento en dichos preceptos le hayan sido descontados". Por tanto, en proveído de veintisiete de enero de dos mil quince, se requirió de las autoridades responsables, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos previstos por la Superioridad (fojas 465 y 466). Dado el cumplimiento de las autoridades responsables al fallo protector, en auto de catorce de septiembre de dos mil quince, este Juzgado de Distrito, determinó que la ejecutoria de amparo se encontraba cumplida, toda vez que las autoridades responsables efectuaron lo siguiente: El Jefe del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó que no se le han aplicado a la peticionaria de garantías Rafaela Vieyra González, los descuentos a sus pensiones, con base en las disposiciones del artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, o el precepto 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (foja 477). Por su parte, el Encargado de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, mediante oficio 2.11.15.7/1129, de veintiocho de mayo de dos mil quince, remitió copia certificada del cheque 0001845, de trece de abril de dos mil quince, de cuyo contenido se advierte que devolvió a la quejosa Rafaela Vieyra González, la cantidad de $321,786.00 (trescientos veintiún mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago por pensión por concubinato (foja 690). Inconforme con dicha determinación, la peticionaria de la tutela federal, mediante escrito registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 10660, interpuso recurso de inconformidad, respecto del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, quien en resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, determinó: "PRIMERO. Es fundado el recurso de inconformidad. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido". Lo anterior, para los siguientes efectos: ". proceda a requerir de forma inmediata al Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de México y al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Estado de Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que de conformidad con el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá la multa mínima que establece el diverso numeral 258 del ordenamiento legal en consulta -equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada- además de que se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, atento a lo que prevé la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" (fojas 754 a 766). Consecuentemente, en acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a las autoridades responsables Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, así como al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Estado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Morelia, Michoacán, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los términos previstos por la Superioridad (fojas 767 y 768). Posteriormente, en auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, tomando en consideración lo manifestado por dichas autoridades responsables, en el sentido de que la cantidad que devolvieron a la quejosa Rafaela Vieyra González, la cual asciende a $321,786.00 (trescientos veintiún mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), es la que le corresponde con motivo de la aplicación de los numerales que tilda de inconstitucionales en el presente juicio de garantías, así como la inconformidad de la peticionaria de garantías, quien refirió que la cantidad correcta a devolver asciende a $673,968.90 (seiscientos setenta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos 90/100 moneda nacional), no así la que le fue devuelta, se solicitó al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en Morelia, Michoacán, designará un experto en materia de contabilidad (fojas 829 a 832), para dilucidar dicha situación. Así, en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (foja 837), se tuvo al citado Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, residente en Morelia, Michoacán, designando a Rosaura Fuentes Aguilera, perito en materia de contabilidad, quien en su dictamen de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 997, concluyó lo siguiente: "CONCLUSIÓN. ÚNICA. La cantidad total de los descuentos aplicados por los conceptos 48 y/o 54 a la pensión número 422470 a nombre de Rafaela Vieyra González, según documentación que obra en el expediente, asciende a la cantidad de $664.750.20 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)" (fojas 857 a 867). En consecuencia, en acuerdo de siete de febrero de dos mil diecisiete, al haber ratificado su dictamen pericial dicha experta, se dio vista a las autoridades responsables con su contenido y se les requirió el cumplimiento al fallo protector, tomando como punto de partida la cantidad exacta a devolver a la peticionaria de garantías Rafaela Vieyra González, con motivo de la aplicación de los numerales que tilda de inconstitucionales en el juicio de amparo en que se actúa (fojas 878 y 879). Posteriormente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la resolución emitida en el recurso de inconformidad por la Superioridad, mediante oficio de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, registrado en el libro de correspondencia bajo el número de orden 6365, el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, con sede en Morelia, informó sobre su cumplimiento y al efecto, remitió la constancia con la que pretende acreditar dicha circunstancia (fojas 953 y 954). Así, una vez analizado el comunicado y documento en cuestión, el cual tiene pleno valor probatorio de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, se desprende que la citada autoridad responsable, en relación con los efectos del fallo constitucional, efectuó lo siguiente: El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, entregó a la peticionaria de la tutela federal Rafaela Vieyra González, el cheque número 0004849, valioso por la cantidad de $342,964.20 (trescientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional), con motivo de la aplicación de los numerales que tilda de inconstitucionales en el juicio de amparo en que se actúa (foja 954). Cantidad que corresponde a la diferencia económica que existe entre la determinada por la perito oficial Rosaura Fuentes Aguilera ($664,750.20 seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 20/100 moneda nacional) y la devuelta con anterioridad, mediante el cheque 0001845, de trece de abril de dos mil quince, valioso por la cantidad de $321,786.00 (trescientos veintiún mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Consecuentemente, a consideración de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO SE ENCUENTRA CUMPLIDA, sin excesos ni defectos, en razón de que las autoridades responsables, efectuaron lo siguiente: Informaron que no se le han aplicado a la peticionaria de garantías Rafaela Vieyra González, los descuentos a sus pensiones, con base en las disposiciones del artículo 51, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, o el precepto 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que constituye el acto reclamado. Como consecuencia de lo anterior, devolvieron a la quejosa mediante el cheque 0001845, de trece de abril de dos mil quince, la cantidad de $321,786.00 (trescientos veintiuno mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional) y posteriormente, el diverso documento mercantil número 0004849, de doce de abril de dos mil dieciocho, valioso por $342,964.20 (trescientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional), cantidades que suman el equivalente a $664,750.20 (seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos 20/100 moneda nacional), la cual corresponde a la determinada por la perito oficial Rosaura Fuentes Aguilera. Circunstancia por la que se dejó de afectar en su esfera jurídica. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    IV-Agréguese a los autos, sin mayor acuerdo substancial, el oficio con anexos de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, con residencia en Morelia, por medio del cual, informa que en el diverso comunicado 2.11.15.7/1402 de dieciocho de abril del año en curso, informó respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo diversas documentales con las que pretende acreditar dicha circunstancia. Lo anterior, toda vez que en proveído de veintitrés de abril del presente año, se acordó lo conducente, al haberse recibido el citado oficio 2.11.15.7/1402 con sus anexos (fojas 953 a 956). NOTIFÍQUESE.

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