Rafaela Verde Gudiño

Expediente 1032/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1032/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Rafaela Verde Gudiño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de veintiuno de mayo del presente se declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin embargo no se ordenó el archivo del expediente. II. Archivo del expediente. Atento al párrafo anterior, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XVIII del artículo 3, del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. I. Cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. b) El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, los efectos del fallo protector se hicieron consistir en: "(.) a) Deje insubsistente el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, mediante el cual determinó improcedente otorgar la jubilación a la quejosa ......................... b) Emitir nueva determinación en la que aplique el Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Querétaro, que en su cláusula 28, establece que a los trabajadores que independientemente de su edad, hayan cumplido veintiocho años de servicio, se les concederá la jubilación, y determine si con base en dicho convenio, cumple con los requisitos para la jubilación solicitada." Así, por oficios agregados en autos, las autoridades responsables y la vinculada al cumplimiento, para acreditar el acatamiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, realizaron lo siguiente: Por su parte el Pleno y la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ambos de la Legislatura del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas facultades, dejaron insubsistente el Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro, rechazó la solicitud de jubilación a favor de ....................... emitido el treinta de octubre de dos mil veinte; y, en su lugar se emitió otra determinación, en la que se aplicó el Convenio General de Trabajo celebrado entre el Municipio de Querétaro y el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Querétaro, en específico su cláusula 28, y se determinó que con base en dicho convenio, la justiciable sí cumple con los requisitos para la jubilación solicitada, por lo que se aprobó el proyecto de dictamen en el que se concedió la jubilación a favor de ....................... El Gobernador del Estado de Querétaro, allegó un ejemplar original de la publicación del dictamen legislativo al que se ha hecho alusión en el Periódico Oficial del Estado "La Sombra de Arteaga". Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron los postulados del fallo protector. Además, también se advierte de la certificación de cuenta, que la parte quejosa en el término concedido para tal efecto, no realizó manifestación alguna respecto de lo actuado por las autoridades vinculadas en etapa de ejecución, lo que relacionado con lo realizado por las autoridades, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, permite arribar a la conclusión de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de mayo de dos mil veintiuno. I. Vista Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico y Consultivo de la Secretaria de Gobierno en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa, con las constancias de cuenta, así como con todas las diversas misivas remitidas por las autoridades responsables agregadas en la etapa de ejecución de este juicio, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga; bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así se procederá a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de abril de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio SSP/2162/21/LIX signado por la Coordinadora de Asesores Jurídicos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se aprobó el proyecto de dictamen de la solicitud de jubilación de .....y lo remitió al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, a efecto de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, anexando las documentales que corroboran su dicho. Vincula Gobernador. En esa virtud, en aras de la pronta impartición de justicia y tomando en consideración que todas las autoridades están obligadas a realizar dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; por tanto, se requiere para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe a ese Juzgado Federal lo relacionado a la publicación del dictamen antes precisado. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, tendiente a cumplir con la sentencia dictada en autos, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, lo que en su caso, deberá acreditar fehacientemente. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa recibes; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 57/2007, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica" Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a. XXI/2019 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1343, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva consagra los siguientes principios: 1) de justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita. Ahora, si el citado derecho está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. En ese contexto, es factible concluir que dentro del principio de justicia completa, se puede incardinar el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente." Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que, conforme a lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

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