Rafaela Sen de los Santos
Expediente 1844/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1844/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rafaela Sen de los Santos
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda: El presente expediente será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años, una vez cumplido dicho término, será transferido al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente será susceptible de destrucción, transcurridos más de cinco años a partir de este acuerdo. El presente asunto no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, con sede en esa población y anexos que acompaña, por el cual remite sin diligenciar el despacho 195/2019, orden 419, de nuestro índice, del que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la quejosa Rafaela Sen de los Santos, el contenido del proveído de dos de julio último; atento a ello, dese de baja en el libro respectivo; y háganse las anotaciones pertinentes. Por otra parte, ya que no fue posible notificar al aparte quejosa, por los motivos asentados en la razón elaborada por el funcionario encomendado para tal efecto, se ordena que la notificación del auto de dos de julio último, y las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se practique por medio de lista que se publica en este tribunal, lo que encuentra sustento en la fracción III inciso a), del numeral 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfredo Arévalo Treviño, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de julio de dos mil diecinueve. SE ACEPTA COMPETENCIA Visto el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Rafaela Sen de los Santos, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Acúsese recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia y este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; consecuentemente, se ordena formar expediente correspondiente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 1844/2019-VII-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, analizada en su integridad la demanda, previo a cualquier otra cuestión, se procede a examinar la procedencia de la misma conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. A su vez, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica lo que debe entenderse por "motivo manifiesto e indudable", la tesis que a la letra dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En razón de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, tal y como lo determina el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo; lo procedente es examinar si en el caso se actualiza un motivo de improcedencia. Para sustentar lo anterior, es necesario citar los siguientes numerales: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, éste se refiere a las características que debe tener un ente para ser considerado autoridad responsable como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación). La relación jurídica de supra a subordinación debe tener como características: unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Establecido lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo únicamente es procedente respecto de actos de autoridad que violen los derechos humanos de los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que, con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. El anterior criterio se encuentra previsto en la siguiente tesis: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se consideró en la siguiente jurisprudencia: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, y del estudio de la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: a) El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, en el domicilio conocido sin número, código postal 30580, en el municipio de Acapetahua, Chiapas [donde refiere que habita y que tiene su posesión]. b) Así como la negativa verbal de subministra y/o contratar nuevamente dicho servicio en el referido domicilio. Actos que atribuye a la Comisión Federal de Electricidad. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio reciente en el que estableció que en las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, consideró la Segunda Sala, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Precisó que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino que sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros; sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No pasa inadvertido que la Segunda Sala señaló que podían suscitarse ciertos supuestos en los cuales sí se consideraría a la Comisión Federal de Electricidad como autoridad en el juicio constitucional, y que esa cuestión debía ser analizada por el Juzgador Federal. De manera ejemplificativa, precisó los siguientes: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. La jurisprudencia aludida es del siguiente tenor: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Relatado lo anterior, y del análisis del libelo constitucional se advierte que acorde a sus propios planteamientos la quejosa no se encuentra en ninguna de las hipótesis referidas o en alguna otra que guarde cierta similitud. Es así, porque la impetrante refiere que acudieron a su domicilio empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste, con la intención de retirar el medidor tradicional, para cambiarlo por un digital/electrónico. De donde se sigue que la afectación que precisa la amparista deriva de una situación común y en el entorno de que el servicio se preste, bajo el sistema de libre competencia; de ahí que no guarda una relación de coordinación de supra a subordinación. En consecuencia, es innegable que el ejercicio de la potestad impugnada no constituye un acto de autoridad para efectos el juicio de amparo, porque la responsable no actúa con las características previstas en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, respecto de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, pues no le asiste el carácter de autoridad responsable, dada la naturaleza del acto. Por último, es importante hacer mención al siguiente criterio que avala la posibilidad de realizar ahora este análisis, el cual es del tenor siguiente: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.), DE RUBRO: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", NO RESULTA EXACTAMENTE APLICABLE, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ESTÁ RELACIONADO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. De conformidad con la aclaración al rubro de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, no se definió, de manera generalizada, que en el auto inicial que recae a la presentación de una demanda, los jueces de Distrito estén impedidos para determinar si un acto proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente, que dicho supuesto se da cuando el acto reclamado consiste en el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". En ese orden de ideas, cuando el acto reclamado está relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuestión diversa a la reestructuración de las tarifas para el suministro y la venta de la energía referida, la aplicación de la jurisprudencia dependerá del carácter manifiesto e indudable de ese carácter, lo cual, en el caso concreto, no se actualiza, toda vez que actualmente no existe jurisprudencia de carácter obligatorio que defina si la Comisión Federal de Electricidad al actuar en la prestación del servicio de referencia tiene o no dicho carácter, por lo que su determinación es propia de la sentencia de fondo, toda vez que para ello se requiere de un análisis profundo realizado por el Juez de Distrito, tomando en cuenta la reforma constitucional y legal en materia energética. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene al demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS En otro orden de ideas, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Además, se autoriza expedir en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido que de encontrarse algún motivo por el que deba negarse total o parcialmente la solicitud, el compareciente podrá presentarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en vigor, así como 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Acapetahua, Chiapas, para que a través del Actuario de su adscripción notifique el contenido íntegro del presente proveído a Rafaela Sen delos Santos, en el domicilio conocido sin número, código postal 30580, en Acapetahua, Chiapas. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad; apercibiéndola que de no hacerlo dentro del plazo que para tal efecto se concede, las demás notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del referido Juez que deberá remitir en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, las constancias relativas al cumplimiento del presente auto; apercibido que de no acatar lo anterior, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 238, en relación con los diversos 237 y 259 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA OBTENCIÓN Y USO DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como en los diversos artículos 3o., 5o. y 6o., del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; artículo 64, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, SE EXHORTA A LAS PARTES para que obtengan el certificado digital de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por conducto de alguna de las Unidades Certificadoras del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, cualquier certificado digital reconocido, como el certificado digital (FIEL) emitido por el Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de obtener los diferentes beneficios que representa presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Ello en el completo entendido que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica solicitud ni autorización alguna para recibir notificaciones electrónicas, pues para dicho efecto es menester que las partes lo soliciten expresamente, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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